Desde
la Asociación,
y como ha sido costumbre en toda nuestra trayectoria, ante las sugerencias dirigidas por el Justicia
de Aragón a miembros del Gobierno de Aragón, nos hemos dirigido al Consejero de
Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz, para solicitarle la aceptación
expresa a la sugerencia emitida por el Justicia de Aragón según la cual “el
Departamento de Hacienda y Administración Pública debe garantizar que los
funcionarios de nuevo ingreso obtengan un primer destino definitivo conforme a
riguroso orden de puntuación final, evitando que la prolongación de la
permanencia en un destino provisional vulnere sus derechos e intereses”.
Asimismo,
aprovechamos el escrito remitido para recordarle al Consejero la obligación de
dar respuesta razonada a las peticiones formuladas al amparo del artículo 29 de
la Constitución
Española, tal y como se establece en la Ley Orgánica 4/2001,
de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, y para informarle de
que, visto el incumplimiento de tal obligación por su parte, nos hemos visto en
la necesidad de formular una queja ante el Justicia de Aragón y de recabar la
intervención de la
Presidenta del Gobierno de Aragón.
Se
reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito dirigido al Consejero
de Hacienda y Administración Pública:
“Excmo.
Sr. Consejero
Departamento
de Hacienda y Administración Pública
Pza.
de los Sitios, 7
50071-ZARAGOZA
Zaragoza,
28 de agosto de 2013.
Estimado
señor:
El
pasado mes de julio, a raíz de un queja formulada por parte de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el
Justicia de Aragón formuló a ese Departamento una sugerencia señalando que “el
Departamento de Hacienda y Administración Pública debe garantizar que los
funcionarios de nuevo ingreso obtengan un primer destino definitivo conforme a
riguroso orden de puntuación final, evitando que la prolongación de la
permanencia en un destino provisional vulnere sus derechos e intereses”.
Consideramos
que la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios ha de ajustar sus actuaciones a lo previsto en el
ordenamiento jurídico, de manera que la adjudicación del primer destino
definitivo a los funcionarios de nuevo ingreso se realice conforme a lo
señalado en el artículo 28.3 de la
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma,
según el cual “los funcionarios de nuevo ingreso ocuparán los puestos de
trabajo que se les ofrezcan, de acuerdo con la necesidad del servicio y según
las preferencias manifestadas por riguroso orden de puntuación final” obtenida en
el correspondiente proceso selectivo.
Frente
a ello, la Dirección
General de la Función
Pública y Calidad de los Servicios ha optado, en los
recientes procedimientos de concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, por que los funcionarios de nuevo ingreso –al llevar algunos más de
dos años en destino provisional- accedieran a su primer destino definitivo
mediante la participación en el concurso de méritos, aplicando así en la
adjudicación del mismo el baremo de méritos propio de los concursos y no el
orden de puntuación final obtenida en el correspondiente proceso selectivo. Tal
decisión resulta, por lo tanto, contraria a Derecho.
A
la vista de la sugerencia realizada desde el Justicia de Aragón, nos dirigimos
a ese Departamento para solicitarle, al amparo del derecho fundamental de
petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución
Española, que se proceda a la aceptación de la indicada
sugerencia.
Aprovecho
asimismo para señalarle que la Ley Orgánica
4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, establece la
obligación para toda autoridad pública ante la que se ejerza dicho derecho de
proceder al acuse de recibo de la petición y a la emisión, en el plazo de tres
meses, de una respuesta razonada de aceptación o rechazo. Ante la ausencia de
respuesta a algunas de las peticiones que hemos dirigido a ese Departamento, le
comunico que nos hemos visto en la necesidad de plantear una queja ante el
Justicia de Aragón y solicitar la intervención de la Presidenta del Gobierno
de Aragón para que el derecho de petición de los ciudadanos sea respetado por
los miembros del Gobierno de Aragón y los altos cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón.
Agradeciendo
de antemano su atención, y quedando a la espera de la respuesta que establece la
Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre,
reciba un atento saludo.
Julio
Guiral Pelegrín. Presidente de la
Asociación para la Defensade la Función Pública Aragonesa”
