LA PUBLICIDAD COMO ELEMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

Zaragoza, 21 de octubre de 2008.

La publicación de determinados actos administrativos o acuerdos, prevista por la normativa, no siempre se configura como requisito de eficacia de los mismos, sino que en ocasiones se establece como simple elemento de publicidad, para asegurar su conocimiento general y, de ese modo, garantizar la transparencia en la gestión pública.

Es el caso, por ejemplo, de la publicación de las concesiones de las comisiones de servicios para cubrir puestos de trabajo de libre designación, publicación prevista en el artículo 41.1 de la Ley de Ordenación de la Función Pública aragonesa. Dicha publicación jamás se ha respetado, desde que se incorporó a dicho texto legal por la Ley 12/1996, hace ya doce años. La razón de tal incumplimiento es muy sencilla: al no hacerse depender de tal publicación la eficacia de la comisión de servicios acordada, el incumplimiento de tal publicación no tiene otro efecto que el de eludir la exigencia de transparencia pretendida por la norma. Los responsables públicos siempre hallarán excusas para justificar dicha falta de publicación: la última, expresada al Justicia de Aragón por parte del Director General de la Función Pública, Antonio Brun, es la falta de medios para llevar a cabo tal publicación, situación que se verá remediada, según explica en su informe, con el progresivo desarrollo de las utilidades del SIRHGA. La falta del SIRHGA no ha impedido, sin embargo, la publicidad de otras decisiones de personal, cuya publicación es requisito de eficacia, como es el caso de las adjudicaciones de puestos mediante libre designación o concurso. Ello lleva a pensar que tal publicación sólo se produce porque resulta ineludible para que surtan efectos tales resoluciones y no por voluntad de transparencia.

La falta de publicidad de las comisiones de servicios que prevé, inútilmente, la Ley de Ordenación de la Función Pública permite comprender la resistencia de los miembros del Gobierno de Aragón a la publicación de los nombramientos y ceses del personal eventual, medida propuesta por esta Asociación, pues tampoco dicha publicación determina la eficacia de los mismos, sino que constituye una simple garantía de transparencia en el acceso a uno de los ámbitos de la función pública, ya que no debemos olvidar que el personal eventual también es personal al servicio de la Administración Pública y no al servicio de personas físicas concretas ni de organizaciones distintas, aunque el criterio de confianza política pueda ser el elemento determinante en su nombramiento. La transparencia, además, es una condición previa para el ejercicio del control, tanto por los órganos especializados como por la sociedad civil en su conjunto.

Lo verdaderamente preocupante, en esta materia, es la tendencia creciente del Gobierno de Aragón a la opacidad en la gestión de los recursos públicos, como bien se demuestra con el personal de las empresas públicas, cuyos datos no ha dudado en negar a las propias Cortes de Aragón, reduciendo a la nada el control parlamentario sobre un ámbito de la gestión pública cada vez más amplio, que también se desea hurtar a los principios de publicidad que exige en materia de selección el Estatuto Básico del Empleado Público. La resistencia a la transparencia y al control se pone también de relieve con la inaplicada Ley de creación de la Cámara de Cuentas, que data ya de 2001, situación que configura a nuestra Comunidad Autónoma como una excepción a la regla de control financiero que rige en la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.

El gobierno en las democracias reposa sobre la confianza depositada por los ciudadanos en sus instituciones, pero las instituciones tienen un deber de transparencia en su funcionamiento para preservar la confianza ciudadana, y cuando en lugar de la obligada transparencia se opta por la opacidad, reclamando a los ciudadanos no confianza sino fe en la honradez de sus gobernantes, el resultado sólo puede ser la quiebra de la relación de confianza y la inaplazable exigencia de rendición de cuentas que acredite que no se ha defraudado la confianza de los ciudadanos. Un momento de crisis económica como el que vivimos puede precipitar inesperadamente esa exigencia.