ÉTICA PÚBLICA Y CÓDIGOS DE CONDUCTA: EL PRIMER PASO LO DA EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

El Ayuntamiento de Huesca, en su último pleno, celebrado el pasado viernes 10 de diciembre de 2010, aprobó un Código de Buena Conducta Administrativa para el personal de dicha Institución, con el fin de reforzar la transparencia y la motivación en la actuación de los servidores públicos de dicha institución local.

Tanto en las declaraciones de los responsables municipales, como en los medios de comunicación que recogen la noticia de tal decisión municipal, se señala que dicha aprobación es resultado de la petición realizada por parte de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa.

Esta Asociación acoge con satisfacción, como no puede ser de otra manera, que una Administración Pública aragonesa destacada, como es el Ayuntamiento de Huesca, se dote de un instrumento destinado a reforzar los valores que han de presidir la actuación de los servidores públicos, colocando el principio de legalidad en primer lugar, como exigen el artículo 103 de la Constitución Española y la propia configuración de España como Estado de Derecho, algo que ha de proyectarse sobre la realidad de todos los poderes públicos, incluido el poder público local del que forma parte el Ayuntamiento de Huesca.

Es importante que se impulsen códigos de buena conducta –su aprobación es, precisamente, una de las medidas que propugna la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en el año 2003 y ratificada por España en 2006-, interiorizando con ello en cada Administración Pública lo establecido, con carácter general, en el Estatuto Básico del Empleado Público, al formular los principios éticos y principios de conducta de los empleados públicos en sus artículos 52 a 54.

Es verdad que la aprobación de tales Códigos ha de ir acompañada de otras medidas –como el Código de Buen Gobierno para los responsables políticos de la institución, al que en concreto se refería la petición formulada en su día por esta Asociación-, de modo que la conducta de los servidores públicos se vea reforzada por la propia ética de la institución –en todos sus niveles de decisión-, pero no vamos a restar valor al paso dado por el Ayuntamiento de Huesca, que entendemos como un primer paso al que habrán de acompañar otros en el futuro, en la misma línea marcada por éste.

Confiamos, igualmente, en que el ejemplo dado por el Ayuntamiento de Huesca –con la unanimidad de todos los grupos políticos presentes en el consistorio- sea seguido por otras instituciones públicas aragonesas, como son los ayuntamientos de las restantes capitales de provincia y capitales de comarca, entes comarcales y diputaciones provinciales. Esta Asociación, en próximas fechas, les hará una invitación expresa a dar dicho paso, como ya ha hecho el Ayuntamiento de Huesca, e igualmente reiteraremos tal propuesta al Gobierno de Aragón.

Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito remitido en su día al entonces alcalde de la ciudad de Huesca, solicitando la aprobación de un Código de Buen Gobierno:

“D. Fernando Elboj Broto
Ayuntamiento de Huesca
Plaza de la Catedral, 1
22071-HUESCA

Zaragoza, 11 de noviembre de 2008.


Me dirijo a ese Ayuntamiento, en mi condición de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, y en el ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución española, para solicitar que por parte de esa Alcaldía se impulse la aprobación de un Código de Buen Gobierno y la adopción de una estrategia de actuación en materia de ética pública para la Administración municipal de la ciudad de Huesca.

La reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, por parte de las Cortes Generales, mediante Ley 7/2007, y la profundización en los procesos de descentralización política y administrativa en nuestro país, de la que es ejemplo la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón en abril de 2007, hacen necesario situar en el núcleo de la acción pública los principios y valores que, desde ámbitos como la OCDE o la Unión Europea, se señalan como constitutivos de una ética del servicio público, con el fin de incrementar la confianza de los ciudadanos en el conjunto de las instituciones públicas.

Ello supondría colocar al Ayuntamiento de Huesca al lado de otras Administraciones e Instituciones que han formulado, como criterios rectores de toda su labor de gobierno, principios de carácter ético visibles para los ciudadanos, como es el caso de la Administración General del Estado tras la aprobación del Código de Buen Gobierno por el Gobierno de España, en su reunión de 18 de febrero de 2005, proclamando como criterios éticos que han de regir la conducta de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración estatal los siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Entendemos que un Código de Buen Gobierno, dirigido a los miembros de ese Ayuntamiento y a los responsables políticos de la Administración municipal, sería un complemento necesario al Código de Buena Conducta que incorpora el nuevo Estatuto Básico del Empleado Público, extendiendo con ello el compromiso con los valores de servicio público y de gestión transparente y responsable al nivel político de la Administración Pública.

Consideramos igualmente que un liderazgo político claramente comprometido con los valores de servicio público es imprescindible para promover el comportamiento ético en las Administraciones Públicas y que, a su vez, ningún liderazgo político puede ejercerse en democracia, en una sociedad compleja y plural como la actual, si no es desde un firme compromiso ético de transparencia y responsabilidad en el servicio a la sociedad y al interés general.

Por todo ello, concedemos un gran valor a la iniciativa que pudiera asumir ese Ayuntamiento para incluir, entre las prioridades de la presente legislatura en materia institucional, un firme compromiso con los principios de la ética pública, promoviendo y renovando con ello un pacto básico de confianza entre la institución municipal y el conjunto de los ciudadanos a cuyo servicio dirige el conjunto de su actividad.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”