Apóstoles de la externalización, apóstatas del Estado de Derecho.
El Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, ha decidido declarar públicamente lo que ha sido en buena medida su acción de gobierno, a lo largo de estos años, en materia de función pública: congelación del empleo público –bloqueando la oferta de empleo público, es decir, el derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública-; creación ex novo de una estructura comarcal, en la que se evita la presencia de funcionarios; impulso de empresas públicas y contratación de trabajadores sin atender a criterios de igualdad, mérito y capacidad; suplantación de funcionarios por personal laboral de esas empresas –el caso más notorio fue el puesto de Director del CIAMA-; y externalización de servicios, encomendando a empresas privadas de servicios tareas que antes estaban en manos de empleados públicos. Todo ello acompañado, además, de una absoluta incuria en lo que hace al desarrollo de programas de calidad de la gestión pública. Ese conjunto de acciones –que ahora quieren convertirse en propuesta electoral para las elecciones de mayo de 2011- suponen, a nuestro juicio, un programa de liquidación de la función pública.
El hecho de que, en esta legislatura, Biel accediese, incumpliendo los requisitos de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón entonces vigente, a la condición de Vicepresidente sin la previa condición de Consejero responsable de un Departamento, podría ser un indicio de su deseo de desembarazarse de funcionarios en su entorno. Acaso el sueño irrealizado para él sea un Gobierno sin Administración, ejerciendo la dirección política sin funcionarios que pongan trabas a sus decisiones: mandar, no gobernar, sin tomar en consideración las leyes, como quedó patente con su propio nombramiento. Luego siempre hay tiempo para cambiar las leyes, y hacer legal lo antes ilegal. Hay quien en lugar de someterse al ordenamiento jurídico, prefiere someter el ordenamiento jurídico a su voluntad.
Hay políticos a los que les sobran los funcionarios, aunque ellos mismos sean funcionarios –y tengan su puesto reservado durante lustros-, acaso porque desconocen o han olvidado el papel que nuestra Constitución atribuye a las Administraciones Públicas y a la función pública que hace posible su funcionamiento. Esos políticos no debieran ejercer responsabilidades de gobierno, pues gobernar exige, entre otras cosas, dirigir la Administración y no debilitarla o liquidarla. Precisamente, la existencia de una Administración Pública imparcial y profesionalizada, que expresamente se mantenga al margen de los avatares políticos y cambios de Gobierno, es una de las garantías para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
Biel y otros miembros del Gobierno de Aragón son un claro ejemplo de esa clase de políticos, cuya deriva personal parece inhabilitarlos para impulsar, organizar y dirigir una organización profesionalizada como es la Administración Pública. Si la Administración deja de ser el botín que cobra y reparte el gobernante a sus fieles, como algunos servidores públicos nos hemos empeñado en que deje de serlo, se hace necesario buscar otro botín, y ahí está la posibilidad de externalización, a la que se apela por razones de economía, ocultando que con ello los valores de legalidad, profesionalidad e imparcialidad que corresponden a la función pública se desplazan por el ánimo de lucro y la rentabilidad económica de la empresa, con los indudables riesgos de tráfico de influencias y de colisión entre intereses públicos y privados.
El estudio de la corrupción pública que asoló Italia en décadas pasadas –con el fenómeno “tangentópolis”- puso de manifiesto que buena parte de las posibilidades y riesgos de la corrupción surgen al trasladar la gestión de los servicios públicos del ámbito de la función pública al ámbito de la iniciativa privada empresarial, donde el poder de influencia política crece exponencialmente.
La inamovilidad de los servidores públicos es garantía de su objetividad y de su capacidad de resistencia frente al posible abuso o arbitrariedad de los responsables políticos. Los funcionarios públicos tienen un estatuto legal y una misión constitucional que cumplir, como es la de servir con objetividad los intereses generales, y en esa labor, aunque pese a ciertos políticos como el actual Vicepresidente del Gobierno de Aragón, José Ángel Biel, no pueden ser desplazados por empresas de servicios. No es posible que prosperen propuestas políticas que van en dirección contraria a lo que marca la Constitución Española, pero su mera formulación pone de manifiesto lo lejos que todavía estamos en Aragón de objetivos irrenunciables de buen gobierno y buena administración.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
34 comentarios:
No se merece menos el personaje.
¿Se trata de una provocación?
Hay cosas que no pueden quedar sin réplica.
¿En qué consiste el fracaso?
Esto se decía en la prensa en 2003:
El Gobierno aragonés vulnera los plazos fijados en la ley autonómica de la Función Pública al retrasar sine die la oferta de empleo público de este año. La ley establece que todo el proceso debería haberse completado en un plazo máximo de nueve meses --tres meses para la publicación de las convocatorias y otros seis para la realización de los procesos selectivos--. Sin embargo, ocho meses después de la aprobación de la oferta de empleo público por parte del Ejecutivo regional ni siquiera se ha publicado aún la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.
Paradójicamente, esta situación no es nueva, sino que viene repitiéndose sistemáticamente en cada convocatoria de oposiciones. De hecho, como publicó ayer este diario, el retraso no sólo afecta a las casi 500 plazas de funcionarios y laborales convocadas este año, puesto que a estas alturas del año no se ha completado aún la convocatoria de laborales correspondiente a la oferta pública del 2000.
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha advertido en reiteradas ocasiones, en numerosas resoluciones, de los perjuicios que ocasiona la excesiva dilatación del proceso a las personas que desean acceder a la función pública, entre las que se incluyen también los propios interinos, que ven cómo su situación provisional se perpetúa, sin olvidar que se multiplican los costes económicos de la preparación de los opositores.
A juicio del Justicia, el origen de esta situación se encuentra en la existencia de un problema organizativo en el Instituto Aragonés de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia, cuyo responsable es el aragonesista José Angel Biel. Tanto el Justicia como los propios sindicatos estiman que este órgano de la Administración, cuyo principal cometido es la preparación de las oposiciones, no está dotado de suficientes medios personales y materiales para llevar a cabo su función con la debida agilidad. Fuentes sindicales aseguraron ayer que en ese departamento hay adscritos sólo cinco funcionarios, una plantilla a todas luces insuficiente para llevar a cabo todos los procesos selectivos de la Administración autonómica. No obstante, las centrales sindicales también responsabilizan del actual bloqueo a la pasividad de la Dirección General de la Función Pública.
Biel en 2009:
Pregunta: ”Externalizar servicios” en la Administracion no solo va en detrimento de la utilizacion de los propios recursos, si no que encarece los costes. ¿No seria mas apropiado ajustar las plantillas de personal e incrementar la productividad?
R. Es que hay que hacer las dos cosas. Yo defiendo que es necesario romper algunos tabúes, y más en época de crisis y hay que perder el miedo a externalizar servicios, pero también a congelar la oferta de empleo público y a establecer criterios de movilidad y productividad.
Creo que la función pública requiere una profunda reforma a la vez que defiendo la profesionalidad de la gran mayoría de empleados públicos. Creo que son los primeros que la piden.
Pregunta: ¿Porque no amortizan Vds. todas las vacantes dotadas no asistenciales que existen en las relaciones de puestos de trabajo de los diferentes Departamentos?
R. Personalmente creo que es una de las cuestiones a las que no deberíamos tener miedo. En esta época de crisis es cuando hay que abrir debates y replantearse el tamaño de las administraciones públicas y la posibilidad de amortizar plazas como está haciendo, por ejemplo, Francia.
Pero hay que reconocer que son debates que ninguno de los dos grandes partidos está dispuesto a abrir por el desgaste electoral que les supone. Se impone lo políticamente correcto a lo socialmente necesario y ahora ese tipo de decisiones contarían con menos contestación social que en otras épocas.
El PP ha solicitado la comparecencia de la interventora general del Gobierno de Aragón en comisión de las Cortes para que informe «detalladamente y con aportación documental» de los contratos en los que el Tribunal de Cuentas ha detectado posibles delitos contables y presuntas infracciones penales en el ejercicio 2004 y 2005.
Además, los populares han presentado una queja ante la Mesa de las Cortes porque el Gobierno de Aragón ha incumplido el plazo y no ha entregado los expedientes, solicitados por el grupo parlamentario, relativos a los contratos analizados por el órgano fiscalizador. El propio consejero de Economía y Hacienda, Alberto Larraz, ya advirtió en el pasado pleno que no iba a aportar esta documentación a la oposición porque estaba siendo investigada por la Fiscalía.
El portavoz del PP, Eloy Suárez, explicó que la decisión de Larraz de negar al PP la documentación solicitada responde a una «consigna» del presidente de la Comunidad, Marcelino Iglesias, de no dar información a los grupos de la oposición sobre la gestión del Ejecutivo.
Suárez calificó de «inaudita» la negativa del Gobierno a facilitar a las Cortes la información solicitada y tachó de «excusa» la utilización de la investigación de la Fiscalía como argumento para fundamentar la decisión. Tras asegurar que las pesquisas de la Fiscalía no pueden suponer un impedimento para que el PP vea cumplido su derecho a ser informado, Suárez comentó que la negativa del Ejecutivo autonómico responde a una estrategia llevada a cabo en sus 12 años de legislatura.
HERALDO DE ARAGON.
El PAR llevará en su programa electoral la congelación de la Oferta Pública de Empleo salvo en los puestos esenciales de carácter asistencial. También es partidario de amortizar las vacantes por jubilación y de buscar qué servicios se podrían externalizar. La DGA está estudiando las vacantes para la próxima Oferta Pública de Empleo.
ARAGON DIGITAL.
Comentario:
¿Para qué congelar el empleo público si se puede hacer fijos a los cargos de confianza a dedo?
Comentario:
Señor Biel, ¿cuándo echará a los asesores nombrados a dedo en la DGA, y a los directivos de las empresas públicas, también nombrados a dedo? De todas formas, a ver si tenemos un poco de suerte con las elecciones, y se van todos ustedes a sus casas, a partir del próximo mes de mayo...
Ya vemos la ingratitud de los ciudadanos.
Comentario:
O sea que ni el sector privado ni el público va a generar empleo, los parados tenemos un panorama cojonudo.
Nada halagüeño.
Pero no hay que olvidar un dato básico: la obligación de ofertar a los ciudadanos el acceso a los puestos ocupados por interinos.
¿Nos pueden aclarar cuántos contratos realiza la empresa sodemasa en este periodo electoral y la posible relación entre los contratados y las listas electorales municipales del PAR?
¿Eso no se congela?
¿Biel o Primo de Rivera?
Ya es de acceso público:
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Octubre de dos mil diez.
Visto por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Séptima por los magistrados indicados al margen, el recurso de casación nº 2210/2007 interpuesto, de una parte el Procurador DON MARCOS JUAN CALLEJA GARCIA, en representación de LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA DE ARAGON, y de otra parte por la FEDERACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE COMISIONES OBRERAS DE ARAGON, representada por la procuradora Doña DOLORES DE LA PLATA CORBACHO contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 18 de mayo de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 2448/2008 , seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón , por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007. Han sido partes recurridas, la DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, representa por el Procurador Don ADOLFO MORALES HERNANDEZ, LA FEDERACION DE SERVICIOS PÚBLICOS UGT DE ARAGON, que no evacuó el trámite de oposición, y la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA. Ha sido parte el Fiscal, en defensa de la legalidad.
SEGUNDO.- Entrando en el análisis del recurso planteado por LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA DE ARAGON, se alega por esta, al amparo de lo dispuesto en el articulo 88.1.d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , la vulneración de lo dispuesto en el articulo 23.2 de la Constitución Española de 1978 .
Ha de acogerse este motivo de casación por las razones siguientes. En primer lugar, como sostiene la recurrente, el derecho de acceso al empleo público es un derecho fundamental de configuración legal, tal como expresamente dispone el articulo 23.2 de nuestra norma constitucional . Pues bien, ha sido en desarrollo de ese derecho constitucional de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, que el Estatuto Básico del Empleado Público dispone en su articulo 10.4 que :" En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento, y si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización"; y en el apartado 1 de este precepto se dispone que :" Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera ".
Por su parte, el articulo 7.4 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón sostiene que " las plazas ocupadas por interinos serán incluidas en la primera oferta de empleo público que se apruebe, salvo los casos de sustitución de funcionarios".
La claridad de estos preceptos no dejan duda de la ilegalidad del acuerdo impugnado, en este punto, al que restringe la recurrente el recurso de casación, y único en el que podemos entrar en consecuencia. Ahora bien, la cuestión es si nos encontramos ante una simple ilegalidad, o por el contrario la misma afecta al derecho fundamental. Y hemos de admitir que así es, pues no hay mayor negación del derecho consagrado en el articulo 23.2 de la Constitución que la negación de los procesos públicos de selección legalmente establecidos. Frente a dichos preceptos no cabe admitir los argumentos de la Administración recogidos en la sentencia de que el hecho de no sacar todas las plazas de interinos se debía a la razón de mejorar los procesos selectivos futuros, impidiendo que bajara la calidad de los seleccionados y que en el futuro no pudieran haberse ofertas publicas, al no existir vacantes. Pero ello ocurrirá si los Tribunales calificadores no cumplen con el rigor de la exigencia de la capacidad y mérito necesario a la hora de seleccionar, no teniendo porque cubrirse todas las vacantes en el mismo proceso de selección.
Tampoco cabe alegar motivos económicos y de autoorganización, pues las plazas están presupuestadas y ocupadas por funcionarios interinos. En consecuencia, lo que no puede alegarse es el incumplimiento de la ley, cuando es clara y precisa, en desarrollo precisamente del derecho fundamental alegado por los recurrentes.
Suprema claridad.
FALLO:
2º.- Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador DON MARCOS JUAN CALLEJA GARCIA, en representación de LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA FUNCION PUBLICA DE ARAGON contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de fecha 18 de mayo de 2008, recaída en el recurso contencioso-administrativo numero 2448/2008 , que anulamos y dejamos sin efecto, por ser contraria a derecho.
3º.- Estimamos el recurso contencioso-administrativo número 2448/2008, seguido por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales de la persona, interpuesto contra el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón , por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 2007, que declaramos contrario a derecho y anulamos y dejamos sin efecto, en tanto omite en la misma todas las plazas vacantes cubiertas por funcionarios interinos, sin condena en las costas procesales.
Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos
PUBLICACION.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Jose Diaz Delgado, Magistrado Ponente en estos autos, de lo que como Secretario certifico
Aragón confirmó ayer en Madrid lo que la Administración educativa de la comunidad autónoma ha reiterado en numerosas ocasiones a lo largo de los últimos días: la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros el próximo mes de junio. Los representantes de la delegación aragonesa que participaron en la reunión que mantuvo el Ministerio de Educación con todas las autonomías, insistieron en su intención de repartir en el proceso "el mayor número de plazas posible", cumpliendo, así, con lo requerido desde el Ejecutivo central, que reiteró su petición de que todas las comunidades convoquen oposiciones.
Aragón no ha cambiado su postura y se ha mantenido firme en su intención de llevar a cabo una amplia oferta, a pesar de la presión recibida por parte de algunos interinos, sindicatos y partidos políticos, que reclamaron una revisión de intenciones en caso de que la mayor parte de comunidades optasen por no celebrar proceso al entender que eso hubiera provocado una avalancha de aspirantes en tierras aragonesas.
EL PERIODICO DE ARAGON.
Magnífico artículo el de Ramón Aguiló sobre la corrupción en "Diario de Mallorca". Muy bien traído.
Mensaje hallado en la red:
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
El Tribunal Supremo, ha anulado la oferta de empleo público del Gobierno de Aragón del año 2007, por no incluir TODAS las plazas vacantes ocupadas por interinos.
Esto puede crear jurisprudencia y obligar a todas las Administraciones a ofertar todas las vacantes ocupadas por interinos.
Hartos del mangoneo de los políticos, en Aragón se creó una asociación de defensa de la función publica aragonesa, que ha sido la promotora de esta denuncia que ha llegado hasta el Tribunal Supremo dictando un justo veredicto, en cambio el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo desestimo.
Estaremos pendientes de como evoluciona esta sentencia, ya que puede ser un punto y final de muchas ilegalidades que se estan cometiendo al impedir el acceso a la función publica a los ciudadanos.
DEBERIAMOS SALIR TODOS LOS FUNCIONARIOS DE ESPAÑA A LA CALLE, ES EN TODAS LAS CCAA, YA ESTA BIEN DE POLITICOS QUE QUIEREN CONVERTIR EL ESTADO EN UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO "DE PARTIDO".
VEMOS COMO DESPILFARRAN Y CONTRATAN PERSONAL CLIENTELAR, ESTÓ SE TERMINO, A DENUNCIAR UNO A UNO.
La cosa es así de cruda: o el Estado de Derecho acaba con la corrupción o la corrupción acaba con el Estado de Derecho.
Los garantes del Estado de Derecho deberían ser completamente independientes del poder político, para que de ese modo pudieran desempeñar su cometido motivado en ley y no interpretar la legislación a gusto del partido.
Una fiscalía que actua contra unos y no contra otros tampoco es propio de un estado de derecho.
ANTONIO GARRIGUES ENTREVISTADO EN COLOMBIA:
El jurista Antonio Garrigues Walker, presidente de Garrigues Abogados, un imponente bufete con más de 2.100 juristas, reconocido como el más grande de Europa continental, es muy cercano a las familias demócratas de los Kennedy y los Clinton en Estados Unidos. Un hombre influyente que en su paso por Colombia habló con El Espectador sobre los retos que enfrentan las sociedades y el gran papel que tiene la ética, como una verdadera fuente de felicidad, en esos asuntos.
¿La corrupción es un elemento que tiene al mundo en jaque?
El mundo está corrupto. Rusia es un país corrupto. China está entrando en un proceso de corrupción tremendo. Latinoamérica en su conjunto está viviendo una corrupción escandalosa. Un país como Haití podría ser muy próspero, pero está dominado por la corrupción. El 1% de la población es la que se queda con todo el dinero que entra y que sale. Lo que quiero transmitir es que la corrupción sólo favorece a los ricos. La corrupción debilita al poder económico, a los pobres y a la clase media. Yo creo que si Latinoamérica redujera sus niveles de corrupción, el salto económico sería espectacular. La ciudadanía debería entender que la corrupción es una leucemia auténtica del sistema económico.
¿Qué piensa de los nuevos instrumentos de comunicación con respecto a esa conciencia ética y ciudadana?
En el mundo árabe, por ejemplo, el mundo de la internet está generando nuevas mecánicas de relación ciudadana. En esos países lo que se ha puesto en marcha es un deseo auténtico de un nuevo destino político. Como también creo que en algunos países desarrollados la ciudadanía va a poner en cuestión las democracias corruptas y van a exigir democracias reales. Este siglo que estamos viviendo tiene que ser el siglo de la solidaridad. Tolerar la corrupción o la pobreza es inadmisible. El índice de percepción de la corrupción en 2010 de Transparencia Internacional es preocupante, porque el mundo está corrupto. Colombia está en el puesto 78 de esa lista, un puesto malo, para qué nos vamos a engañar. Pero está mejor que otros países de Latinoamérica.
Sin embargo, la percepción colombiana es que en el país hay mucha corrupción. Incluso la semana pasada, en plena audiencia de la Corte Suprema de Justicia, se vio el insólito caso de un prestante abogado que fue apresado por intentar sobornar a un testigo.
Sí, fue un espectáculo como de Hollywood. Pero en el oficio siempre ha habido abogados buenos y abogados malos que favorecen a los delincuentes. Contra ese tipo de abogados habrá que luchar, los colegios de abogados, el sistema de justicia y la sociedad tendrán que luchar. Por eso es necesaria la regeneración ética de la que tanto hablo.
¿Tiene la ética alguna relación con la felicidad?
Claro, la gente debe entender que la ética tiene que ver con la felicidad personal. Una persona que siente que está haciendo las cosas mal, no es feliz. Además, todos los corruptos caen, no digo que no haya alguno que no se escape, lo cual me da un asco horroroso. Ser ético es un buen camino, no es el camino del sacrificio.
En Colombia los niveles de impunidad son muy altos. ¿Cómo ve usted ese tema?
En efecto, los fenómenos delictivos sólo pueden corregirse si no hay impunidad. Si la sensación general es que uno puede hacer lo que quiera y no le pasa nada, es muy grave. La impunidad es uno de los dramas más grandes, porque pone en cuestión la vida jurídica, da un mensaje errado.
Usted es un humanista, que pinta y escribe teatro, ¿cuáles son los postulados del humanismo que se pueden aplicar al derecho en los tiempos actuales?
Una educación ética profunda y exigente. Tenemos que tener un pensamiento más global. No podemos encerrarnos en nuestras fronteras. En la Universidad de Navarra estamos trabajando en los postulados de un derecho global.
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