En la mañana de hoy, representantes de la Asociación han mantenido un encuentro con el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, sobre los posibles términos de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que, recientemente, anuló la Oferta de Empleo Público para 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón, por no haber incluido las plazas vacantes ocupadas por interinos y vulnerar el derecho de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española.
El encuentro ha servido para mantener un intercambio de opiniones sobre el alcance de la sentencia. Por parte del responsable de la Dirección General de la Función Pública se ha señalado que los criterios de ejecución serán, al tratarse de una resolución judicial, los que señalen los servicios jurídicos de la Administración. Desde la Asociación le hemos expresado nuestra confianza en el criterio de los servicios jurídicos, si bien hay que evitar la tentación de reinterpretaciones a la baja del fallo del Tribunal.
El fallo judicial afecta a un derecho fundamental y, por ello, su aplicación por parte de la Administración autonómica ha de asegurar la realización del derecho lesionado, sin que pueda ser aprovechado para volver a la aplicación de criterios restrictivos desautorizados por el Tribunal, como son los de carácter económico o de tipo organizativo. A nadie se le oculta la complejidad que supone la realización de todos los procesos selectivos indebidamente excluidos de la Oferta ahora anulada, pero ello no es razón para su inejecución.
El número de plazas a incluir en la Oferta de 2007 que ha de aprobarse en ejecución de sentencia ha de fijarse con los datos y criterios de aquel año y no con los que rijan para la de 2011, si bien el número de plazas de ambas habrá de estar debidamente coordinado. La Oferta de 2007 anulada sólo afectaba a plazas de Administración General, por lo que en nada se interfiere con las plazas de personal docente o sanitario que deban incluirse en la Oferta de 2011, y sólo las plazas de Administración General previstas para 2011 habrán de tomar en consideración las comprometidas por la ejecución de la sentencia.
Lógicamente, la oferta habrá de contemplar las plazas afectadas a procesos de promoción interna y las reservadas a turnos para personas con discapacidad, en los términos que resulten más coherentes con el acceso de los ciudadanos a la función pública, lo que aconseja evitar turnos independientes, en favor de procesos que permitan incrementar con las plazas no cubiertas el turno libre respectivo.
Desde esta Asociación se ha querido insistir al Director General en que la sentencia ha venido a restablecer los límites que la ley impone a la potestad de autoorganización de la Administración, límites que se habían extendido de forma indebida a los puestos ocupados por interinos, más allá de la libre decisión que sólo cabe referir a las plazas vacantes no ocupadas.
La sentencia restablece el derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público –algo que favorece a todos aquellos interinos a los que se ha impedido año tras año concurrir a los procesos selectivos legalmente previstos y obtener la condición de funcionarios de carrera, pero también a todos los ciudadanos interesados que no tienen la condición de interinos-, de modo que son los ciudadanos los titulares de dicho derecho de acceso –sin exclusión de los interinos- y no los interinos, con exclusión de los demás ciudadanos, como ocurriría en el supuesto de un proceso de consolidación de empleo.
En suma, confiamos en que el Director General de la Función Pública, cuya iniciativa para propiciar este encuentro y el talante abierto y dialogante mantenido en el transcurso de la reunión deseamos agradecer expresamente en este blog, impulse las medidas necesarias para que la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo –con la aprobación de una nueva Oferta de 2007- pueda realizarse en paralelo a la aprobación de la Oferta correspondiente al presente año.
Aguardamos, por lo tanto, que el criterio técnico de los servicios jurídicos y el de oportunidad de los responsables de función pública, permitan hacer realidad después de años de excepción el derecho de acceso a la función pública autonómica.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
9 comentarios:
¿Más halagos a Sarría? ¿Hay garantías ciertas de que vaya a cumplir?
El Sr. Sarría ha comenzado con buen pie y buen ritmo a desatascar cosas que llevaban más de 5 años perdidas en elgún cajón. Por ejemplo, el viernes 18 de febrero, salió publicado el decreto por el que se aprueba el reglamento para la adaptación o cambio de puesto de trabajo por motivos de salud. Desde el VII Convenio Colectivo, que coincidió en el tiempo con los acuerdos Administración- Funcionarios, llevabamos algunos esperando este momento. Por fin se hizo la luz, porque ojo que ha llovido desde entonces...
Que siga así.
Eso es menester.
¿No hay que valorar el diálogo?
¿La capacidad de admitir la discrepancia?
EL DIRECTOR general de Organización, Inspección y Servicios, Antonio Brun, comparece hoy en las Cortes para informar del estado actual del plan de Administración electrónica. Los propósitos de ese documento son la mejora en la calidad de los servicios y el incremento de la eficacia en su gestión, el desarrollo de aspectos técnicos y organizativos y el uso de las TIC e internet, para prestar servicios públicos.
E. P.
Comentario:
Brun es tan inútil, que se cree que lo han ascendido. Ahora pretenderá dejar otro pufo como los que ha dejado en la Función Pública. Propuso la carrera horizontal y la promoción temporal, así como la ley de empleo publico de Aragón. Nada de eso ha salido. Y el tío se lo cree encima.
No se lo cree ni él.
Que así sea.
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