¿QUIÉN PUEDE JUZGAR LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS CORTES DE ARAGÓN?: A PROPÓSITO DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO DE ARAGÓN
Zaragoza, 16 de octubre de 2008.
Las Cortes de Aragón representan al pueblo aragonés, como señala el artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y los Diputados y Diputadas de las Cortes de Aragón no están vinculados por mandato imperativo alguno, según dispone el artículo 38.1 del mismo Estatuto, aunque no parece entenderlo así el Gobierno de Aragón en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón.
Dicha exposición de motivos, al referirse a la facultad del Presidente para disolver anticipadamente las Cortes de Aragón, apunta la siguiente justificación: "De acuerdo con el artículo 52 del Estatuto de Autonomía, el Presidente de Aragón podrá disolver las Cortes de Aragón y convocar elecciones en cualquier momento de la legislatura siempre y cuando haya transcurrido un año desde la última disolución y cuando no esté en trámite una moción de censura. Se trata de una garantía del sistema democrático de tal forma que cuando la representación de las Cortes no se ajuste a la realidad social el Presidente pueda convocar nuevas elecciones que restauren la correcta representación popular". La explicación subrayada sólo puede producir sorpresa, estupor o desasosiego en el lector, especialmente si es aragonés, y ello por las razones que se exponen a continuación.
No resulta muy afortunado cuestionar la representatividad de las Cortes de Aragón y atribuir al Presidente la facultad de juzgar si la misma es correcta o no, para afirmar que la disolución de las Cortes persigue restaurar una correcta representación. Esperpéntico e inadmisible argumento para cualquiera que tenga una mínima sensibilidad o preocupación por el buen funcionamiento del sistema democrático y del régimen parlamentario.
Bastaría con consultar cualquier manual de derecho constitucional para saber que la facultad de disolución gubernamental del Parlamento no persigue, ni mucho menos, restaurar ninguna representatividad perdida o desvirtuada del Parlamento, sino que constituye un mecanismo de regulación de las relaciones entre Gobierno y Parlamento dirigido a garantizar la estabilidad y la viabilidad de la acción de gobierno. Así, y ante una posible crisis institucional provocada por la obstrucción parlamentaria a la actividad del Ejecutivo, cuando no resulte viable una moción de censura que posibilite un Gobierno alternativo, el Presidente cuenta con la facultad de disolver la Cámara y apelar a los ciudadanos mediante una convocatoria electoral. Esa facultad de disolución constituye, por ello, un mecanismo de disuasión de determinadas prácticas parlamentarias, así como de aseguramiento y cohesión de la mayoría parlamentaria.
Queremos confiar en que la afirmación de la exposición de motivos será necesariamente rectificada por las Cortes de Aragón en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, aunque sólo sea por reivindicación de su dignidad institucional. Ahora bien, el hecho de que una afirmación de tal carácter se haya deslizado en un proyecto legislativo aprobado por el Gobierno de Aragón es un claro indicador de la quiebra de los principios y valores básicos que han de regir un sistema democrático. Parece que al Gobierno de Aragón ya no le ruboriza cuestionar la representatividad de las Cortes de Aragón y erigir al Presidente en juez e intérprete supremo de la realidad social aragonesa.
Muy preocupante, sobre todo porque ese desliz no constituye un hecho aislado, sino que va acompañado de otras prácticas nada respetuosas con el Estado de Derecho, como es el caso del tratamiento dado al derecho fundamental de petición o la interpretación arbitraria de las normas, que hace posible el nombramiento de un Vicepresidente del Gobierno de Aragón en contra de lo que establece la vigente Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, en la que se establece la necesidad de que el Vicepresidente ostente la condición de Consejero, requisito que no ha sido respetado en la formación del actual Gobierno, cuya decisión también es exclusiva del Presidente.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
4 comentarios:
Sois atrevidos en extremo, por lo que veo.
El deterioro institucional lo alcanza casi todo, como vamos apreciando.
Ningún constitucionalista ha dicho nada sobre el tema, luego ...tampoco será tanta la gravedad, supongo.
¿O sea que es el Presidente el que juzga la representatividad de las Cortes y no éstas su legitimidad para gobernar cuando pierde los imprescindibles apoyos parlamentarios? Curioso. Es una interesante inversión de papeles. Un singular concepto de la democracia, sin duda.
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