Esta Asociación quiere poner en valor a los órganos de control interno de la Administración autonómica, como son la Intervención General y la Inspección General de Servicios, de manera que pasen a ser siempre la primera instancia ante la que poner en conocimiento posibles irregularidades detectadas en la actuación de la Administración autonómica.
El papel de los órganos de control resulta decisivo para evitar el deterioro creciente de la gestión pública, de ahí la importancia que tiene una buena regulación y organización de sus funciones, y una correcta selección de su personal, para el que hay que establecer condiciones de trabajo que no dificulten el ejercicio de su responsabilidad.
Los órganos de control podrán o no actuar, conforme a la valoración que hagan de los hechos comunicados, pero nunca podrán decir que esta Asociación no les ha trasladado la información que ha entendido relevante respecto a defectos o irregularidades en el funcionamiento administrativo del que se haya podido tener conocimiento.
Por tales motivos, la irregular situación producida con el personal eventual de los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad, al haberse omitido la publicación de la mayor parte de los nombramientos que afectan a su personal eventual, tras los cambios de Consejeros, se ha puesto en conocimiento de los responsables de la Intervención General y de la Inspección General de Servicios.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito remitido a la Intervención General del Gobierno de Aragón:
“Ilma. Sra. Interventora General
Intervención General
Departamento de Economía, Hacienda y Empleo
Zaragoza, 1 de diciembre de 2010.
Estimada señora:
El pasado sábado 20 de noviembre se publicaron en el Boletín Oficial de Aragón sendos anuncios de publicidad, por parte de las respectivas Secretarías Generales Técnicas de los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad, respecto a los ceses y nombramientos del personal eventual de ambos Departamentos, derivados de los cambios de titular producidos el pasado mes de octubre.
Dichos anuncios, que a nuestro juicio no se ajustan a la obligación de publicación que impone el artículo 25.5 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón, parecen querer limitar de forma indebida los efectos que para el personal eventual conlleva el cese de la autoridad a la que prestan asesoramiento y apoyo. Dicho cese, de conformidad con lo previsto en el artículo 12.3 del Estatuto Básico del Empleado Público, supone el cese del citado personal eventual, que ha de entenderse automático y de aplicación a la totalidad de dicho personal adscrito a los Departamentos citados.
No cabe, por lo tanto, como parece pretenderse por los citados anuncios que suscriben los titulares de las Secretarías Generales Técnicas de dichos Departamentos, la posibilidad de que determinado personal eventual permanezca, sin solución de continuidad, en el ejercicio de las funciones que venía desempeñando, como si para ellos el cese del titular del Departamento no acarrease el efecto de cese legalmente previsto.
Entendemos que tal previsión incurre en un supuesto de nulidad de pleno derecho, al pretenderse habilitar la continuidad en el ejercicio de unas funciones públicas sin el oportuno nombramiento para ello, requisito imprescindible una vez producido el supuesto legal de cese automático de todo el personal eventual de dichos Departamentos, y sin la debida publicación, requisito de eficacia del acto de nombramiento.
La falta del necesario nombramiento que rehabilite la relación de servicios de dicho personal –o la carencia de publicación que conllevan los indicados anuncios de publicidad- ha convertido a éste en “empleados públicos de hecho”, sin título jurídico válido que dé amparo a su relación de servicios.
Por ello, entendemos que corresponde a esa Intervención General analizar detalladamente la circunstancias concurrentes, rechazando en su caso el abono de las nóminas correspondientes a unos puestos de trabajo indebidamente ocupados, todo ello en aplicación de los criterios establecidos para la fiscalización previa de gastos de personal –y, en concreto, el abono de nómina de personal eventual-, en el Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Gobierno de Aragón, publicado por Orden de 18 de febrero de 2003, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo (BOA nº 22, de 24 de febrero de 2003).
Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, reciba mi más atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
16 comentarios:
Pues lo que está saliendo en la prensa sobre elTribunal de Cuentas...
¿De qué va?
¿Lo que pasó hace seis años?
Madrid/Zaragoza. El Gobierno de Aragón pagó a empresas a las que había adjudicado obras y diferentes actuaciones hasta el 20 por ciento más del dinero por el que se aprobó el contrato sin justificar adecuadamente el alza, según investiga la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente del Fiscal General del Estado. Entre los contratos en los que se ha detectado esta posible irregularidad, está por ejemplo uno que afecta a una carretera entre Poleniño y Sariñena, donde se produjo un pago del 19% más de lo aprobado legalmente sin que hubiera una justificación adecuada para ello. La Fiscalía también analiza esta misma irregularidad en la potabilizadora de Monzón o por ejemplo en las obras de reforma del hospital Obispo Polanco y el centro de salud de Ejea de los Caballeros, donde se habría pagado un 20% y un 7% de más, respectivamente.
En total, la Fiscalía ha apreciado posibles delitos contables en la gestión analizada de la DGA de 2004 y 2005 en un total de 20 actuaciones. Entre ellas, la gestión del Consorcio Hospitalario de Jaca, que acumula múltiples irregularidades, desde serias dudas legales sobre la disposición del gasto corriente hasta el pago a algunos trabajadores de más dinero del que permite el propio convenio colectivo. A estas presuntas irregularidades contables habría que sumar las ya publicadas ayer y que eran de entidad penal.
Y si en algunos casos lo que la Fiscalía investiga es haber pagado de más sin que se aprecie una correcta justificación, en otros es justo lo contrario. Primero el Tribunal de Cuentas y más tarde la Fiscalía, llaman la atención sobre el hecho de que la DGA perdonó a varias empresas el dinero que debían devolver al haber incumplido al menos parcialmente los contratos por los que habían cobrado.
Esto ocurre por ejemplo en cinco contratos firmados por el Instituto Aragonés de Agua, uno asumido por Industria y otro tramitado por el actual departamento de Política Territorial. Este último se refiere al centro de coordinación de emergencias 112, en el que la Fiscalía ha detectado que algún responsable decidió no penalizar a la adjudicataria como obliga la normativa pese a que hubo incumplimiento de contrato.
HERALDO DE ARAGON.
Esto se pone feo.
Muy feo.
Cobrar más de lo que se puede
Aunque la mayoría de las presuntas irregularidades contables detectadas afectan a adjudicaciones, también se han encontrado irregularidades dentro de las empresas públicas y de diferentes organismos de la DGA con el diferente trato que da a algunos altos cargos. Por ejemplo, la Fiscalía está analizando por qué el gerente del Consorcio Hospitalario de Jaca decidió pagar más a determinado personal, pese a no ser aparentemente competente para ello. Además, se incluye el agravante de que a estas personas les aprobó sueldos que estaban fuera de convenio.
También se han encontrado presuntas irregularidades en los contratos de medicamentos (la Fiscalía ve actuaciones problemáticas por parte de la administración en la mayoría de estos suministros), la creatividad y el plan de medios de las campañas de la DGA de 2004 e incluso las contratas de limpieza de varios hospitales,
Todas estas supuestas irregularidades forman parte de las diligencias previas que ha abierto la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras el informe que aprobó este órgano sobre la contabilidad de la DGA en 2004 y 2005. Una vez que el pleno dio el visto bueno al informe, lo elevó como es preceptivo a la Fiscalía, para que analizase si encontraba alguna irregularidad digna de perseguir o bien penalmente o en lo contencioso. Hasta aquí, es la forma habitual de trabajar del Tribunal de Cuentas.
La novedad es que la Fiscalía sí detectó posibles irregularidades. Por ello informó al Tribunal de Cuentas de su decisión de abrir diligencias previas tanto por la existencia de "indicios de responsabilidad contable" como de sospechas ciertas de posibles "infracciones penales".
En el caso de las infracciones penales, no se dirigiría contra la DGA sino contra "personas particulares", que bien puede ser personal de la administración, altos cargos o los beneficiarios de las decisiones. El fiscal, al profundizar en esos indicios decidirá si archiva la causa o si lo eleva al tribunal competente. No ocurre lo mismo con las actuaciones irregulares contables que tengan responsabilidades administrativas. Ahí también hay que establecer si se continúa el proceso o se archiva, pero la diferencia es que sí se actúa contra la DGA y resuelve la propia sala de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Su decisión equivale a la de cualquier otro tribunal de lo contencioso y es recurrible.
HERALDO DE ARAGON.
Comentario:
Una precisión a la noticia: la responsabilidad contable no se exigiría a la DGA sino a las personas responsables que hubieran adoptado las decisiones (autoridades, funcionarios, gerentes y/o demás responsables de sociedades públicas). La perjudicada sería la DGA. Si la sentencia que se dictara en su día condenara a los responsables, éstos deberían indemnizar de su bolsillo los perjuicios que ha sufrido la DGA. En eso consiste la responsabilidad contable, en indemnizar a la Administración Pública que ha sufrido un perjuicio en sus fondos públicos como consecuencia de actuaciones irregulares. La DGA no pagaría, al revés, cobraría.
Buena aclaración.
¿Y qué se va a hacer con este personal eventual?
¿Puede cobrar sin la publicación de su nombramiento?
¿Contestarán?
¿Harán algo?
Dudo que se atrevan con dos consejeros.
¿Por qué no?
Ya llegará el Tribunal de Cuentas, más vale tarde que nunca.
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