viernes, 17 de diciembre de 2010

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: MANTENER LA LUCHA POR EL DERECHO, EN UN TIEMPO DE PROPUESTAS.

Ayer tarde, en los locales de la Junta Municipal Centro del Ayuntamiento de Zaragoza, tuvo lugar la última reunión de la Junta Directiva del presente año, que se desarrolló conforme al orden del día previamente remitido y hecho público a través de este blog.

Tras la aprobación del acta de la reunión anterior, el Presidente de la Asociación informó de las principales actuaciones llevadas a cabo desde la anterior reunión de la Junta, incidiendo especialmente en el desarrollo del encuentro mantenido con el nuevo Director General de la Función Pública, Jesús Sarría. Se valoró muy positivamente dicha reunión, al ser el primer contacto formal sostenido con un responsable de función pública en los casi cuatro años de existencia de esta Asociación, destacándose el ambiente de cordialidad y de respeto que dominó el encuentro, sin que ello fuera obstáculo para que los representantes de la Asociación que acudieron a la misma pudieran expresar su abierta discrepancia con la orientación seguida en política de personal por el actual Departamento de Presidencia. El propio Director General expresó su deseo de mantener reuniones periódicas con los representantes de la Asociación, entendiendo la discrepancia como un valor democrático. Por parte de la Junta se valoró positivamente el nuevo clima de comunicación y se reafirmó la disposición a sostener una relación constructiva con los nuevos responsables del Departamento de Presidencia, centrándola en temas que quepa acometer y ejecutar en este periodo final de legislatura, como son la oferta de empleo público o la publicación de un boletín estadístico sobre la función pública aragonesa.

Asimismo, el informe se centró en la necesidad de proseguir las actuaciones necesarias para esclarecer las posibles irregularidades producidas en la gestión de ASAEL –al entenderlo como un caso representativo de patrimonialización indebida de las instituciones-, informándose del escrito de denuncia remitido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), dependiente de la Comisión Europea, y finalmente se hizo hincapié en la gravedad que revestía la irregular tramitación de las denuncias medioambientales formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, puesta de manifiesto en una reciente sugerencia del Justicia de Aragón, entendiendo necesario realizar actuaciones para procurar la corrección de tales irregularidades.

Posteriormente, se analizó la actuación de los miembros del Gobierno de Aragón en lo que afecta al incumplimiento del deber de publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, que viene siendo sustituido, en el mejor de los casos, por meros anuncios de publicidad, y se acordó impugnar ante los Tribunales los anuncios de publicidad correspondientes a ceses y nombramientos de personal eventual publicados en el Boletín Oficial de Aragón de 20 de noviembre de 2010, correspondientes a los Departamentos de Presidencia y de Ciencia, Tecnología y Universidad. Se valoró la particular gravedad de que en tales anuncios ni siquiera se identificase al personal eventual que se reponía en sus puestos, tras los cambios de Consejero, entendiendo que la inexistencia de nombramiento o su falta de publicación viciaba de nulidad de pleno derecho el desempeño de tales puestos de trabajo, razón por la cual la cuestión ya había sido planteada ante la Inspección General de Servicios y la Intervención General.

Finalmente, y ante la doble cita electoral del primer semestre de 2011, al producirse en dicho periodo elecciones sindicales en la Administración autonómica y elecciones locales y autonómicas, se debatió la oportunidad de elaborar, desde el respeto y la valoración de la importante función y responsabilidad que corresponde a sindicatos y partidos políticos en el futuro de la Administración y de la función pública, dos documentos de propuestas a formular desde la Asociación a ambas organizaciones –sindicatos de la función pública aragonesa y partidos políticos-, con el fin de que en sus propuestas electorales o en su acción posterior –de negociación, gobierno u oposición- incorporen medidas o pautas de comportamiento que permitan avanzar en objetivos de buena administración y buen gobierno.

Con ello, la Asociación pretende conjugar, en la medida de sus posibilidades, la labor de defensa de la legalidad –continuando su lucha por el derecho- y la labor de reflexión y propuesta para afrontar este momento crítico que viven las Administraciones y la función pública. De ese modo se pretende ser coherente con los fines que establecen los estatutos de la Asociación, cuyos dos primeros son el compromiso democrático y la defensa de la legalidad.

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