Zaragoza, 9 de octubre de 2008.
"Para que una burocracia sea realmente eficiente, de cara a conseguir el cumplimiento de sus fines últimos, es preciso dotarla de determinados rasgos que permitan que sus actores (los funcionarios) interioricen o asuman como propios los fines de la organización": esta afirmación sirve de punto de partida al artículo que, bajo el título "Diagnóstico sobre la burocracia pública", aparece publicado en el número del pasado mes de septiembre de "Claves de razón práctica", firmado por Rodrigo Tena y Elisa de la Nuez.
El artículo contiene una lúcida reflexión sobre la necesidad de analizar las causas y no los síntomas de las actuales carencias de las administraciones públicas, y una de las principales causas apuntadas para explicar la actual situación es la falta de una verdadera carrera profesional que estimule el compromiso con los fines de la gestión y no lleve a refugiarse en el formalismo y en la huida de la responsabilidad.
Lo cierto es que en el debate entre los responsables de función pública y los representantes sindicales de la DGA en torno a la supuesta "carrera profesional" apenas se descubre conexión alguna con el objetivo al que debe servir una carrera profesional, habiéndose sustituido en este caso el objetivo (profesionalidad) por el incentivo (incremento retributivo), reduciendo la idea de "carrera profesional" a una excusa más para buscar incrementos retributivos, sin ninguna otra utilidad añadida, y con el grave inconveniente de falsear y malograr uno de los ineludibles debates que necesita la Administración aragonesa, como es el del fomento de la profesionalidad y su forma de reconocimiento.
No favorece tampoco la búsqueda de soluciones el contexto de descrédito de lo público que provoca la supeditación de las instituciones a las estrategias e intereses de los partidos políticos. Como se señala en el artículo citado, los funcionarios al servicio de las Administraciones son testigos directos, cuando no cooperadores necesarios, de la subordinación de las Administraciones a los intereses de partido, lo que genera en una gran parte de los servidores públicos una enorme dosis de escepticismo. Esta realidad ha sido precisamente una de las ideas centrales que llevaron a la constitución de esta Asociación: los funcionarios son un elemento de garantía del Estado de Derecho frente a los posibles excesos del poder político, cuya legitimidad de origen no les exime del más estricto sometimiento a las leyes en su acción de gobierno.
Mejorar la Administración –construir una burocracia efectiva al servicio de la democracia y de los ciudadanos- no es algo que se logre sólo con leyes o normas, sino que requiere de una estrategia más amplia, de una gama variada de instrumentos, pero previo a todos ellos se requiere una reflexión profunda y plural sobre las necesidades, carencias y potencialidades de una organización tan amplia y tan compleja como es, en estos momentos, la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ni el proceso de elaboración de la futura Ley de Función Pública de la Comunidad Autónoma viene precedido del análisis o diagnóstico necesarios –esta Asociación propuso, sin éxito, la constitución de una Comisión de Expertos que realizase una reflexión previa a la elaboración de cualquier proyecto normativo- ni se aborda de forma coordinada la regulación de los elementos que inciden en el funcionamiento de la burocracia administrativa: la omisión en el Estatuto de Autonomía de Aragón, tras su reforma de abril de 2007, de toda mención al derecho a una buena administración –obviando con ello la formulación elaborada en el ámbito de la Unión Europea y plasmada en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada en Niza el año 2000- y el escaso impulso dado desde el Gobierno de Aragón a los proyectos de mejora y calidad de los servicios públicos, así como la inexistente política de personal, dada la falta de iniciativa mostrada en este ámbito por el Departamento de Presidencia, son indicadores claros de que no se opera –o no se quiere operar- sobre las causas que lastran el buen funcionamiento de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Esa realidad no puede ser, en ningún caso, indiferente a quienes han hecho de la Administración Pública su profesión y su específico compromiso con la sociedad.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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