miércoles, 2 de febrero de 2011

ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA: PRONUNCIAMIENTO DECISIVO DEL TRIBUNAL SUPREMO.

El Tribunal Supremo acaba de notificar a esta Asociación una sentencia que nos parece decisiva para restaurar la legalidad constitucional en las Administraciones Públicas. Dicha sentencia, resultado del recurso de casación planteado por esta Asociación frente a una resolución previa del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, determina la obligación de incluir en las Ofertas de Empleo Público la totalidad de los puestos de trabajo ocupados por funcionarios interinos, señalando que su no inclusión supone una vulneración del derecho fundamental de acceso a la función pública reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española a todos los ciudadanos españoles.

Como consecuencia de la tesis recogida por el Tribunal Supremo, se anula la Oferta de Empleo Público de 2007, aprobada por el Gobierno de Aragón, al no incluir la totalidad de las plazas ocupadas por interinos y vulnerar con ello el derecho fundamental de acceso a la función pública que la Constitución reconoce a los ciudadanos. Esta Asociación celebra el fallo obtenido, cuyo alcance regenerador para nuestras administraciones públicas –y no sólo para la Administración autonómica aragonesa- consideramos de primera magnitud.

Hemos vivido años críticos de quiebra de la legalidad administrativa en nuestras Administraciones, donde los principios constitucionales que deben regir el acceso a la función pública y la ordenación y funcionamiento de las estructuras administrativas se han visto deliberada y reiteradamente vulnerados, sin que ello diera lugar a la esperada reacción de las fuerzas políticas o sindicales o de la opinión pública para reivindicar y preservar el papel que corresponde a las instituciones en el buen funcionamiento de la democracia y en el aseguramiento diario del Estado de Derecho.

Uno de los factores más evidentes del debilitamiento experimentado por la Administración Pública aragonesa en estos años ha sido el manifiesto incumplimiento por el Gobierno de Aragón de las condiciones legales de acceso a la función pública, bloqueando o reduciendo al mínimo dicho derecho a través de la no aprobación de ofertas anuales de empleo público –como sucedió en los años 2001, 2002, 2005, 2006 y 2008- o de la aprobación de ofertas manifiestamente limitadas e insuficientes, que en nada respondían a las necesidades reales ni se ajustaban a las normas legales vigentes. Tales medidas han provocado que las tasas de temporalidad en la Administración aragonesa alcancen casi un tercio de la plantilla. El propio Consejo Económico y Social de España alertó de que el sector público superaba al sector privado en índices de temporalidad.

La gravedad de la alta temporalidad en las Administraciones Públicas se concreta, en primer lugar, en la violación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública –impedido por ofertas congeladas o insuficientes-, pero, además, hay que destacar su negativa repercusión en la profesionalidad y cualificación de la función pública y en el debilitamiento institucional de la Administración frente a las presiones y arbitrariedades del poder político, al haberse suprimido en gran medida la nota de inamovilidad propia de los servidores públicos para asegurar su labor objetiva y ajustada a las normas. Una función pública inestable y precaria es una función pública debilitada para asegurar la legalidad y frenar la arbitrariedad del poder político.

Además, es lógico que la ausencia de funcionarios de carrera regularmente reclutados conforme a principios de mérito y capacidad conlleve un imparable proceso de descomposición interna de la Administración, al entrar en crisis todos los mecanismos de provisión de puestos de trabajo a través de los que corresponde asegurar el acceso a responsabilidades administrativas a los mejor preparados y posibilitar con ello una carrera profesional estimulante a los servidores públicos. En lugar de asegurarse ambos objetivos, el sistema de provisión de puestos se ha contagiado, en gran medida, de la misma arbitrariedad reinante en el sistema de acceso, sustituyéndose el mérito y capacidad por la libre decisión de los responsables de personal, de manera que la carrera administrativa poco tiene que ver con la capacidad profesional y el compromiso con el servicio público de los funcionarios promovidos a niveles de responsabilidad.

Es difícil, visto el panorama actual de nuestra Administración Pública, acometer un programa de saneamiento y restauración de sus principios constitucionales, dada la actual desvirtuación de casi todas las reglas de ordenación de la función pública: acceso, ordenación y provisión de puestos, formación, retribuciones, etc. Pero el impacto que en dicha realidad ha de tener el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, al rechazar todos los criterios que se han venido esgrimiendo hasta el momento para inaplicar los mandatos claros de la ley en materia de acceso a la función pública, e imponer la obligatoriedad de incluir en la Oferta de Empleo Público la totalidad de los puestos ocupados por funcionarios interinos –tal y como exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón- permite confiar en que a esta decisión puedan seguir otras que restablezcan la legalidad en el seno de las Administraciones Públicas y devuelvan la función pública a los ciudadanos, corrigiendo con ello las visibles tendencias a la patrimonialización de lo público que muestran partidos políticos, organizaciones sindicales y una parte de los empleados públicos.

31 comentarios:

Anónimo dijo...

Las dimensiones de la decisión del Tribunal Supremo se pueden calibrar si tenemos en cuenta que el Gobierno de Aragón aprobó la oferta de empleo público para el año 2007 con un total de 2.371 plazas, de las que 534 correspondían al personal funcionario y laboral y el resto, 1.837 plazas, al personal estatutario del Servicio Aragonés de Salud.

Si bien la opacidad de la DGA nunca ha permitido conocer el número real de interinos, cálculos sensatos sitúan éste por encima del 20% en el año 2007.

Pongamos cifras:

- La plantilla del personal de administración general supera los 14.000 empleados. Puede considerarse que en 2007 había un número de interinos cercano a los 3.000 (se ofertaron 534 plazas)

- La plantilla de personal estatutario debe estar por encima de los 15.000 empleados. Puede suponerse que en 2007 el número de interinos superaba los 3.000 (se ofertaron 1.837 plazas)

Anónimo dijo...

Se ha sustituido el mérito y capacidad por la libre decisión de los responsables de personal, de manera que la carrera administrativa poco tiene que ver con la capacidad profesional y el compromiso con el servicio público de los funcionarios promovidos a niveles de responsabilidad.
Ahora los puestos se ocupan por elección entre allegados.

Anónimo dijo...

Todos los funcionarios a ocupar su puesto y todas las COMISIONES a CONCURSO.

Anónimo dijo...

Tenemos que luchar todos contra la arbitrariedad instalada en nuestra Admón

Anónimo dijo...

Sólo quieren empleados sumisos, disciplinados...., estómagos agradecidos; para ello utilizan como herramienta las COMISIONES, libres designaciones , asesores técnicos, etc. desconociendo totalmente el principio de legalidad.

Esto es lo que hay

Anónimo dijo...

COMISIONES a concurso de méritos

Alfonso dijo...

Es una estupenda noticia que afecta a todas las Administraciones Públicas. Veremos cómo reaccionan los políticos al mando ante la necesidad o de anular la Oferta de Empleo Público de 2007 o de completarla convocando las plazas cubiertas por interinos.

Un gran éxito para la Asociación.

Saludos.

Anónimo dijo...

¿Como es posible que un jefe de Servicio trasvase las funciones de una Sección a otra y mande a disposición del Consejero, porque no es de su cuerda, al funcionario que la ocupó por concurso de méritos desde hace mas de 25 años?.

Anónimo dijo...

Esta Admón PRIVADA hay que actualizarla algún día y recuperar el Estado de Derecho y el principio de legalidad

Anónimo dijo...

Felicidades a la Asociación. A veces con poca gente pero con vocación de defensa se consigue mucho más que grandes sindicatos con otro tipo de "vocación". Reitero, os felicito. ¿Sería posible tener la sentencia completa?
Un saludo.

auxiliar del estado dijo...

Ser funcionario es la mejor alternativa en estos tiempos de crisis económica. Trabajar en el Estado ofrece la estabilidad laboral que ninguna otra labor puede asegurar.

Anónimo dijo...

¿Qué pasa con las sentencias pendientes? ¿Hasta cuando vamos a estar en ésta situación de ilegalidad, que todos callamos y los medios ingnoran?

Anónimo dijo...

Enhorabuena, lo habéis conseguido, me alegro mucho por tod@s ciudadanos que estamos bastante hartos de como funciona la administración aragonesa.

Anónimo dijo...

Esta sentencia debe divulgarse al máximo nivel, aunque va a correr por todas partes como la pólvora.

Anónimo dijo...

Vaya exitazo!

Anónimo dijo...

Ahora se entiende por qué se nos discutía la legitimación para impugnar la Oferta.

Anónimo dijo...

No se quería que prosperasen la legalidad y la razón.

Anónimo dijo...

Busco padrino que me ofrezca una COMISION DE SERVICIO... bueno si es de asesor tampoco pasa nada.

Anónimo dijo...

Oposiciones, concursos ... no gracias, aquí a lo práctico: siempre seré una sumisa,obediente,sacudidora de caspa del padrino q quiera adoptarme.Tengo un tic q me hace estar diciendo siempre sí señor.

Anónimo dijo...

¿Y esa cosa llamada SINDICATOS, ande andan?

Anónimo dijo...

¿Y los medios de COMUNICACION?

Anónimo dijo...

¿Como se puede conseguir la sentencia?

Anónimo dijo...

La Admón es un gran botín, desde donde se ejerce un nepotismo moderno sustentado en la arbitrariedad y el clientelismo. Es un cortijo de cortijos donde unos “señores” tienen montada su poltrona con derecho de pernada. Queremos una Admón pública, de todos, regida por la Ley y la norma, que respete los principios de legalidad, igualdad, capacidad, mérito,…. Queremos que se destierre la arbitrariedad de unos pocos elegidos.

Anónimo dijo...

Fuera las COMISIONES DE SERVICIO

Anónimo dijo...

ASESORES NO, GRACIAS

Anónimo dijo...

COMISIONES A CONCURSO

Anónimo dijo...

Soy un funcionario de carrera que celebro con mucho entusiasmo este pronunciamiento, por fin triunfa la legalidad.
Deberíamos reflexionar y analizar si la función pública aragonesa tiene solución, ¡hay que hacer tanto!.
Esperemos que el Gobierno recapacite en sus futuras decisiones y que los funcionarios de carrera empecemos a exigir el cumplimiento de las leyes.

Felicidades a esta ASOCIACION que es la voz de todos los que tenemos miedo de hablar.

Anónimo dijo...

¿Quién la va tener que ejecutar? ¿En qué plazos?

Alfonso dijo...

Se me olvidaba dar las gracias a la Junta directiva por su perseverancia hasta obtener este mangnífico resultado para la Función Pública.

Félix Gracia dijo...

Hoy se han establecido los primeros contactos entre el Director General de la Función Pública, Jesús Sarría, y esta Asociación para fijar las condiciones de ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

Lógicamente, de acuerdo con el espíritu que anima a esta asociación, no se va a reclamar la anulación de ninguno de los procesos selectivos concluidos, sino la aprobación de una oferta complementaria, en ejecución de sentencia, que recoja todas las plazas vacantes ocupadas por interinos que no fueron incluidas en la Oferta de 2007.

Además, la aprobación de la Oferta que corresponda a este año, habrá de incluir a su vez la totalidad de los puestos ocupados por interinos cubiertos desde 2007.

En tal caso, esta Asociación podría reconsiderar el actual recurso contra la Oferta de 2010, igualmente recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, también por falta de inclusión de las plazas de interinos.

Corresponderá, en cualquier caso, a la Junta Directiva de la Asociación dar el visto bueno a las condiciones de ejecución de la sentencia que se nos trasladen desde la Administración.

Anónimo dijo...

Soy funcionario aragonés de la AGE y felicito a la Asociación por todo el trabajo que desarrolla y en particular por esta sentencia.
Ya es hora de que estas ilegalidades terminen. Y es una vergüenza,por llamarlo de alguna manera,porque no sé hasta qué punto no se ha incurrido en responsabilidades de todo tipo,que las instituciones hayan mirado clarísimamente hacia otro lado.

Espero que ahora se cubran esas vacantes de forma justa e imparcial,examen igual para todos los aspirantes con nivel de dificultad similar a lo que suela ser habitual para el turno libre en cada uno de los grupos.