Durante la semana pasada, la Asociación se ha dirigido por escrito a un gran número de Colegios Profesionales de Zaragoza, Huesca y Teruel, tanto para darles a conocer la existencia de la Asociación, como para exponerles su campaña a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente, como elemento necesario para reforzar y garantizar el carácter profesional de la Administración Pública, entendiendo que en la promoción de los valores profesionales al servicio de la sociedad los Colegios Profesionales y la Administración comparten unos mismos objetivos.
La noción de profesionalidad es consustancial al servicio público y esa profesionalidad es inseparable de los principios de mérito y capacidad que rigen en los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas y de los principios que integran la ética propia de cada profesión.
La promoción de la “ética profesional” será, sin duda, un campo de colaboración futura entre la Asociación y los Colegios Profesionales de Aragón.
En este momento, sin embargo, se considera prioritario que los Colegios Profesionales demanden del Gobierno de Aragón medidas que refuercen la profesionalidad de quienes prestan los servicios públicos a la sociedad, y el principal elemento para ello es el respeto estricto a las normas de selección de personal por parte de los responsables de función pública, mediante la aprobación anual de la oferta de empleo público, incluyendo todas las plazas que exige la ley, y el desarrollo de los diferentes procesos selectivos en los plazos fijados.
Se reproduce, a continuación, la carta remitida a los colegios profesionales.
Zaragoza, 26 de junio de 2007.
Colegios Profesionales de Aragón.
Estimados señores:
Me dirijo a ese Colegio, en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darles a conocer tanto nuestra Asociación como la campaña pública que, en estos momentos, estamos desarrollando a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en el mes de febrero de este año, pretende agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra actividad irá dirigida en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.
Coherentemente con nuestros objetivos, hemos promovido una campaña pública para recordar al Gobierno de Aragón su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de selección de personal y oferta de empleo público en la Administración autonómica, dado el manifiesto incumplimiento producido en esta pasada legislatura, en la que no se aprobó oferta de empleo público los años 2005 y 2006, sin que, además, la práctica totalidad de los procesos correspondientes a la oferta aprobada en el año 2004 hayan sido convocados o concluidos a esta fecha.
Asimismo, la reciente aprobación de la oferta para el año 2007 supone a juicio de esta Asociación un nuevo incumplimiento de la legalidad, al no incluirse en ella el número de plazas necesarias y que se encuentran desempeñadas por personal interino, restringiendo con ello de forma arbitraria el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Ello nos ha llevado a impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba dicha la Oferta de Empleo Público para 2007.
Entendemos que la profesionalidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de todos los servicios que demanda nuestra sociedad, cada vez más compleja y exigente.
La selección de los funcionarios públicos realizada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucionalmente garantizados, es un elemento esencial para lograr una Administración profesional y eficiente, además de asegurar el derecho de acceso al empleo público a todos aquellos profesionales que desean ejercer su actividad en dicho ámbito.
Creemos que ese Colegio Profesional no puede ser ajeno a esta preocupación, por lo cual le solicitamos que, a través de sus órganos de gobierno, pueda manifestar al Gobierno de Aragón el interés social que supone una correcta aplicación de las normas de selección de personal para asegurar el adecuado nivel de profesionalidad en el conjunto de los servicios públicos.
Con tal motivo, le adjuntamos el documento elaborado por esta Asociación, en el que se expresa el valor del acceso al empleo público como derecho de los ciudadanos y se exponen las razones por las que esta Asociación ha considerado necesario impugnar judicialmente el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Aprovecho asimismo para manifestarle nuestra voluntad de colaboración con ese Colegio en todo lo que guarde relación con la mejora de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma, remitiéndoles un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
La noción de profesionalidad es consustancial al servicio público y esa profesionalidad es inseparable de los principios de mérito y capacidad que rigen en los procedimientos de selección de personal en las Administraciones Públicas y de los principios que integran la ética propia de cada profesión.
La promoción de la “ética profesional” será, sin duda, un campo de colaboración futura entre la Asociación y los Colegios Profesionales de Aragón.
En este momento, sin embargo, se considera prioritario que los Colegios Profesionales demanden del Gobierno de Aragón medidas que refuercen la profesionalidad de quienes prestan los servicios públicos a la sociedad, y el principal elemento para ello es el respeto estricto a las normas de selección de personal por parte de los responsables de función pública, mediante la aprobación anual de la oferta de empleo público, incluyendo todas las plazas que exige la ley, y el desarrollo de los diferentes procesos selectivos en los plazos fijados.
Se reproduce, a continuación, la carta remitida a los colegios profesionales.
Zaragoza, 26 de junio de 2007.
Colegios Profesionales de Aragón.
Estimados señores:
Me dirijo a ese Colegio, en mi calidad de Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, para darles a conocer tanto nuestra Asociación como la campaña pública que, en estos momentos, estamos desarrollando a favor de una oferta de empleo público correcta y suficiente en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en el mes de febrero de este año, pretende agrupar a todos los funcionarios de la Administración autonómica aragonesa deseosos de trabajar por el respeto de los principios, valores y normas que han de regir el ejercicio de la función pública, de modo que la Administración contribuya al buen funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho y del Estado autonómico, conforme a lo establecido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Aragón.
Nuestra actividad irá dirigida en todo momento a promover en el conjunto de las instituciones públicas de la Comunidad Autónoma los principios de legalidad y de ética pública, así como los de eficacia, eficiencia, transparencia y participación ciudadana. Pretendemos contribuir con nuestro esfuerzo a hacer realidad una Administración profesional al servicio de la democracia y de los ciudadanos.
Coherentemente con nuestros objetivos, hemos promovido una campaña pública para recordar al Gobierno de Aragón su obligación de garantizar el cumplimiento de la ley en materia de selección de personal y oferta de empleo público en la Administración autonómica, dado el manifiesto incumplimiento producido en esta pasada legislatura, en la que no se aprobó oferta de empleo público los años 2005 y 2006, sin que, además, la práctica totalidad de los procesos correspondientes a la oferta aprobada en el año 2004 hayan sido convocados o concluidos a esta fecha.
Asimismo, la reciente aprobación de la oferta para el año 2007 supone a juicio de esta Asociación un nuevo incumplimiento de la legalidad, al no incluirse en ella el número de plazas necesarias y que se encuentran desempeñadas por personal interino, restringiendo con ello de forma arbitraria el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución española. Ello nos ha llevado a impugnar, ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, por el que se aprueba dicha la Oferta de Empleo Público para 2007.
Entendemos que la profesionalidad, ya sea en el sector público o en el sector privado, constituye un elemento fundamental para el correcto funcionamiento de todos los servicios que demanda nuestra sociedad, cada vez más compleja y exigente.
La selección de los funcionarios públicos realizada conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, constitucionalmente garantizados, es un elemento esencial para lograr una Administración profesional y eficiente, además de asegurar el derecho de acceso al empleo público a todos aquellos profesionales que desean ejercer su actividad en dicho ámbito.
Creemos que ese Colegio Profesional no puede ser ajeno a esta preocupación, por lo cual le solicitamos que, a través de sus órganos de gobierno, pueda manifestar al Gobierno de Aragón el interés social que supone una correcta aplicación de las normas de selección de personal para asegurar el adecuado nivel de profesionalidad en el conjunto de los servicios públicos.
Con tal motivo, le adjuntamos el documento elaborado por esta Asociación, en el que se expresa el valor del acceso al empleo público como derecho de los ciudadanos y se exponen las razones por las que esta Asociación ha considerado necesario impugnar judicialmente el Decreto 67/2007, de 8 de mayo, del Gobierno de Aragón.
Aprovecho asimismo para manifestarle nuestra voluntad de colaboración con ese Colegio en todo lo que guarde relación con la mejora de los servicios públicos de nuestra Comunidad Autónoma, remitiéndoles un cordial saludo de los miembros de la Junta Directiva de esta Asociación.
Julio Guiral Pelegrín
Presidente de la Asociación para la Defensa
de la Función Pública Aragonesa
