NECESIDAD DE QUE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CUENTEN CON UNA AGENDA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN.

El problema de la corrupción pública reviste la suficiente entidad como para justificar que las instituciones públicas –en su totalidad- cuenten con una estrategia propia de prevención y lucha contra cualquiera de las modalidades en que dicha corrupción pueda concretarse, con el consiguiente sacrificio del interés general y consiguiente daño al buen funcionamiento de nuestra vida pública y al bienestar y cohesión de la sociedad. 

Desconocemos cualquier iniciativa o programa que, con la debida seriedad, trate de abordar tal problemática en el seno de la Administración Pública, más allá del impulso de normas que en ocasiones no constituyen sino una simple apariencia u operación de imagen sin compromiso real ni voluntad clara para hacer frente a todas aquellas prácticas y abusos que amenazan y menoscaban la correcta gestión de los intereses generales y de los recursos públicos aplicados a su realización.

Desde el año 2007, con la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas cuentan con un código de conducta y la formulación de una serie de principios éticos que han de regir la conducta de los empleados públicos, figurando en primer lugar el desempeño de sus tareas con sujeción y observancia de la Constitución y del resto de normas que integran el ordenamiento jurídico. Dichos códigos legalmente proclamados apenas han tenido trascendencia práctica alguna en el seno de la Administración autonómica, ni en su difusión ni en la formulación de concretos códigos para las diferentes áreas de gestión pública –en la que debieran individualizarse los riesgos propios y las cautelas exigibles- ni en el control de su cumplimiento por parte de los respectivos órganos responsables.

Es evidente que el comportamiento ético de los miembros de una organización solo resulta posible cuando la propia organización actúa de manera coherente con los principios proclamados, y éstos no son una mera declaración formal de intenciones sin consecuencia práctica alguna, y por ello resulta difícilmente realizable el compromiso estricto con la legalidad cuando los responsables políticos no tienen inconveniente en desatender el cumplimiento de las normas, entendiendo que sobre ellas prima, en todo caso, la voluntad política o la actuación arbitraria en el ejercicio de las potestades administrativas.

La no remisión a las Cortes de Aragón del proyecto de ley de presupuestos en el plazo marcado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, con el pretexto de que es preciso el previo acuerdo político para garantizar su aprobación, o la falta de respeto al régimen de selección del personal funcionario –con las consiguientes tasas de interinidad que degradan de manera grave la profesionalidad y la objetividad de la función pública-, o la abundante inaplicación de exigencias legales o manifiesta inactividad en desarrollos normativos de obligado impulso, generan un contexto en el que difícilmente los empleados públicos pueden dar cumplimiento a su deber ético de actuar conforme al ordenamiento jurídico, sin que ello les genere un conflicto con sus superiores jerárquicos.

Es necesario, por lo tanto, que nos dotemos de una agenda de prevención de la corrupción, en la que el impulso de códigos de conducta para los empleados públicos ocupe una posición destacada, para reforzar la importancia de los principios éticos en el desempeño profesional, pero dicha agenda debe incidir, de manera prioritaria, en el general deber de la organización pública de respeto al ordenamiento jurídico, en el que el primer obligado ha de ser el Gobierno de Aragón y, con él, el conjunto de los responsables políticos, en especial quienes asumen la labor de dirección de todo el aparato administrativo.

UN NUEVO AÑO QUE RECLAMA COMPROMISO Y NUEVAS INICIATIVAS.

Comenzamos la andadura de 2018 con la voluntad de seguir trabajando, desde la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, por los mismos objetivos que nos marcamos en 2007, en el inicio de nuestra actividad, que podemos sintetizar en la promoción y defensa de los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en el funcionamiento de las Administraciones y en la actividad de los servidores públicos.

Creemos imprescindible propiciar un espacio de reflexión, análisis y debate sobre la realidad de la función pública y sus necesidades de cambio, para que la función pública –en cada nivel de gobierno- sea un instrumento eficaz al servicio de los ciudadanos y del propio Estado de Derecho, y un agente activo de la calidad institucional de nuestra democracia. 

Ello pasa, a nuestro juicio, por la toma de conciencia del papel que corresponde a los servidores públicos en el aseguramiento de la legalidad y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en la efectiva realización de los derechos y deberes de los ciudadanos a través del correcto funcionamiento de los servicios públicos, en la credibilidad de la organización institucional como garante de la convivencia democrática y de la cohesión social.

Somos defensores de una democracia exigente, en la que los ciudadanos ejerzan un papel activo en el debate público y en el control de la actividad de los poderes públicos, sin cuestionar lo esencial de nuestro modelo de democracia representativa –y el papel central que corresponde a los representantes parlamentarios, como depositarios de la voluntad y la confianza de la sociedad-, y una pieza relevante de ese modelo de democracia exigente –con un Estado de Derecho eficiente que asegura la primacía de las leyes, como expresión de la voluntad colectiva y garantía de la libertad de todos frente al abuso arbitrario del poder- es una función pública plenamente comprometida con su labor de servicio al interés general, con elevado sentido de profesionalidad y un claro componente ético en su desempeño. 

Frente a los diferentes desafíos globales a los que se enfrenta nuestra sociedad, la función pública ha de constituir una fortaleza para afrontarlos, y ello exige compromiso y profesionalidad y plena orientación al servicio público –sin eludir la necesaria autocrítica que nos permita corregir deficiencias propias-, demandando del conjunto de la organización institucional coherencia con los principios democráticos y valores constitucionales y adoptando una posición de “resistencia constitucional” frente a todo aquello que amenaza y debilita los valores que han de presidir de nuestra actividad y el conjunto de la vida colectiva.

LECCIÓN DE INTEGRIDAD DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE EN LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN.

El Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, tuvo una brillante intervención pública ayer tarde en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, dentro del acto organizado por esta Asociación para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción, jornada destinada a difundir la estrategia contenida en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006, cuyos compromisos siguen en gran medida todavía pendientes de desarrollo.

Con una notable asistencia de público, y tras una breve presentación del acto realizada por el Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, Julio Guiral, el recientemente nombrado responsable de la Agencia Valenciana Antifraude abordó la problemática de la corrupción en España y la necesidad de reconocer la existencia del problema para afrontarlo con medidas eficaces, entre las cuales se encuentran las Oficinas Antifraude, instrumento propugnado desde hace ya más de dos décadas por la OCDE y la Unión Europea, y reforzado posteriormente por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, como agente especializado en la prevención de las prácticas corruptas en la acción pública, y de investigación de actuaciones irregulares de agentes públicos en el curso de los procedimientos administrativos y en la gestión de recursos públicos.

La detección de las zonas de riesgo y la identificación de las prácticas irregulares que puedan darse en cada área de la gestión pública, como paso previo para arbitrar los mecanismos de prevención propios de un marco de integridad institucional -entre los cuales han de figurar la formación de los empleados públicos, el establecimiento de códigos de conducta y los cauces de denuncia o alerta ética, con medidas de protección a los denunciantes de irregularidades o conductas ilícitas, para evitar que la denuncia pueda acarrearles perjuicios o represalias-, fueron aspectos expresamente destacados en la intervención llevada a cabo ayer.

La corrupción menoscaba el buen funcionamiento institucional y genera desconfianza ciudadana hacia los poderes públicos, degradando la calidad de la democracia, pero fundamentalmente afecta al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley, al hacer primar sobre razones objetivas otras de índole subjetiva dirigidas a favorecer el disfrute indebido de recursos públicos por redes clientelares, de naturaleza política, económica o familiar. Es una tarea de todos reaccionar frente a dicho estado de cosas –sin pensar que la corrupción es cosa de años pasados, de la que han de ocuparse los tribunales-, y para ello hemos de dotarnos de herramientas adecuadas, sin olvidar que los controles tradicionales se han mostrado ineficaces o han sido burlados por las redes corruptas. Pero es una tarea especialmente atribuible a responsables políticos y a quienes trabajan en las diferentes Administraciones, cuya profesionalidad y compromiso ético exigen una especial reacción frente a cualquier indicio o sospecha de corrupción. Pero para que ello se produzca de manera eficaz son precisos cauces idóneos –con confidencialidad y garantías suficientes- como los que la ley de creación de la Agencia Valenciana Antifraude viene a prever.

Fueron numerosos los casos relatados en su intervención que sirvieron para ilustrar la insuficiencia de los actuales medios de control y, como Asociación comprometida con el respeto al derecho de acceso a la función pública, queremos subrayar nuestra satisfacción por el hecho de que la ley reguladora de la Agencia Valenciana Antifraude incluya entre las áreas de especial supervisión y control la del acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo en la Administración, un área en la que hemos visto un persistente incumplimiento por parte de las Administraciones en asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la aprobación o ejecución de las ofertas anuales de empleo público, lo que ha sido causa de elevadas tasas de interinidad y de grave deterioro de la función pública en su funcionamiento.

Al acto de ayer se invitó a la práctica totalidad de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma, sin que ninguno de ellos asistiera ni excusara su inasistencia, salvo la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que agradeció la invitación pero alegó razones de agenda que le impedían asistir. Todos ellos se privaron, con ello, de la magistral exposición de Joan Llinares sobre el papel que corresponde desempeñar a las instituciones públicas en la prevención y lucha contra la corrupción. Y sobre todo perdieron la oportunidad de escuchar a un responsable público solvente y con credibilidad.

La conferencia de ayer fue una lección de integridad impartida por una persona que cree firmemente en la ética pública, y cuyo magisterio y ejemplo queremos agradecer expresamente. Fue un honor para esta Asociación contar con su presencia en el acto organizado este año para conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción. Un honor, una satisfacción y un poderoso estímulo para seguir trabajando.