lunes, 18 de diciembre de 2017

CONFERENCIA DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAUDE, JOAN LLINARES, EN LA BIBLIOTECA DE ARAGÓN, SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA.



El miércoles 20 de diciembre, a partir de las 19 horas, en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón (C/ Doctor Cerrada, 22, Zaragoza), se celebrará un acto público conmemorativo del Día Internacional contra la Corrupción, consistente en una conferencia del Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan LLinares, seguida de coloquio abierto entre los asistentes al acto.

El acto, organizado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, tiene como finalidad posibilitar una reflexión sobre los mecanismos para la prevención de la corrupción en la gestión pública, incluyendo el papel que corresponde en dicha labor a los servidores públicos, por su especial compromiso con la garantía de la legalidad en la actuación administrativa. Con dicho acto se pretende conmemorar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.

Para ello contamos con la presencia de un destacado experto en la materia, como es el Director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, persona de largo compromiso con el servicio público, cuya responsabilidad como titular de la recientemente creada Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana lo convierte en un cualificado ponente para abordar los instrumentos y estrategias idóneas para la prevención de la corrupción.

La Agencia Valenciana, de la que es titular, fue creada por la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de las Cortes Valencianas, como instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y también para proteger a las personas denunciantes, con la finalidad de fortalecer la actuación de las instituciones públicas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía.

La Agencia, de acuerdo con la Ley que la crea, tiene como función prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas e impulsar la integridad y la ética pública, así como el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos.

El análisis del papel de las Agencias Antifraude –como las creadas en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares- resulta particularmente oportunas a la vista de la reciente creación, en la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Agencia de Integridad y Ética Públicas, mediante la Ley 5/2017, de 1 de junio, y cuya fecha de efectiva implantación y entrada en funcionamiento no precisa su norma de creación.

En particular, reviste enorme interés el mecanismo de protección de los denunciantes, arbitrando cauces o canales idóneos para que los funcionarios públicos puedan poner en conocimiento de la Agencia actuaciones administrativas que se consideran irregulares, disponiendo de un régimen de protección para evitar posibles perjuicios en sus condiciones laborales o profesionales.

martes, 12 de diciembre de 2017

DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA INTERNACIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN.



Con motivo del reciente Día Internacional contra la Corrupción, que esta Asociación conmemorará con la realización de un acto público el próximo día 20 de diciembre, en el salón de actos de la Biblioteca de Aragón, queremos reproducir en nuestro blog la declaración formulada por Transparencia Internacional España, en la que se contiene un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas para alcanzar un Pacto contra la corrupción, en el que se contemplen medidas eficaces para luchar contra una de las amenazas más serias que viven nuestras democracias, al afectar a la credibilidad de las instituciones públicas y minar la confianza ciudadana hacia el compromiso de los poderes públicos con los valores constitucionales.

Desde nuestra Asociación nos sumamos expresamente a la campaña promovida por Naciones Unidas bajo el lema “UNIDOS CONTRA LA CORRUPCIÓN”, y seguimos entendiendo que la ética pública constituye una premisa ineludible en el ejercicio de la función pública y es un elemento indispensable en la labor de los servidores públicos, al que se sigue sin prestar la suficiente atención por parte de los responsables de las diferentes Administraciones. 

Reclamamos, con motivo de esta fecha, el desarrollo en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas de todas las medidas contempladas en el Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, y nos hacemos eco en esta nota de la declaración realizada por parte de Transparencia Internacional, como aportación destacada a la necesaria estrategia anticorrupción que ha de impulsarse tanto desde las instituciones como desde la propia sociedad civil.
Se reproduce, a continuación, el contenido íntegro de la declaración de Transparencia Internacional España:

En el Día Internacional contra la Corrupción (fijado el 9 de Diciembre por Naciones Unidas) Transparencia Internacional España hace una vez más un llamamiento a los Partidos políticos y grupos parlamentarios para que se pongan a la altura de los ciudadanos y respondan a su continuada petición de que consideren la corrupción como una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social, y lleguen así a un Pacto integral y efectivo contra la corrupción, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz las numerosas asignaturas pendientes en esta materia y tomen las diversas medidas legales e institucionales necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema y preocupación social.

TI-España recuerda a tal efecto que es tan necesario como urgente avanzar en la adopción de las siguientes Veinte medidas para prevenir y combatir la corrupción:

1) Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo poder de los Partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos.

2) Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.

3) Prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción.  Es importante que los eventuales corruptos sepan que no van a tener ninguna posibilidad futura de una condonación legal de sus delitos a través de la figura del indulto.

4) Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.

5) Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.

6) Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente cuatro años después de haberse publicado la Ley.

7) Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.

8) Regulación de los Lobbies: Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.

9) Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia (tanto externa como interna) de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).

10) Cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de sus contratos. De una forma tan inaceptable como preocupante una buena parte de las entidades públicas incumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

11) Eliminación del discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, pasando a basarse su designación en los principios de publicidad, mérito y capacidad, para evitar que sean elegidos por los propios Cargos electos a los que van a controlar.

12) Educación: Los Partidos políticos y grupos parlamentarios han de entender, y trabajar en aras de ello, que la solución más efectiva a medio y largo plazo es prevenir la corrupción a través de la educación de los ciudadanos, debiendo fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.

13) Empresas públicas: Necesario cumplimiento de unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de las empresas de titularidad pública en línea con los 10 Principios anticorrupción para las Empresas públicas recientemente publicados por Transparencia Internacional.

En cuanto al necesario aumento de la independencia y la transparencia de la Fiscalía General, se proponen las siguientes medidas:

14) Necesidad urgente de un Código Ético de la Fiscalía

15) Acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al Poder ejecutivo, y clarificar la relación entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia.

16) Afrontar la escasez de recursos humanos y lentitud en la Justicia.

17) Transparencia en los nombramientos de la Fiscalía.

18) Reforma jurídica de la carrera Fiscal.

19) Transparencia en los planes de actuación de los fiscales.

20) Autonomía en la dotación de nuevas plazas de fiscales.

Son las anteriores algunas de las medidas que pueden marcar un avance efectivo en la prevención y lucha contra la corrupción en este país, y sobre las que Transparencia Internacional España hace un llamamiento y un nuevo recordatorio con motivo del Día Internacional contra la corrupción”.

jueves, 7 de diciembre de 2017

SEMANA DE ANIVERSARIOS Y DE COMPROMISOS: CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.



La primera quincena de diciembre supone, cada año, una concentración especial de celebraciones relevantes, que no podemos dejar de significar, por lo trascendente de su significado para nuestra labor como Asociación. 

Comenzamos por el aniversario de la Constitución Española, texto fundacional, fundamental y fundamentador de nuestra democracia, y cuya vigencia sigue siendo indiscutible, más allá de las reformas o actualizaciones que quepa abordar para reforzar su eficacia y su papel transformador de la sociedad española. Las carencias que muestra nuestro sistema político no se deben tanto a las insuficiencias de la norma constitucional como al deficiente desempeño institucional y a las prácticas sociales poco coherentes con los valores proclamados en ella. Nuestro compromiso como ciudadanos y servidores públicos, desde nuestro acatamiento expreso a la norma constitucional, ha de dirigirse especialmente a la realización del programa que contiene para afirmar en el mayor grado posible los valores de libertad, igualdad y justicia, valores que toman cuerpo en cada una de las políticas públicas llamadas a atender las necesidades sociales y asegurar la convivencia y la cohesión social. La premisa básica para todo ello es garantizar el respeto de las leyes y la sujeción de los poderes públicos a sus previsiones, lo que nos obliga a reaccionar frente a la banalización de la ilegalidad: resulta inadmisible que los responsables políticos e institucionales minimicen la gravedad del incumplimiento de las normas, con el deterioro que ello supone para la fortaleza de nuestro Estado de Derecho y la credibilidad institucional.

Como Asociación seguimos reclamando la aplicación de las previsiones constitucionales que afectan a la función pública, que empiezan por el derecho de acceso a la misma en condiciones de igualdad, conforme a principios de mérito y capacidad, y concluye con el servicio objetivo al interés general, con pleno sometimiento a la ley y al derecho, que corresponde a la Administración Pública. Pese a los 39 años de vigencia constitucional, resulta evidente para todos que la Administración Pública sigue con usos de discrecionalidad y arbitrariedad difícilmente compatibles con las exigencias propias de un Estado de Derecho, donde el gobierno de las leyes busca precisamente evitar el uso arbitrario de las potestades públicas por quienes se encuentran, en cada momento, al frente de las instituciones. La falta de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en lo más esencial de sus previsiones, implica una ausencia de modelo real de función pública que repercute claramente en nuestra calidad democrática y en el nivel de eficiencia de nuestros servicios públicos.

Y concluimos los días de celebración con el Día Internacional contra la Corrupción, para celebrar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción en 2003, y el aniversario de la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, texto en el que se condensa el paradigma ético de nuestras sociedades contemporáneas –articulado a partir del respeto a la dignidad humana y del carácter inviolable de los derechos de las personas necesarios para preservar dicha dignidad-, una Declaración a la que apela nuestra Constitución como texto interpretativo de los derechos fundamentales y libertades reconocidos, lo que hace de una y otra vasos comunicantes. Los derechos humanos se convierten en derechos fundamentales tras su reconocimiento constitucional, y desde ese momento presiden nuestro ordenamiento jurídico y vinculan por igual a poderes públicos y particulares, obligando a unos a actuar para su realización y a otros a abstenerse para su respeto. 

Para que nuestra sociedad funcione y progrese es preciso que poderes públicos y ciudadanos contribuyamos con nuestra actuación responsable a fortalecer los valores que fundamentan nuestra vida colectiva –lo que consideramos constitutivo de una ética pública compartida por todos- y para ello es necesario un decidido compromiso en la prevención de la corrupción pública, es decir, de todas aquellas conductas y prácticas que sacrifican de manera indebida el interés público para obtener ventajas o beneficios particulares, defraudando la confianza ciudadana e incumpliendo el deber de integridad que conlleva el ejercicio de toda función pública. 

Por todo ello, un año más celebramos los valores de nuestra norma constitucional, cuya defensa asumimos en el ejercicio de nuestra labor como Asociación, y proclamamos nuestro total respaldo a todos los esfuerzos, ya sean institucionales o cívicos, para avanzar en el respeto de los derechos humanos, de cuya validez universal somos firmes defensores, y un año más celebraremos con un acto público el Día Internacional contra la Corrupción.