El Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, se ha dirigido a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para trasladarles una reciente Sugerencia del Justicia de Aragón, relativa al deber de tramitación de procedimientos sancionadores por infracciones medioambientales denunciadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, y solicitarles iniciativas parlamentarias de control para esclarecer el comportamiento de los responsables periféricos del Departamento de Medio Ambiente y averiguar las razones por las cuales un importante número de denuncias formuladas no son objeto de la preceptiva tramitación.
Los hechos revisten una enorme gravedad, razón por la cual hace escasos días se pidió una investigación a los responsables del Departamento de Presidencia y de la Dirección General de Organización, Inspección y Servicios, Eva Almunia y Antonio Brun, respectivamente, hallándose esta Asociación a la espera de las medidas que puedan adoptarse por parte de la Inspección General de Servicios.
Los diferentes controles posibles sobre la irregularidad señalada por el Justicia de Aragón no son excluyentes, razón por la cual a la petición de investigación dirigida a los responsables de los que depende la Inspección General de Servicios de la Administración autonómica, se añade ahora la petición de medidas de control por parte de los Grupos Parlamentarios, control que se solicitará igualmente del Ministerio Fiscal.
La falta de averiguación de los hechos denunciados por agentes públicos, como son los Agentes de Protección de la Naturaleza, cuyas denuncias cuentan con valor probatorio –como expresamente se señala en las normas legales medioambientales de la Comunidad Autónoma-, al no incoarse siquiera el preceptivo procedimiento sancionador, podría constituir una grave irregularidad de carácter administrativo e incluso penal, al poder revestir los presupuestos de la prevaricación.
Dicha falta de tramitación, al margen del incumplimiento legal que constituye en sí misma, contribuye al mismo tiempo a privar de autoridad a los Agentes de Protección de la Naturaleza que actúan como denunciantes y a extender entre los infractores la expectativa de que los hechos punibles no serán sancionados, lesionando con ello la confianza de los ciudadanos en la aplicación de ley y en el buen funcionamiento de la Administración Pública y del propio Estado de Derecho.
No sancionar una infracción contra el medio ambiente, cuando se tiene la competencia irrenunciable para ello, supone en buena medida participar, en el grado que corresponda, en la comisión de la infracción, al propiciar su impunidad.
Esta Asociación confía en que los hechos, que no quiso aclarar el Departamento de Medio Ambiente, al negar al Justicia de Aragón la información solicitada por esta Institución, puedan ser debidamente analizados por los órganos de control administrativo y parlamentario e investigados por el Ministerio Fiscal, reconduciendo a la legalidad el ejercicio de las competencias sancionadoras en el ámbito de medio ambiente.
Se reproduce a continuación el texto íntegro del escrito dirigido a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón:
“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
Zaragoza, 20 de diciembre de 2010.
Estimados señores:
Con fecha 4 de noviembre de 2010, el Justicia de Aragón ha formulado una sugerencia al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, cuyo texto se adjunta, solicitando que por parte del mismo se dé trámite a las denuncias presentadas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, incoando los preceptivos expedientes administrativos y dictando la resolución que en cada caso proceda.
Tal sugerencia se formula a raíz de una queja planteada ante dicha Institución, con la que se aportaba información estadística elaborada por la propia Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, en la que se constataba que el número de procedimientos sancionadores incoados por infracción medioambiental es significativamente inferior al de denuncias formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza. A su vez, el número de resoluciones dictadas, en ocasiones, supone, como es el caso del Servicio Provincial de Zaragoza, solamente el venticinco por ciento de las denuncias realizadas por tales Agentes, funcionarios dependientes del propio Departamento de Medio Ambiente.
Pese a haberse requerido al Departamento competente información sobre tales datos por parte del Justicia de Aragón, no se le ha facilitado información alguna a dicha Institución, de manera que no es posible conocer las razones que puedan explicar o justificar un dato tan llamativo, no pudiendo con ello despejarse las legítimas dudas sobre la existencia de irregularidades administrativas en el ejercicio de la potestad sancionadora por parte del Departamento de Medio Ambiente, con la posible aplicación de la ley de forma selectiva o arbitraria, lo cual podría constituir un supuesto de prevaricación por parte de los responsables administrativos.
Dada la gravedad de los hechos expuestos en la queja planteada, que vienen avalados por datos oficiales de la Secretaría General Técnica del Departamento de Medio Ambiente, y vista la negativa de dicho Departamento a atender los requerimientos de información efectuados desde el Justicia de Aragón, consideramos totalmente necesaria la realización de un control parlamentario de dicha cuestión.
Por tal razón, y mediante el presente escrito, les solicitamos que en el ejercicio de las funciones de impulso y control de la acción de gobierno que corresponde llevar a cabo a las Cortes de Aragón, por parte de ese Grupo Parlamentario se impulsen aquellas iniciativas parlamentarias que estimen oportunas para conocer las razones que motivan el bajo índice de tramitación de las denuncias medioambientales formuladas por los Agentes de Protección de la Naturaleza, reclamando, en su caso, de los máximos responsables del Gobierno de Aragón la realización de una investigación exhaustiva sobre los hechos contenidos en la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, en la que se determinen las responsabilidades administrativas o disciplinarias en que hayan podido incurrir los responsables, por acción u omisión, de tales irregularidades.
Agradeciéndoles de antemano la atención dada al presente escrito, reciban un atento saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
En estos casi doce años de gobierno PSOE-PAR sólo ha habido una comisión de investigación: la utilizada por Alfredo Boné para cargarse al entonces Consejero de Medio Ambiente y Secretario General del PAR y hacerse él con ambos cargos.
Me temo que la ahora propuesta no prosperará, aunque tenga bastantes más razones que la justifiquen.
Descubro un enlace con esta nota en la página de los Agentes de Protección de la Naturaleza de Aragón.
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