El Gobierno de Aragón aprobó
en la pasada semana –el martes 9 de diciembre- el texto del Proyecto de Ley de
medidas para la efectiva integración del Consorcio Aragonés Sanitario de Alta
Resolución en el Servicio Aragonés de Salud. Su votación en las Cortes de Aragón,
por el procedimiento de lectura única, está prevista para la sesión plenaria
del próximo jueves 18 de diciembre. La opacidad y precipitación de esta
iniciativa legislativa debería ser objeto de un rotundo rechazo.
Se trata de una iniciativa
legislativa cuya única finalidad es asegurar la integración del personal
laboral del Consorcio con contrato indefinido como personal del Servicio
Aragonés de Salud, en el que quedarán incorporados a plazas con la condición de
“a extinguir”. A juicio de esta Asociación, tal fórmula constituye un fraude de
ley –que contraviene las condiciones de
acceso al empleo público señaladas en la Constitución y en el
Estatuto Básico del Empleado Público- que debe rechazarse, pues su aceptación
abriría el camino a una integración futura del personal de las empresas públicas
en la Administración
departamental, consumando una maniobra de burla de las reglas de acceso a la
función pública y de desprofesionalización que solo cabe rechazar con total
rotundidad.
Todo Proyecto de Ley, según
lo exigido para su aprobación en la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, debe contar con
las necesarias memoria justificativa de la necesidad de la norma y memoria
económica, así como con los preceptivos informes de la Secretaría General
Técnica del Departamento competente –en este caso el de Sanidad, Bienestar
Social y Familia- y de la
Dirección General de los Servicios Jurídicos. Dada la
incidencia que el proyecto normativo tiene en materia presupuestaria y de
función pública, resultan igualmente preceptivos los informes del Departamento
de Hacienda y Administración Pública sobre tales materias. Tal documentación
constituye los antecedentes necesarios con que el Gobierno de Aragón debe acompañar al Proyecto de Ley al enviarlo a las Cortes de
Aragón para su tramitación. Así lo establece el artículo 122.1 del Reglamento
de las Cortes de Aragón: “Los proyectos de ley remitidos por la Diputación General
de Aragón irán acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes
necesarios para poder pronunciarse sobre ellos”.
Pues bien, el Gobierno de
Aragón no solo ha omitido el envío de los antecedentes necesarios para que los
Grupos Parlamentarios puedan valorar la corrección jurídica y oportunidad
política de las condiciones establecidas para la integración del Consorcio en
el Servicio Aragonés de Salud, sino que, a través de los Grupos Parlamentarios que le respaldan en la Cámara,
pretende que el texto sea tramitado a través del procedimiento de lectura
única, procediéndose a su votación esta misma semana, sin tiempo suficiente
para realizar un estudio suficiente del texto, pues que se pretende que la
integración despliegue todos sus efectos a partir del 1 de enero de 2015.
Es evidente que la
tramitación de esta norma, en la que concurren opacidad y precipitación en
dosis alarmantes, constituye una deliberada estrategia de imponer una solución
arbitraria preestablecida tanto al Parlamento como a la sociedad –incluidas
todas las personas afectadas, de uno u otro modo, por la integración
pretendida-, sin permitir un análisis y debate adecuados.
Llama la atención, una vez
más, que el Gobierno de Aragón, ante una iniciativa legislativa que plantea
relevantes dudas de carácter jurídico –en todo lo que afecta a la pretendida
integración del personal del Consorcio en el Servicio Aragonés de Salud-,
prescinda de recabar la opinión del Consejo Consultivo, cuya objetividad e independencia
lo avalan como el supremo órgano consultivo del Gobierno autonómico. La Ley 1/2009, de 30 de marzo,
del Consejo Consultivo de Aragón, señala en su artículo 16, la posibilidad de
reclamar dictamen facultativo de dicho órgano en relación con cualquier
anteproyecto de ley. Es evidente que las implicaciones jurídicas que reviste la
integración del Consorcio y las condiciones que correspondería aplicar a su
personal, para asegurar su adecuación a la normativa de función pública,
aconsejaba la solicitud de dicho dictamen facultativo, para una mejor decisión
legislativa.
Al no recabarse tal dictamen, el Gobierno de
Aragón parece más interesado en imponer la solución de integración prevista
–aunque pueda resultar antijurídica- que ajustar las condiciones de integración
a las exigencias del ordenamiento jurídico de aplicación, en particular en todo
lo concerniente a la adquisición de la condición de empleado público y al
régimen jurídico que quepa aplicarles tras dicha incorporación.
Esta Asociación, ante la
manifiesta insuficiencia de la tramitación realizada y la carencia de un
correcto análisis de las implicaciones que la incorporación del personal tiene
en la futura actividad y gestión de los centros del Consorcio que pasan a
depender del Servicio Aragonés de Salud, va a solicitar al Gobierno de Aragón
la retirada del Proyecto de Ley de las Cortes, así como a la Mesa de las Cortes y a los
diferentes Grupos Parlamentarios la revocación del acuerdo de tramitación por
lectura única del citado Proyecto de Ley, al carecer el Parlamento de la
información necesaria para tomar una decisión adecuada e impedir el
procedimiento acordado llevar a cabo el necesario estudio y debate de la fórmula
de integración propuesta por el Gobierno.
En el caso de aprobación del
Proyecto de Ley en sus actuales términos, esta Asociación planteará la
oportunidad de su impugnación, por vicio de inconstitucionalidad, tanto a la
institución del Defensor del Pueblo como al Presidente del Gobierno de la Nación y a los Grupos
Parlamentarios de las Cortes Generales. No podemos permanecer callados ante lo
que supone una decisión arbitraria del Gobierno de incorporar a la función pública
a un amplio colectivo al margen de las reglas constitucionales de acceso a la
misma, con evidente quiebra del principio de igualdad entre todos los
ciudadanos. Es obligado reaccionar para evitar que esta decisión produzca
efectos y sirva de precedente para futuras integraciones del personal del
sector público autonómico –de entidades y empresas públicas- que ha accedido a
sus puestos de manera ajena a los principios de igualdad, mérito y capacidad
que se exigen para ingresar en la función pública.
