Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han sido seriamente amonestados por el Tribunal Constitucional, que les acusa de no respetar la Constitución, al incumplir los plazos establecidos para la renovación de los magistrados de dicho Tribunal. El Pleno de este órgano constitucional acordó, el pasado día 21 de diciembre, recordar a los grupos parlamentarios su obligación de respetar los preceptos de la Constitución y dirigió tal recordatorio al Presidente del Congreso, José Bono, con el ruego de que diese traslado del mismo a los distintos grupos de la Cámara.
Con ello se evidencia al máximo nivel posible la tensión producida entre las instituciones que encarnan el principio democrático -el Congreso de los Diputados y el Senado- y el órgano que tiene encomendada la más relevante tarea de defensa del Estado de Derecho, como es la protección de la Constitución frente a la actuación de cualquier poder público, incluido el Parlamento.
En el presente caso, el Tribunal no está enjuiciando la constitucionalidad de una norma o acto emanado de las Cortes Generales, sino que está recordando al Parlamento español la obligación de atenerse a los preceptos constitucionales en lo que afecta a los plazos de renovación de los magistrados de dicho Tribunal. Con ello, recuerda a los Grupos Parlamentarios -presencia de los partidos políticos en las Cortes Generales- el deber común de poderes públicos y de ciudadanos de cumplir lo establecido en la Constitución Española. Mal ejemplo de respeto a la Constitución ofrecen los partidos políticos cuando sus grupos parlamentarios tienen que verse amonestados por el propio Tribunal Constitucional.
Los ciudadanos asistimos a este conflicto con evidente perplejidad y acaso olvidamos nuestra capacidad para hacer uso, también por nuestra parte, de los mecanismos que arbitra la propia Constitución para intervenir y hacer oir nuestra voz ante las instituciones, contribuyendo con ello a que los poderes públicos reciban la oportuna presión ciudadana y social para ajustar su conducta y sus competencias a las exigencias de nuestra Constitución, sirviendo tal intervención como necesario reproche social que ha de recibir toda institución que ignore sus preceptos o mandatos.
En tal sentido, esta Asociación estudiará la utilización del derecho de petición a las Cámaras que se reconoce en el artículo 77 de la Constitución Española, para dirigirse al Congreso de los Diputados y respaldar de forma expresa, como ciudadanos españoles comprometidos con el Estado de Derecho, la amonestación realizada por el Tribunal Constitucional.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
Bien por el Tribunal.
MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Congreso ha prorrogado otra semana más, hasta final de mes, el plazo para proponer candidatos a las cuatro plazas del Tribunal Constitucional que debe renovar la Cámara baja, por lo que ese proceso ya no se podrá culminar al menos hasta el 25 de enero, fecha en que está prevista la próxima sesión plenaria.
La falta de acuerdo entre PSOE y PP, cuyo concurso es imprescindible dada la mayoría cualificada que se requiere en el Pleno del Congreso para aprobar los nombramientos, ha motivado esta segunda prórroga de un plazo que arrancó el 30 de noviembre.
¿De vacaciones parlamentarias sin resolver el tema del Tribunal?
El escollo, según se reconoce en medios parlamentarios, es la decisión del PP, ratificada este lunes por Esteban González Pons, de mantener a Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como candidato pese al rechazo del PSOE.
La candidatura de Enrique López, impulsada por el PP en todas las comunidades autónomas, fue desechada por el Senado al considerar que no cumplía los requisitos. El PP recurrió ese veto ante el Tribunal Constitucional, que inadmitió la impugnación alegando que los 'populares' no eran quienes debían recurrir.
Habida cuenta de que el Alto Tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión, si López cumple o no los requisitos para formar parte del TC, un sector del PP sigue manteniendo su candidatura, pese a que el PSOE no lo acepta.
La asociación de jueces Francisco de Vitoria ha acusado a PP y PSOE de irresponsabilidad “política y moral” por el retraso en la renovación del Tribunal Constitucional, que ha sobrepasado ya los tres años.
El portavoz de la asociación, Marcelino Sexmero, señaló en declaraciones a Servimedia que si los partidos políticos, en este caso socialistas y populares, “no se ponen de acuerdo y no cumplen lo que la Constitución y la ley establecen, lógicamente incurren en una responsabilidad política y moral”.
Acusó además a Gobierno y oposición de haberse “cargado la mecánica de renovación por tercios” que la Carta Magna establece para el Tribunal Constitucional con el retraso en los nombramientos.
Aún así, Sexmero restó importancia al retraso en la publicación de los nombramientos de los cuatro nuevos magistrados del Constitucional designados por el Senado –Luis Ignacio Ortega, Adela Asúa, Francisco José Hernando y Francisco Pérez de los Cobos- en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
“Será cuestión de días, a nadie se le va a ocurrir esperar meses para publicarlo en el BOE, eso nunca ha ocurrido”, señaló el portavoz de la Francisco de Vitoria", quien dijo creer que si todavía no se ha publicado debe ser “porque falta algún requisito, una vez que se han nombrado no debería haber ningún problema”.
En este sentido, señaló que es el presidente del Senado, Javier Rojo, quien debe remitir el acuerdo para su publicación en el BOE y subrayó que legalmente este trámite se tiene que llevar a cabo en 20 días. El nombramiento de los magistrados designados por el Senado tuvo lugar el pasado 1 de diciembre.
“Si se está retrasando será porque a todos los grupos les conviene por razones de coincidencia en la renovación a los efectos de volver a establecer las ternas correspondientes”, señaló.
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