viernes, 3 de diciembre de 2010

LA SENDA DEL MAL GOBIERNO: ¿DEL DESPRECIO DE LA LEGALIDAD A LA CORRUPCIÓN? ¿DE LA IMPUNIDAD AL CASTIGO?

El Tribunal de Cuentas ha emitido, recientemente, su informe sobre las Cuentas Generales de la Comunidad Autónoma de Aragón relativas a los ejercicios 2004 y 2005. Dicho Informe, rendido en cumplimiento de la función que le atribuye la Constitución Española, como órgano fiscalizador externo, tiene como objetivo, entre otros, el de valorar el cumplimiento de las normas que rigen la actividad económico-financiera del sector público autonómico, en especial, las relativas a la gestión de los presupuestos, y el de evaluar la sujeción a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos, principalmente en la Administración General Autonómica, para lo que se prevé el análisis de las áreas de endeudamiento, subvenciones, avales y contratación administrativa.

El Informe detecta numerosos problemas de gestión del gasto público, en lo que afecta a contratación administrativa, subvenciones y otros ámbitos, en los que la actuación de los órganos y entes gestores no ha respetado la legalidad administrativa. Como resultado de tales incumplimientos, se adelantaba hace unos días en prensa el previsible inicio de actuaciones por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre los posibles ilícitos penales en que han podido incurrir diferentes gestores o responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma. Es decir, es posible que se exijan responsabilidades personales, algo que genera indisimulada inquietud.

Tal información, si bien puede suponer para algunos una mayúscula sorpresa, claramente desagradable, si acaso creían que la Administración autonómica funcionaba de acuerdo a la ley o estaban confiados en que la mala gestión era un derecho adquirido de los gestores públicos de la Administración autonómica, para otros la sorpresa ha sido de signo contrario, al descubrir que todavía existen instituciones como el Tribunal de Cuentas con capacidad para cumplir de forma exigente su función, velando por la legalidad y la eficiencia del gasto público, y señalando al gestor deficiente, por ineptitud o por desdén hacia el interés general. La cultura de gestión en nuestra Comunidad Autónoma no ha hecho más que degradarse en los últimos años, y prueba de ello es el creciente descuido o desinterés de muchos responsables políticos y administrativos en cumplir los requisitos legales en los expedientes de gasto público.

La forma de gestión que se ha ido imponiendo –con menos resistencia de la debida por parte de los servidores públicos- viene marcada por la estricta decisión política, el dirigismo más manifiesto en expedientes económicos que afectan a contrataciones y subvenciones, donde en muchas ocasiones se conoce al adjudicatario o benefeciario antes de llevar a cabo la licitación o la convocatoria respectiva. Muchos gestores han adquirido el hábito –el vicio- de prescindir del procedimiento y confiar en que el gasto final –el pago- será convalidado por el Gobierno de Aragón, al margen de todas las deficiencias o irregularidades acumuladas. Con demasiada ligereza, se ha abusado del mecanismo de la convalidación de gastos, como si una adjudicación irregular pasase a ser regular por el mero acuerdo de convalidación del Gobierno de Aragón. ¿Estamos ante un Gobierno taumaturgo? No se ha puesto freno a tal forma improcedente de actuar ni por el Departamento de Economía, Hacienda y Empleo ni por el propio Gobierno de Aragón. Cuando se tiene la garantía de que un gasto comprometido al margen de los procedimientos legales puede ser convalidado por el Gobierno, cumplir las normas pasa a ser algo relativo, prescindible o sencillamente superfluo.

La decisión administrativa, con su sujeción al procedimiento administrativo, se transforma así en pura decisión política, con frecuente daño al interés público, al desaparecer en su adopción la transparencia, la concurrencia, la objetividad y la eficacia. Todos los principios ceden ante la incontestable decisión política, reduciendo con ello la Administración y la función pública a una organización errática y desacreditada, incapacitada para funcionar de acuerdo a los principios que la ordenan.

En modo alguno deseamos prejuzgar el resultado de las posibles actuaciones que pueda emprender la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Los resultados se conocerán a su debido tiempo. Lo que, en este momento, nos atrevemos a formular es la confianza en que sólo una actuación contundente contra la mala gestión que se ha impuesto en la Administración autonómica –sin excepción de Departamentos ni Organismos- puede ayudar a modificar el actual rumbo de las cosas. Los signos que muestra la función pública –de imparable descomposición y desaliento generalizado- sólo son indicio del calamitoso estado en que se halla la gestión pública, dirigida por unos responsables políticos para los que la legalidad y el interés general han quedado, como mucho, a la misma altura que sus intereses personales, políticos o de partido. Estos nunca se sacrificarán a aquél, y prevalecerán en caso de conflicto. La gestión se abre así a la corrupción, sin escrúpulo alguno.

Cada cual valorará si la falta de respeto a la legalidad es causa o efecto de la corrupción pública, y si ésta es una amenaza o una realidad incontestable y generalizada. Lo sucedido en el Ayuntamiento de La Muela y en ASAEL o la realidad escandalosa de los gabinetes de los miembros del Gobierno de Aragón, en la que tanto ha insistido esta Asociación sin resultado alguno, pasan ahora, gracias al Informe emitido por el Tribunal de Cuentas, a ser puntos visibles de un marco general de mala gestión por vulneración de la legalidad, en el que es posible que emerjan nuevos supuestos de corrupción, nuevos imputados, esta vez ya en la propia Administración autonómica.

Los que tanto hemos lamentado y denunciado el letargo en que se hallaba la Cámara de Cuentas de Aragón desde 2001, acaso estábamos equivocados, y ello no era sino la circunstancia necesaria para que el Tribunal de Cuentas brindara a esta Comunidad Autónoma su inestimable servicio para poner coto a la mala gestión y a la corrupción pública. Ojalá sea así.

Cuando los responsables de las instituciones públicas no son conscientes del valor ético y político que tiene el respeto a la legalidad, tanto material como procedimental – desconociendo el valor del procedimiento como elemento de garantía para la correcta decisión y para la protección de los derechos de todos los afectados-, no cabe duda de que se está dejando, voluntaria o involuntariamente, el camino libre a la corrupción pública. Cuando la ley deja de ser la referencia, el límite, el camino, la tarea esencial del gobernante de velar por el interés público se ve necesariamente condenada al fracaso. Frente a la dignidad de la acción política, cuando va de la mano del derecho, la gestión pública hecha sin legalidad ni ética sólo genera desconfianza, descrédito, irritación, desafección y cinismo social. Corromper la vida pública, en la que se juegan los derechos de todos, es un delito contra la vida democrática. No debiera quedar jamás impune.

87 comentarios:

Anónimo dijo...

La DGA infravaloró las ofertas más baratas en los contratos públicos.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

La DGA actuó en contra "del principio de economía de gestión de fondos públicos" al impulsar multitud de contratos en los que apenas valoró las ofertas más baratas para la administración, según denunció el Tribunal de Cuentas en el informe que debatió el Senado el pasado martes. A juicio de este órgano auditor, la forma de elegir a la empresa adjudicataria que plantea el Ejecutivo aragonés en numerosos concursos públicos sirvió para "encarecer el precio de los contratos". El informe del Tribunal de Cuentas, que valora la gestión de la DGA durante 2004 y 2005 recomienda al Ejecutivo autonómico que en los futuros pliegos de condiciones "prime" las ofertas más bajas frente a las más caras. Aunque esta recomendación puede parecer una obviedad, según el Tribunal de Cuentas no ha sido una práctica común en la administración aragonesa.

El órgano fiscalizador pone además varios ejemplos concretos que ilustran su queja. Por ejemplo, en el pliego en el que se establecieron las condiciones en las que se licitó el centro de la tercera edad "Las Fuentes" de Zaragoza, el informe del Tribunal afirma que la DGA "ni siquiera tuvo en cuenta el precio de las ofertas entre los criterios de adjudicación".

HERALDO DE ARAGON

Anónimo dijo...

Y hay más. El informe -que aunque se trasladó el martes al Senado es de acceso público desde hace varias semanas ya que se publicó en el Boletín Oficial de Aragón- advierte que "resulta especialmente significativa la escasa ponderación de las bajas ofertadas para las obras de construcción" del plan especial de depuración, que impulsó el Instituto Aragonés del Agua. También hace referencia a algunos contratos del Servicio Aragonés de Salud. Destaca sobre todos el de la "gestión del servicio público de transporte sanitario urgente". En el pliego de condiciones se marcaba que el precio puntuaba 15 puntos. Efectivamente, a la oferta más barata se le atribuyeron esos 15 puntos. Sin embargo, a la más cara se le otorgaron 14,92 con lo que la diferencia fue mínima.

Pero no todo es erróneo en este tema de la gestión económica de la administración y el Tribunal de Cuentas encontró un contrato (de los 64 que analizó) que es justo lo contrario y que se considera un ejemplo a seguir para el ahorro de costes en la administración. Corresponde al Departamento de Economía y Hacienda. Se refiere precisamente al que hace referencia a la licitación que se impulsó para la implantación de un nuevo sistema de gestión económica y financiera. "La asignación de puntos a las ofertas económicas fue absolutamente coherente con el mencionado principio, concediéndose cero puntos a la oferta más cara y la máxima puntuación del baremo a la menos económica".

Además de la anomalía de no primar la oferta más baja, el Tribunal de Cuentas ha encontrado una segunda irregularidad en la forma de proceder por la DGA en las contrataciones públicas. Varios pliegos de condiciones son excesivamente confusos en el momento d establecer cómo se reparten los puntos para cada contrato. "Algunos criterios de adjudicación fueron insuficientemente precisados", resume el tribunal en una de sus conclusiones. En este sentido, plantea que "no es conforme con los principios de publicidad y transparencia, rectores de la contratación pública".

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Comentario:

Yo se los cambios estructurales que necesita España. Más control a los gobiernos y penas más duras para los corruptos. Me da vergüenza ver como se tapan unos a otros y la impunidad con que se manejan. Todo el mundo sabe que se adjudican las obras a dedo y que seguramente esto le trae algún tipo de "beneficio" al politico que lo hace, pero nadie hace nada, es indignante.

Anónimo dijo...

¿Tienen algo que decir los empresarios?

Anónimo dijo...

¿no les preocupa el desorden en las adjudicaciones?

Anónimo dijo...

¿cómo es posible?

Anónimo dijo...

Mientras el Tribunal de Cuentas investiga posibles irregularidades penales y contables de la DGA en los años 2004 y 2005, los responsables de la Cámara de Cuentas de Aragón calientan motores para empezar a auditar a las instituciones de la Comunidad en cuanto acabe el año. La ley que regula el funcionamiento del nuevo órgano fiscalizador aragonés establece que empezará a desempeñar su labor analizando el ejercicio correspondiente a su creación -el 2010-, y por eso ayer sus responsables se reunieron en las Cortes con técnicos del propio Tribunal de Cuentas para intercambiar información e impresiones pensando en el inminente inicio de su trabajo.

"El 31 de diciembre acaba el ejercicio 2010, así que nuestra tarea empieza el mismo 1 de enero -explicó el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio Laguarta-. Para eso nos estamos preparando, y por eso ya hace tiempo que teníamos prevista una reunión técnica con el Tribunal de Cuentas".

Según Laguarta, el encuentro sirvió para que el órgano que controla las finanzas de todas las instituciones del país les asesorara sobre distintas cuestiones relacionadas con la recopilación de la información contable, y en especial sobre asuntos relacionados con los programas informáticos que se utilizan en esta tarea.

El presidente de la Cámara de Cuentas recordó que, aunque a partir de este 2010 Aragón contará con un órgano fiscalizador propio, el Tribunal de Cuentas seguirá auditando a las administraciones aragonesas. De hecho, esta institución seguirá siendo la única que analice, con el retraso habitual que conllevan estos procesos, las cuentas de los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009.

No obstante, hay que recordar que, de inicio, la Cámara de Cuentas tendrá que hacer frente a sus tareas con un 46% menos del presupuesto previsto en un primer momento. Su asignación para 2011 se ha quedado en 2,8 millones -reclamaban 5,3- y 36 trabajadores, lo que ha obligado a recortar cargos de confianza y también el equipo de auditores -de cinco se ha pasado a tres-. Por eso Laguarta ya avisó de que en su primer año apenas llegará a auditar las cuentas generales de la DGA.

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

No es de recibo.

Anónimo dijo...

¿Es una tomadura de pelo a los ciudadanos?

Anónimo dijo...

¿Si no pueden hacer su trabajo por qué no dimiten?

Anónimo dijo...

¿Nadie le replica a Laguarta?

Anónimo dijo...

Comentario:

Pero, vamos a ver; para qué c... sirve el cuento éste de la Cámara de Cuentas, siendo que ya existe un Tribunal de Cuentas? Si total ya vemos lo que pasa, de sesentaitantos contratos que han mirado, de 26 podrían desprenderse responsabilidades penales para sus gestores. Otro agujero inexplicable y a los de los 426 ¿ que les vayan dando.

Anónimo dijo...

¿Es comprensible el escepticismo?

Anónimo dijo...

¿No lo generan ellos mismos con sus declaraciones?

Anónimo dijo...

Por si os resulta de utilidad:


CRITERIOS PARA UN CODIGO DE ETICA.-

Partiendo de lo anterior y en pro de lograr el Código de Ética del Funcionario Judicial de Iberoamérica, propone la adopción de algunos criterios cuya estructura contiene elementos coincidentes con otras propuestas similares, como hemos señalado antes, y aun con nuestras legislaciones internas o con nuestros principios éticos básicos, sobre los cuales puede fundamentarse el Código de Ética sugerido, que resumidos son:

1. Probidad: El funcionario judicial debe siempre actuar apegado a la rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción.

2. Independencia e imparcialidad: El funcionario judicial debe conducirse con la mayor independencia, no aceptando mandatos ni instrucciones de nadie. Por supuesto, que es una exigencia obvia, pero conviene subrayarla.

3. Beneficio personal: No recibir beneficio personal.

4. Transparencia: El funcionario judicial debe documentar todos los actos de su gestión y promover la publicidad de los mismos.

5. Eficiencia: Es indispensable que el funcionario judicial procure una buena preparación y sea eficiente. Tiene investigar y estudiar permanentemente el derecho.

6. Obsequios: No debe recibir regalos, obsequios o donaciones.

7. Prudencia: Es necesario que el funcionario judicial debe actúe sin precipitaciones y con juicio sereno.

8. Sentido político: El funcionario no puede asumir prejuiciosamente una actitud hostil hacia los otros poderes.

9. Conciencia Democrática: El funcionario debe pensar en la función como un servicio que se presta a la sociedad, que se hace en su nombre… como un servidor de la sociedad.

10. Conciencia institucional: El funcionario debe tener y asumir una actitud abierta de comunicación con los demás funcionarios.

11. Inserción social: Es necesario que el funcionario judicial proyecte puentes o espacios comunes con instituciones sociales que afrontan realidades particulares.

12. Conciencia frente al Derecho: El funcionario debe hacer una correcta aplicación de la Constitución, leyes vigentes y tratados internacionales.

13. Superar las perspectivas juricistas: Es decir, aquella pretensión de que el derecho se explica sólo desde el derecho.

14. Sujeción a las normas establecidas: incurre en falta disciplinaria si deja de cumplir sus deberes y las normas de trabajo establecidas.

15. Protección de los bienes públicos: No usar las instalaciones y servicios públicos para su beneficio privado, amigos o personas ajenas a la función judicial.

16. Responsabilidad judicial: El funcionario judicial debe responder por lo que hace y por lo que no hace.

17. Vida Privada: El funcionario judicial en su vida privada debe reflejar lo que practica en su vida laboral, por lo que debe llevar una vida apegada a los principios morales.

18. Discreción: El funcionario judicial debe mantener discreción respecto de los asuntos que le son sometidos hasta tanto éstos culminen con una decisión, sometida entonces a la publicidad de los procesos.

19. Cargos incompatibles: El funcionario no debe aceptar cargos o encomiendas que sean incompatibles con sus responsabilidades.

20. Declaración de Bienes: Como una forma de vigilar la conducta patrimonial del funcionario judicial se precisa de una declaración jurada de la composición activa y pasiva de su patrimonio.

21. Idoneidad: La idoneidad del funcionario judicial se pone de manifiesto cuando desempeña sus funciones con interés, ecuanimidad, dedicación, eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia en las funciones a su cargo.

22. Privilegios: Evitar los privilegios y discriminaciones por motivos de filiación política, religión, raza, sexo, parentesco y otros.

Anónimo dijo...

El Comité P.U.M.A. de la O.C.D.E., ha señalado en mayo de 1998, los siguientes principios o recomendaciones de ética en el servicio público:

a) las normas de ética para el servicio público deberán ser muy claras.
b) las normas de ética deberán plasmarse en el ordenamiento jurídico en una disposición concreta.
c) una conducta ética debe ser exigida a los empleados públicos.
d) los empleados públicos tienen derecho al conocimiento de sus derechos y obligaciones, cuando se les exige explicaciones por sus actuaciones indebidas.
e) debe existir un compromiso y un liderazgo político, que refuerce y apoye la conducta ética de los empleados públicos.
f) el proceso de toma de decisiones debe ser transparente y permitir la investigación.

g) las líneas generales o maestras de la relación entre sector público y sector privado deben ser claras.
h) los directivos públicos deben de tener y fomentar una conducta ética.
i) las políticas de gestión, los procedimientos y las prácticas administrativas deben incentivar una conducta ética.
j) la regulación y la gestión de los recursos humanos deben motivar una conducta ética.
k) deben establecerse mecanismos adecuados de responsabilidad para el servicio público.
l) deben fijarse procedimientos y sanciones disciplinarias adecuadas, a fin de castigar las conductas irregulares.

Anónimo dijo...

La lucha contra la corrupción y la injusticia son, entre los fines de la ética pública, los más importantes.

Anónimo dijo...

Hoy se siente más que nunca la necesidad de un reencuentro con la ética en todas las áreas: Desde la docente hasta la profesional, la de la judicatura, la de la función pública y de la política. Día a día vivimos y sentimos las crisis e investigar sus causas, analizar sus detonantes y buscar la salida es la misión que hoy tenemos. Nos habremos justificado entonces, dando sentido a nuestras actividades y a nuestra vida. Si mantenemos la inacción y el silencio cobarde, abogados, funcionarios públicos y políticos seremos aún más vilipendiados.

Anónimo dijo...

Era en el mes de abril:

Velasco: "En los últimos 10 años no ha existido corrupción política en Aragón"

Anónimo dijo...

En abril de 2010.

Anónimo dijo...

Y ahora el Tribunal Cuentas detecta numerosas irregularidades en los ejercicios de 2004 y 2005.

Anónimo dijo...

Lo que saldrá hasta abril de 2010.

Anónimo dijo...

¿Alguien cree que Aragón pasará a la historia de forma muy distinta a la de Baleares?

Anónimo dijo...

Me refiero en lo tocante a la corrupción....

Anónimo dijo...

Los hay que reconocen que todo está podrido ...pero que todo se tapará.

Anónimo dijo...

¿Pero no lo acaba de destapar el Tribunal de Cuentas?

Anónimo dijo...

Esta claro que no todas las Fiscalías son iguales ...

Anónimo dijo...

Las mentiras oficiales: en Aragón no hay corrupción


Pero, ¿cómo se puede asegurar con esa facundia, como la que emplea Velasco, que en Aragón no existe corrupción? ¿Un tipo que asegura por escrito a las Cortes que sus asesoras, que con toda evidencia no tienen capacidad técnica sobre la materia que se gestiona en su Departamento, le “emiten asesorías orales”? Está escrito en el Diario de las Cortes.

Del blog de Oroel.

Anónimo dijo...

9 de noviembre: Día Internacional contra la Corrupción.

La corrupción es una plaga de consecuencias corrosivas para la sociedad. No sólo socava la democracia, sino que distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida. Así se recoge en el prefacio de la Convención de la ONU contra la corrupción que entró en vigor en diciembre de 2005. En dicho instrumento, la Asamblea General, a fin de aumentar la sensibilización respecto de esta lacra, decidió proclamar el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción.

La Convención fue ratificada por España el 9 de junio de 2006, por lo que forma parte del ordenamiento interno de nuestro país. Ello implica que las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse conforme a las previsiones de dicho texto internacional, entre ellos el derecho a la intimidad, bajo el que muchas veces se amparan los gobiernos autonómicos, ya sean del PSOE o del PP, para no facilitar determinadas informaciones, como los listados de personal de empresas o entidades con participación pública que escapan al control presupuestario y proliferan en España como auténticas «agencias de colocación» para los amigos del poder político de turno.

Pilar López Marco.

Anónimo dijo...

El Diario El Mundo publicó el 1/11/2009 un interesante Decálogo para que los corruptos no nos sigan saqueando, que podéis hallar aquí.

En materia urbanística, a Sevach le parece especialmente interesante la medida propuesta por Entrena Cuesta, Catedrático de Derecho Administrativo: ” Una Ley de Armonización desde la sencillez, el automatismo y el silencio positivo, atajando la discrecionalidad”. No se puede decir más con menos.

Chaves.

Anónimo dijo...

DECALOGO PARA QUE LOS CORRUPTOS NO NOS SIGAN SAQUEANDO:

LOS ESCÁNDALOS por corrupción han salpicado a todos los partidos, extendiéndose a lo largo de la década pasada por toda la geografía española. En base a las investigaciones de la Fiscalía, EL MUNDO calcula que el montante económico de la corrupción en los ayuntamientos, diputaciones y otras entidades públicas asciende a un mínimo de 4.100 millones de euros desde 1999 hasta hoy. La cifra -que equivale casi al presupuesto municipal de Madrid o al gasto estatal en Cultura en toda una legislatura- incluye tanto el pago de comisiones como las minusvalías o los sobreprecios que han tenido que asumir las instituciones. Se trata solamente de una estimación realizada a partir de los casos en los que ha habido sentencia judicial o, al menos, hay un sumario en curso. El montante real es, sin duda, muy superior a este cálculo. Hace unos días, una encuesta reflejaba que el 89% de nuestros lectores piensa que hay corrupción en su municipio.

Nuestro periódico siempre ha informado exhaustivamente sobre todos esos episodios. Hoy damos un paso más y, tras consultar a los partidos y expertos en la materia, hemos elaborado un decálogo de medidas para combatir esa lacra. Éstas son las propuestas para evitar el saqueo de nuestros bolsillos:

Anónimo dijo...

PRIMERO.

1) Reforma del Código Penal con endurecimiento de las sanciones. Nuestra legislación es demasiado benévola en el castigo a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, que raramente se sancionan con penas de cárcel superiores a un año. Como acaban de acordar todos los partidos en el Congreso, hay que reformar el Código Penal para aumentar el castigo por estos delitos y otros vinculados a la corrupción. Sería también adecuado ampliar los plazos de prescripción.

Anónimo dijo...

SEGUNDO:

2) Dotar de más ingresos a las corporaciones locales. Todos los expertos coinciden en que las fuentes de financiación de los ayuntamientos son insuficientes. En muchos casos, la caída de ingresos por la crisis económica les ha colocado al borde de la suspensión de pagos. Por ello, habría que reformar la Ley de Haciendas Locales para aumentar la participación de los ayuntamientos en los diversos impuestos estatales y estudiar la posibilidad de que las comunidades les cedieran la gestión y explotación de algunos impuestos autonómicos. Ello serviría para evitar su excesiva dependencia de las operaciones urbanísticas para financiarse

Anónimo dijo...

TERCERO:

3) Reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. En este apartado, resultaría obligado prohibir que los partidos, fundaciones y asociaciones vinculadas reciban, directa o indirectamente, donaciones de empresas contratadas por las Administraciones Públicas. Igualmente, deberían estar prohibidas las condonaciones de deuda a los partidos por parte de las entidades financieras.

Anónimo dijo...

CUARTO:

4) Reforma de la Ley Electoral. Una primera medida sería el desbloqueo de las listas electorales en las elecciones municipales y autonómicas para que los votantes pudieran tachar a candidatos que no les merecen confianza. Otra iniciativa podría ser apartar cautelarmente de las instituciones a todos los procesados por corrupción. También sería necesario establecer topes de gasto en las campañas electorales, en las que los partidos asumen deudas que luego no pueden devolver.

Anónimo dijo...

QUINTO:

5) Fortalecer el papel fiscalizador del Tribunal de Cuentas. Existe consenso político en la necesidad de aumentar los medios materiales y las competencias del Tribunal de Cuentas para que éste pueda cumplir con su obligación de fiscalizar a los ayuntamientos. En estos momentos, el Tribunal sólo controla el 70% de las cuentas de las corporaciones locales. El Tribunal tampoco tiene la posibilidad en la práctica de controlar el gasto de los fondos especiales y las ayudas que las corporaciones locales reciben del Estado.

Anónimo dijo...

SEXTO:

6) Liberalización del suelo. Las entidades que tienen las competencias en materia de suelo son las comunidades autónomas. Sería conveniente un gran pacto político para homogeneizar las normas. Una medida que contribuiría a evitar la especulación es la liberalización del suelo urbanizable, de suerte que fuera posible edificar en todo el territorio que no goce de una protección singular por causas medioambientales o de defensa del patrimonio. La restricción de la oferta de suelo favorece la corrupción.

Anónimo dijo...

SEPTIMO:

7) Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local. La filosofía de la reforma debería ser disminuir la discrecionalidad de las actuaciones de los ayuntamientos y aumentar los controles. Una de las medidas a adoptar sería la obligación de contar con interventores de cuentas que fueran auténticamente independientes, evitando la designación a dedo. Para ello, sería interesante pensar en la creación de un cuerpo estatal de interventores municipales por oposición. También sería aconsejable la simplificación de los procedimientos en aras de una mayor transparencia.

Anónimo dijo...

OCTAVO:

8) Cambios en la Ley de Incompatibilidades. Habría que reformar esta norma para que las personas que ocupan cargos en la Administración municipal no pudieran ser accionistas o tener responsabilidades de gestión o representación en empresas del sector inmobiliario y de la construcción. También habría que prohibir a los tránsfugas ocupar puestos en el gobierno municipal e impedir que su remuneración pueda ser elevada, como ha sucedido en muchos casos.

Anónimo dijo...

NOVENO:

9) Creación de un registro de intereses. Al igual que los diputados, los concejales y los responsables municipales del urbanismo deberían declarar su patrimonio en un registro de intereses, que se debería actualizar cada año. Igualmente, se podría crear otro registro público de recalificaciones de suelo

Anónimo dijo...

DECIMO:

10) Reforma de la Ley de Contratos del Estado. Habría que proceder a cambiar esta norma para evitar la contratación a dedo con trucos como el fraccionamiento de los contratos. También sería conveniente introducir mecanismos de seguridad jurídica y garantías para evitar las revisiones abusivas de precio. La oposición debería tener acceso a todos los documentos y expedientes relativos a los contratos e inversiones de los entes públicos

Anónimo dijo...

Parece que olvidan el fortalecimiento de una función pública profesional.

Anónimo dijo...

Claro, todas esas leyes que se citan quién las ha de aplicar.

Anónimo dijo...

La clase política es un reflejo de la sociedad de la que forma parte, que vive instalada en el fraude. Doy algunos ejemplos:

Cuando había que hacer la escritura de mi vivienda el vendedor me preguntó cuánto quería pagar en negro y le dije que nada, que yo sólo pagaba en blanco, se quedó a cuadros. Creo que era la primera vez que oía algo así. No he visto todas las escritura de mi urbanización, pero sí algunas, y mi vivienda es la más cara de todas.

Hay cuestionarios psicotécnicos en los que aparece una pregunta similar a ésta: Si supieras que nadie se va a enterar de que defraudas a hacienda, ¿lo harías? Si contestamos que no, seremos eliminados por falta de sinceridad.

Hay matrimonios felizmente casados que se divorcian para acceder a ayudas públicas como familias monoparentales.

De una sociedad corrupta no pueden surgir unos políticos honrados, salvo excepicones. Lo que sí que se puede y se debe hacer con urgencia es adoptar medidas que dificulten la corrupción. Igual que a nosotros nos controla hacienda porque se da por hecho que no vamos a pagar impuestos voluntariamente, hay que adoptar medidas que dificulten en lo posible la corrupción de los políticos. Algunas pueden ser éstas:
-Reducir al máximo la discrecionalidad administrativa.
-Suprimir la posibilidad de creación de sociedades mercantiles públicas. No puede ser que haya que crear una sociedad mercantil para limpiar las calles.
-La selección de los funcionarios que han de emitir informes no puede recaer en los mismos ayuntamientos. Creo que es imprescindible que los técnicos sean seleccionados por las comunidades autónomas.

Creo que sin la adopción de medidas drásticas y urgentes la cuestión no será si el estado de derecho podrá con la corrupción, sino si el estado de derecho y la democracia serán capaces de sobrevivir.

Anónimo dijo...

Creo que fue Alejandro Nieto en su libro libro “Corrupción en la España democrática” quien dijo que la corrupción seguía al Estado como la sombra al cuerpo. Claro que, si echamos un vistazo a nuestra historia no es para ser muy optimista, porque en todas las etapas hubo corrupción en la élite dirigente. Basta leer las novelas de Pérez-Reverte protagonizadas por Alatriste para ver a qué niveles se cernía la corrupción en el siglo XVII, y si avanzamos un poco más y vamos al XIX, con sus camarillas, corruptelas, rapiñas y fondos esquilmados es para echarse a llorar. Uno de los casos más sangrantes fue el del presidente del Gobierno José Luis Sartorius, uno de los políticos más corruptos y desvergonzados (con el producto de sus rapiñas compró el título nobiliario que aún hoy ostentan sus descendientes) cuyos latrocinios fueron tan atroces que hasta su propio partido le descabalgó de la presidencia.

Anónimo dijo...

Luis José Sartorius y Tapia. (Sevilla, 1820 - Madrid, 22 de febrero de 1871). Conde de San Luis. Periodista y político español durante el reinado de Isabel II.

Anónimo dijo...

Sartorius se formó como autodidacta en periodismo, fundando El Heraldo, periódico que se convirtió en uno de los puntales del Partido Moderado durante el reinado de Isabel II. Desde sus páginas combatió con vehemencia la regencia de Espartero, lo que le permitió en recompensa ser elegido Diputado en 1843. Fue Ministro de Gobernación con Ramón María Narváez y en el ejercicio de este cargo, en 1849, creó el sello de correos, para regularizar y agilizar la correspondencia en toda España. Desde este puesto controló los procesos electorales y se le atribuye haber falsificado muchos de los resultados en distintas elecciones mientras ocupó el cargo, lo que a la sazón le obligó a dimitir en 1851.

Anónimo dijo...

José Luis Sartorius Tapia


Sevilla, ~1820 — Madrid, 1871


Polític andalús, oriünd de Polònia.


De família humil, fou nomenat comte de San Luis. Ministre de la governació amb Narváez, introduí diverses reformes: millorament de les escoles primàries, plantació d'arbres, reglamentació interior del seu ministeri i reorganització de la policia, fundació de l'escola d'enginyers forestals, conducció d'aigües a Madrid, construcció del Teatro Real. També reglamentà la propietat literària, la qual cosa li valgué l'amistat de nombrosos escriptors. Fou president del Consell del 1853 al 1854, que fou enderrocat pel pronunciament dit la Vicalvarada (28 de juny de 1854). Ja era, però, impopular a les Corts per la quantitat de projectes que hi presentà i per la feina que pretenia que fessin els diputats. Fou ambaixador a Roma i presidí les darreres corts d'Isabel II.

Anónimo dijo...

¿De Polonia?

Anónimo dijo...

Ahora en galego:

Luís José Sartorius (Sevilla, 1820 - Madrid, 22 de febreiro de 1871). Conde de San Luís. Xornalista e político español.

De familia de orixe polaca, Sartorius formouse como autodidacta do periodismo, fundando El Heraldo, xornal que se convertiu nun dos puntuais do Partido Moderado durante o reinado de Isabel II. Dende as suas páxinas combatiu a rexencia de Espartero, o que lle permitiu en recompensa ser elixido Deputado en 1843. Foi Ministro de Gobernación con Ramón María Narváez. Dende este posto controlou os procesos electorais e atribúeselle falsificar moitos dos resultados en distintas elecións mentres que ocupou o cargo, o que lle obrigou a dimitir en 1851.

Foi nomeado Presidente do Consello de Ministros en 1853, en plena crise dos gobernos moderados dende a caída de Juan Bravo Murillo. Tras perder varias votacións no Congreso dos Deputados e no Senado, o 9 de decembro decidiu disolver as Cámaras e gobernar mediante decreto, vulnerando a Constitución de 1845. Neste período iniciou a persecución dos moderados adictos a Leopoldo O'Donnell, así como aos progresistas até a Vicalvarada e con ela, o fin da Década Moderada e o paso ao Bienio Progresista

Anónimo dijo...

Ignacio Arias: «No hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos»

LA NUEVA ESPAÑA.

Anónimo dijo...

El letrado de la Junta General del Principado y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA Ignacio Arias Díaz propuso ayer un código ético para evitar los casos de corrupción a través de una sencilla fórmula, separar la esfera política de la burocrática. «No hay políticos corruptos sin la colaboración de funcionarios permisivos», resumió en su intervención en el seminario jurídico «Gerardo Turiel», organizado por el bufete Mijares.

Como primera medida, Arias sugirió que «sólo los funcionarios de carrera puedan emitir informes que comprometan la voluntad externa de la Administración». Fuera quedarían los cargos de libre designación o de confianza, hacia los que Arias no se mostró necesariamente en contra.

En cuanto a los funcionarios que deciden dedicarse a la política, Arias estimó que deben cesar en sus puestos, en caso de ser elegidos. Si no lo son, añadió, deberían permanecer dos años en excedencia voluntaria. El Manual del Funcionario Inglés es aún más duro y prohíbe que los funcionarios concurran a las elecciones.

Arias también se decanta por el hecho de que «el personal político y de confianza no pueda dictar actos administrativos», una medida que, por ejemplo, Italia incluye en su ordenamiento legal. El letrado añadió que es imprescindible que «todos los actos administrativos incluyan no sólo la identificación del funcionario, sino su dirección y su correo electrónico», de forma que el ciudadano afectado por una resolución pueda recibir explicaciones de la misma.

El jurista es partidario de que en la web de la administración adjudicadora de un proyecto o contrato se publiquen todas las ofertas presentadas a los concursos, así como los criterios seguidos. La misma transparencia exigió de los procesos selectivos. No sólo debe publicarse la composición de estos órganos, cuyo presidente y secretario deben tener experiencia, sino que debe figurar cómo y cuándo se determinan los ejercicios y los criterios de valoración. «No se podrán realizar ejercicios de los que no quede constancia escrita y las entrevistas deben eliminarse», al introducir una valoración subjetiva que cuadra mal con los criterios de mérito y capacidad. También planteó crear una comisión ética, a la que cualquier funcionario podría recurrir en caso de conflicto con el poder político. «Con la corrupción se puede acabar con una dosis de ética», sentenció. «En este tema, la clase política está siendo tratada injustamente. Los políticos son víctimas de un funcionariado permisivo. Si un funcionario emite un informe que califica una resolución de ilegal, ningún político se atreve a seguir adelante»», aseguró. Y añadió que con secretarios como los de antes, esto es, pertenecientes a un cuerpo nacional -los actuales son de libre designación-, sería más difícil la corrupción en los ayuntamientos», donde es más fácil que se produzca al gestionar el urbanismo.

Anónimo dijo...

El Tribunal de Cuentas está poniendo en aprietos al PSOE aragonés a seis meses de las elecciones municipales y autonómicas. Ese órgano encargado de fiscalizar la actividad de las administraciones y entidades públicas ha abierto expediente de investigación por presuntas irregularidades en la adjudicación por parte del Gobierno aragonés de veintiséis contratos entre los años 2004 y 2005, por un valor total de 479 millones de euros. Algunos de ellos fueron otorgados por el Departamento de Educación cuando estaba al frente de él la ahora candidata socialista a la Presidencia del Ejecutivo autónomo, Eva Almunia.
Las irregularidades detectadas afectan a siete departamentos del Gobierno presidido por Marcelino Iglesias, que actualmente también es secretario de Organización del PSOE. La Fiscalía está investigando si esas anomalías también tienen consecuencias penales. Los contratos en cuestión fueron adjudicados por los departamentos de Salud, Medio Ambiente, Presidencia, Educación, Industria, Economía y Servicios Sociales.

ABC.

Anónimo dijo...

El portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Jesús Miguel Franco, calificó de «simple diligencia» la investigación abierta por las irregularidades en la adjudicación de estos contratos.

ABC.

Anónimo dijo...

Tiene más cara que espalda.

Anónimo dijo...

Es el mismo que dijo que el tema de ASAEL era una "cuestión de partido".

Anónimo dijo...

Habría que ir elaborando una antología del despropósito de los políticos aragoneses.

Anónimo dijo...

Una tarea adecuada para esa Asociación.

Anónimo dijo...

El Tribunal de Cuentas aclara que su informe sobre la DGA es "inamovible".

HERALDO DE ARAGON.

Anónimo dijo...

Lo escrito, escrito está.

Anónimo dijo...

Ahora, las informaciones que haya que dar al Fiscal.

Anónimo dijo...

Aunque será la Fiscalía la que las reclame.

Anónimo dijo...

Ni improvisaciones ni informes a medio hacer. El Tribunal de Cuentas dedicó aproximadamente un año de trabajo a recopilar y analizar toda la información sobre la gestión de la DGA durante 2004 y 2005. Según informaron ayer fuentes de esta institución, se siguió el proceso habitual, incluido el desplazamiento de funcionarios del órgano fiscalizador a las dependencias del Gobierno aragonés.

Con las conclusiones de ese extenso trabajo, en el que hubo un constante cruce de información entre la DGA y los auditores, se elaboró un informe que fue aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado mes de julio y que es el que ha detectado múltiples irregularidades en la gestión de la coalición PSOE-PAR. Ese documento es el que ha llevado a la Fiscalía de la institución, dependiente de la Fiscalía General del Estado, a abrir diligencias por presuntos delitos contables y penales.

heraldo de aragon

Anónimo dijo...

¿Vamos camino de nada?

Anónimo dijo...

Razón tenía Labordeta.

Anónimo dijo...

El Tribunal de Cuentas precisó ayer que ha seguido el procedimiento adecuado en el proceso de fiscalización de los presupuestos de Aragón en el año 2004 y 2005, en el que Fiscalía ha detectado posibles infracciones contables o penales. Según indicó en una nota, el pasado 23 de julio remitió al Congreso de los Diputados, las Cortes de Aragón y el Gobierno autonómico el informe, que publicó en la web. Además, indicó que antes de que se aprobara en el pleno del 20 de julio se sometió, como todos los proyectos, al dictamen de la Fiscalía, y señaló que el presidente del Tribunal de Cuentas presentó el informe y respondió a preguntas de los senadores acerca del resultado del dictamen emitido por la Fiscalía.

Por su parte, el Gobierno de Aragón indicó que siguen a la espera de conocer de forma oficial los requerimientos fiscalizadores.

EL PERIODICO DE ARAGÓN.

Anónimo dijo...

Comentario de Oroel:

No sé si el tema está suscitando suficiente atención pero es uno de los más graves del panorama político aragonés de los últimos años, sólo comparable con los escándalos de La Muela y Asael. En la página web del Tribunal de Cuentas pueden hallarse los informes de años anteriores y, a la vista de ellos, yo ya me preguntaba en mi blog hace años por qué no actuaba la Fiscalía.

No he leído este último informe todavía, pero cosas muy graves han debido aparecer si esta vez sí han considerado justificada su actuación. Desde mi punto de vista ya debería haber actuado antes.

http://oroel.blogspot.com/2007/01/aragn-est-vigente-el-estado-de-derecho.html

Lo que vendría a demostrar que la sensación de impunidad ha ido a más y les ha envalentonado. Y qué no habrá pasado en los años que restan por fiscalizar.

Anónimo dijo...

Unión, Progreso y Democracia, UPyD, celebra la intervención del Fiscal del Tribunal de Cuentas, ante las presuntas “irregularidades penales” cometidas por diversos departamentos de la DGA durante los años 2004 y 2005, incluidos los dirigidos por Eva Almunia y Alfredo Boné.

Miembros del partido de Rosa Díez han declarado que “las presuntas irregularidades en el 40% de los expedientes revisados por el Tribunal, quieren decir que el funcionamiento de la DGA precisa de un profundo cambio institucional”.

Cristina Andreu, Coordinadora Territorial y candidata de UPyD al Gobierno de Aragón, ha declarado que “si UPyD tuviera presencia en las Cortes de Aragón, pediría inmediatamente una comisión de investigación para aclarar las presuntas irregularidades cometidas en contratación, subvenciones y empresas públicas, así como la dimisión del Consejero Larraz. Esperamos que los partidos que representan a los aragoneses, hoy por hoy en las Cortes, abran una investigación”, ha declarado Andreu.

Para este partido, “es especialmente grave que el que fuera interventor de la DGA durante el periodo al que se refiere el Tribunal, Alfonso Peña, sea ahora miembro de la Cámara de Cuentas de Aragón”.

UPyD ya denunció la multitud de irregularidades incluidas en el informe del Tribunal de Cuentas, como el sobre precio de 142.000 euros pagados por Suelo y Vivienda de Aragón, la falta de concreción en los objetivos de los programas de gasto y el abuso de las subvenciones directas. Así como la ausencia de presentación de las correspondientes cuentas, opacidad y falta de justificación de algunas empresas públicas.

Para este partido emergente en Aragón, “es necesaria una nueva cultura de lo público, con una administración transparente que permita a los ciudadanos tener una conciencia clara de qué se hace con nuestro dinero”.

Anónimo dijo...

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS) El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, ha respondido a la oposición que será el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, el que comparecerá ante las Cortes de Aragón sobre los informes del Tribunal de Cuentas porque "es el que sabe exactamente de esta cuestión". La Fiscalía del Tribunal de Cuentas investiga posibles delitos contables en la gestión de 20 actuaciones del Gobierno de Aragón entre los años 2004 y 2005. En declaraciones a los medios de comunicación, Iglesias ha avanzado que "colaboraremos, como siempre que hemos hecho, en toda la información que nos pida el Tribunal" al aseverar que "creemos que es un problema de información". Así, ha indicado que toda la información que solicite "estará permanentemente a disposición del Tribunal porque somos los primeros que queremos que las cosas se hagan bien".

Anónimo dijo...

Esto no ha hecho más que empezar.

Anónimo dijo...

01/12/2010

Nieves Ibeas: "Es muy grave que se abran diligencias penales por las cuentas del Gobierno de Aragón"
El presidente del Tribunal de Cuentas informó ayer en el Senado de “la posible existencia de responsabilidades contables” en actuaciones del Gobierno de Aragón en 2004 y 2005, que ahora serán investigadas por la Fiscalía. CHA ha solicitado que mañana comparezca ante el pleno de las Cortes el presidente Marcelino Iglesias ante la gravedad de estas sospechas

Anónimo dijo...

Todo esto tiene muy mala pinta.

Anónimo dijo...

Y lo peor es que, posiblemente, no es más que un muestreo de la realidad.

Anónimo dijo...

El Gobierno está tocado.

Anónimo dijo...

¿Lo hundirá la Fiscalía?

Anónimo dijo...

Después de la Sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña y este Informe del Tribunal de Cuentas uno puede creer que la legalidad constitucional siempre acaba por imponerse.

Anónimo dijo...

Aunque lleve su tiempo.

Anónimo dijo...

El flamante secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, es uno de los buenos comunicadores que busca ZP para seguir en el poder. Pero el Tribunal de Cuentas muestra en un duro informe la peor faceta del presidente aragonés: su descontrol presupuestario.

EL MUNDO.

Anónimo dijo...

Todo el mundo en el PSOE parece llevarse bien con este aragonés que presidió el Congreso de 2000 que ganó Zapatero. Le aclaman desde Rubalcaba a Barreda y no suscita rechazo a José Blanco, aunque suponga el desembarco de barones en Ferraz. Al otro lado, tampoco podrán hablar mal de él ni Manuel Pizarro -Iglesias no apoyó la OPA de Gas Natural sobre Endesa- ni César Alierta, al que ha condecorado.

Todo el mundo le aplaude menos…el Tribunal de Cuentas. El máximo órgano fiscalizador del Estado ha remitido al Congreso un durísimo informe sobre la gestión del erario del Gobierno de Iglesias. En estos tiempos de lucha contra el déficit es impresentable que un Ejecutivo autonómico maneje los recursos públicos como lo hace el de Aragón, según el documento de 267 páginas.

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, remitió el borrador al propio Iglesias antes del verano para que presentara alegaciones, pero la mayoría de ellas han sido desestimadas por el consejo del Tribunal, que agrupa a vocales propuestos por el PP y por el PSOE. El informe fiscaliza los ejercicios 2004 y 2005 -el organismo tiene los medios que tiene- pero señala en sus recomendaciones finales que muchas de las carencias que ha encontrado siguen vigentes. El Tribunal de Cuentas no dice que haya detectado corrupción, pero es que, en realidad, apenas ha podido detectar algo: «Los presupuestos de gastos por programas no contienen objetivos e indicadores definidos y suficientemente explícitos. Esta circunstancia, unida a la carencia de contabilidad analítica, dificulta el conocimiento y análisis objetivo del coste y rendimiento de los servicios públicos». En cristiano, no sabe si los 6.000 millones que maneja cada año Iglesias están bien o mal repartidos, porque eso es un descontrol. Menos mal que sus 2.600 millones de deuda acumulada no son de los peores de España, pero la falta de transparencia es atroz.

«No existe base de datos de subvenciones concedidas ni recibidas por la Comunidad, ni el sistema de información contable permite conocer la relación entre la normativa y las correspondientes aplicaciones presupuestarias», afirma el Tribunal de Cuentas. «No se consigue determinar el valor de los bienes que integran el patrimonio (…) El sistema contable no contempla el seguimiento individualizado de los gastos con financiación afectada, lo que impide conocer las desviaciones de financiación» y así hasta una insólita lista de 38 irregularidades, incluida la imposibilidad de adivinar cuántos entes públicos existen y con qué personal.

Hay más. «Con respecto a las subvenciones concedidas sin convocatoria previa, no se acreditan las razones que justifican la concesión directa de las ayudas ni puede deducirse de las mismas la imposibilidad de someterlas a procedimiento de concurrencia». Incide por ejemplo, en dos contratos de publicidad institucional adjudicados por «Presidencia» por valor de 9,6 millones de euros. Ambos fueron «prorrogados con incrementos en los precios que fueron excesivos» y, aunque el Tribunal requirió «expresamente» los cálculos, «no se han aportado».

La lista es interminable y eso que los auditores apenas inciden en la Expo de Zaragoza de 2008, que ya fue objeto de un informe especial. Esa sociedad pública -participada por el Estado (80%), el Ejecutivo de Iglesias (17%) y el Ayuntamiento de Juan Alberto Belloch (2,5%)- terminó la aventura con unas pérdidas de 502 millones de euros. Una cifra tremenda aunque, según el PSOE de Madrid, similar a lo que ya lleva gastado Gallardón en el Palacio de Cibeles, todo sea dicho.

el mundo.

Anónimo dijo...

¿Cómo acabará este Gobierno?

Anónimo dijo...

¿Cuál será el legado del Marcelinato?

Anónimo dijo...

El Partido Popular ha pedido el cese del Consejero Larraz, mientras que Chunta Aragonesista exige la comparecencia de Iglesias. Izquierda Unida también quiere depurar responsabilidades.

Anónimo dijo...

¿Pero no era Consejero de Economía en aquellos años Eduardo Bandrés?

Anónimo dijo...

Zaragoza, 1 dic (EFE).- El portavoz del PSOE en las Cortes, Jesús Miguel Franco, ha dicho que el expediente abierto sobre las cuentas públicas de Aragón en 2004 y 2005 por el Tribunal de Cuentas es una "simple diligencia", y que este tipo de actuaciones son "normales y habituales" todos los años y en todas las comunidades autónomas.
Franco ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por las supuestas irregularidades penales detectadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en 26 contratos adjudicados por el Gobierno de Aragón en 2004 y 2005 por valor de 479 millones.
Este es un asunto que "hay que valorar en su justa medida" porque se está "sobredimensionando", ya que es "bastante habitual" en el Tribunal de Cuentas, ha indicado el diputado socialista.
Lo que ha hecho el órgano fiscalizador, ha explicado, es pedir testimonio y abrir "simples" diligencias que ya se verá "si conducen a alguna parte o no".
Además, ha añadido que los ejercicios en cuestión son anteriores a 2006, año en el que se modificó el procedimiento contable quedando determinadas cuestiones mucho más claras a priori.
Ahora, cuando la comunidad aragonesa dé la información que se le ha requerido, "todo quedará aclarado", entre otras cosas porque "cualquier contrato" se adjudica siempre en función de unos condicionantes técnicos.

EFE.

Anónimo dijo...

¿Este hombre sabe lo que dice?

Anónimo dijo...

Probablemente, lo que no sabe es qué decir.