La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido nuevamente al Presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, para reiterarle –ya se hizo en dos ocasiones en el año 2007- su preocupación por la falta de colaboración de los Departamentos del Gobierno de Aragón con la institución del Justicia de Aragón, al dejar de atender sus peticiones de información y obstaculizar con ello la tramitación de las quejas planteadas por los ciudadanos.
Recientes resoluciones del Justicia de Aragón –una de ellas con motivo de una queja planteada por esta Asociación en relación con la Oferta de Empleo Público de 2010- han señalado la falta de respuesta por parte del Departamento afectado a sus requerimientos de información, incumpliendo con ello el deber de auxilio a dicha Institución que señala el artículo 19 de la Ley reguladora del Justicia de Aragón: “Todos los poderes públicos y entidades afectadas por esta Ley están obligados a auxiliar al Justicia en sus investigaciones”. El incumplimiento de dicho deber legal de auxilio supone una cualificada vulneración del principio de cooperación y lealtad institucional que se establece en la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma, y al que deben ajustarse en su actuación el conjunto de los Departamentos del Gobierno de Aragón.
En el escrito remitido al Presidente del Gobierno de Aragón se insiste en la gravedad que tiene obstaculizar el funcionamiento de instituciones que tienen como misión específica la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, y se recuerda que tales comportamientos pudieran ser constitutivos de infracción penal.
Confiamos en que el Presidente Iglesias, a diferencia de las dos ocasiones anteriores en que nos dirigimos a él con esta misma preocupación, no sólo dé la respuesta que exige el ejercicio del derecho fundamental de petición, sino que, además, recuerde a los miembros del Gobierno de Aragón y a los restantes altos cargos de la Administración autonómica la obligación de colaborar con el Justicia de Aragón y de atender con absoluta diligencia las peticiones de información efectuadas desde dicha Institución.
Se reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito de petición dirigido al Presidente del Gobierno de Aragón:
“Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Aragón
Edificio Pignatelli
Pº María Agustín, 36
50071-ZARAGOZA
Zaragoza, 11 de diciembre de 2010.
Estimado señor:
En el año 2007, al poco tiempo de constituirse esta Asociación, le dirigimos dos escritos, en los meses de marzo y de diciembre, para expresarle nuestra preocupación por la falta de diligencia de los Departamentos del Gobierno de Aragón en atender las peticiones de información realizadas por el Justicia de Aragón y el Defensor del Pueblo, al tramitar las quejas formuladas por los ciudadanos ante dichas instituciones.
En dichos escritos le solicitábamos que desde la Presidencia del Ejecutivo se impartiesen instrucciones al conjunto de los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de los órganos directivos de la Administración autonómica con el fin de que se atendiesen de forma diligente los requerimientos de información efectuados por parte del Defensor del Pueblo y del Justicia de Aragón, en cuanto instituciones que tienen encomendada la función de velar por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Lamentablemente, el tiempo transcurrido no ha venido a corregir la situación que entonces le señalábamos, y nuevamente hemos tenido conocimiento de resoluciones del Justicia de Aragón en las que se señala, de manera expresa, el incumplimiento del deber legal de auxiliar a dicha Institución en que incurren determinados Departamentos del Gobierno de Aragón, como ha ocurrido recientemente con los Departamentos de Presidencia y de Medio Ambiente. Ambos Departamentos han incumplido dicho deber, a pesar de haber sido expresamente requeridos a ello de forma reiterada, por cuatro veces, antes de constatarse el citado incumplimiento.
El deber de colaborar con el Justicia de Aragón no sólo se establece expresamente en la Ley reguladora de dicha institución, sino que la obligación de atender sus requerimientos ha de deducirse directamente del principio de colaboración mutua y de lealtad institucional respecto al resto de los Poderes y de las Administraciones Públicas que se establece como principio de funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma, en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio.
Desconocemos si desde esa Presidencia se llegaron o no a impartir instrucciones en el sentido solicitado, dado que nunca recibimos respuesta expresa a nuestra petición, como exigiría el cumplimiento de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del Derecho de Petición, pero nuevamente nos vemos en la necesidad de reiterarle nuestra petición, y destacar la gravedad que representa el que los miembros de un Gobierno autonómico no se sometan a las exigencias previstas en el ordenamiento jurídico, y en particular a las establecidas para asegurar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Consideramos que no es necesario que le destaquemos la gravedad de tales conductas ni le recordemos que las mismas pueden incurrir en el tipo penal que se establece en el artículo 502 del vigente Código Penal, entre los delitos contra las instituciones del Estado, por obstaculizar la actividad de instituciones públicas en su labor de defensa de los derechos de los ciudadanos.
Apelamos por ello, una vez más, a su sentido institucional para solicitarle, en ejercicio del derecho fundamental de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, que se dirija a los miembros del Gobierno de Aragón y a los titulares de los órganos directivos de la Administración autonómica al objeto de evitar que, en el futuro, los requerimientos de información realizados por las instituciones del Justicia de Aragón o Defensor del Pueblo puedan quedar nuevamente desatendidos, contribuyendo con ello al óptimo funcionamiento de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Agradeciéndole de antemano la atención prestada al presente escrito, reciba nuestro más respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
2 comentarios:
Otra vez saliendo en defensa del Justicia? Qué se busca?
Ser los defensores del defensor?
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