Un
objetivo específico de la actual campaña a favor del respeto al pleno ejercicio
del derecho de acceso a la función pública, con la consiguiente modificación o
supresión de la técnica de las tasas de reposición que incorporan, cada año, las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado, es la de ponerla en conocimiento de
diferentes organizaciones de servidores públicos constituidas para la defensa
de los valores propios de la función pública, en ámbitos diferentes de la Administración Pública,
como es el caso del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros
de Administración Local (COSITAL), que agrupa a los funcionarios de
administración local de habilitación estatal.
La
actual campaña es una magnífica oportunidad para compartir con otras
organizaciones, de las diferentes administraciones públicas españolas, una
reflexión sobre el actual momento de la función pública y la necesidad de
agrupar esfuerzos para acometer iniciativas conjuntas para combatir el deterioro que han sufrido elementos
esenciales del modelo constitucional de función pública, como es el caso del
derecho fundamental de acceso a la función pública en condiciones de igualdad,
conforme a principios de mérito y capacidad, como disponen los artículos 23.2 y
103.3 de la Constitución
Española.
Debemos
avanzar hacia una convergencia en planteamientos sobre las exigencias de
legalidad, profesionalidad y ética en el ejercicio de la función pública, de
modo que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno del Estado –estatal,
autonómico y local- podamos contribuir de manera efectiva a la afirmación de
los principios del Estado de Derecho y a la implantación de elevados estándares
de calidad institucional, avanzando en objetivos de buen gobierno y buena
administración.
En
dicho empeño de sumar voces a la presente campaña, y establecer una red de colaboraciones
para futuras iniciativas, nos hemos dirigido al Consejo General de Secretarios,
Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL), por el importante
alcance de su implantación en el conjunto del territorio español y la
relevancia de su papel en el funcionamiento de nuestras entidades locales.
Se
reproduce a continuación el contenido íntegro del texto dirigido a dicha
entidad:
“Sr.
Presidente del
Consejo
General de Secretarios, Interventores y
Tesoreros
de Administración Local
C/
Carretas, 14, 3º A
28012-MADRID
Zaragoza, 6 de noviembre de 2013.
Estimados compañeros:
Como
organización dedicada a la defensa y promoción de los principios
constitucionales que ordenan la función pública, y dentro de las acciones que
venimos desarrollando para reclamar el respeto al derecho fundamental de acceso
a la función pública que reconoce a todos los ciudadanos la Constitución Española
y que regula el Estatuto Básico del Empleado Público, deseamos informaros de
que hemos iniciado una campaña ante el Congreso de los Diputados y el
Ministerio de Hacienda y Administración Pública para cuestionar la adecuación
constitucional de las tasas de reposición de efectivos que contienen las Leyes
de Presupuestos Generales del Estado y que, nuevamente, se prevén en el
artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014,
actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados..
Creemos
que los términos del artículo 21 del actual Proyecto de Ley en tramitación, con
exclusión de incorporación de personal de nuevo ingreso durante 2014, con la
única excepción de la prevista tasa de reposición del 10% en determinados ámbitos
o sectores de la
Administración, desconocen de forma indebida el derecho de
acceso a la función pública de los ciudadanos y contribuye, de manera directa,
al deterioro de la función pública, generando un creciente volumen de
interinidad, con la consiguiente quiebra del derecho fundamental de acceso de
los ciudadanos y del régimen de garantía que para el desempeño de la función
pública supone la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
Ambos
resultados constituyen un menoscabo de nuestro Estado de Derecho, lo que obliga
a revisar la idoneidad y constitucionalidad de tales medidas. Consideramos
necesario que las previsiones en materia de oferta del Proyecto de Ley de
Presupuestos, actualmente en tramitación, se ajusten al régimen establecido en
el artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público, de manera que se
incluyan en la Oferta
anual el conjunto de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos,
salvo que se proceda a su amortización.
Hemos
dirigido nuestros argumentos frente a la inadecuada técnica de las tasas de
reposición, para sugerir que las medidas de contención del gasto de personal no
conlleven una lesión al derecho fundamental de acceso, tanto a los diferentes
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, con el fin de que puedan
analizar y revisar la actual redacción del artículo 21 del Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales, como a los responsables de Función Pública y
Presupuestos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para que
modifiquen dicha técnica y posibiliten el pleno ejercicio del derecho de
acceso, en las condiciones establecidas en el Estatuto Básico del Empleado
Público y señaladas por el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de octubre de
2010.
Deseamos
no solo informaros del desarrollo de esta campaña, sino también animaros a que
suméis vuestras iniciativas a la misma, para entre todos lograr que se
restablezcan las garantías del régimen de acceso a la función pública y se
corrijan las elevadas tasas de interinidad que, en estos momentos, comprometen
la nota de profesionalidad de los servidores públicos y desfiguran de manera
preocupante el modelo constitucional de función pública, con sus notas de
mérito, capacidad e imparcialidad.
Os
hacemos llegar el documento de análisis que, sobre la cuestión planteada, ha
elaborado esta Asociación, que gustosamente sometemos a todas aquellas
observaciones que nos queráis hacer llegar..
Agradeciéndoos
de antemano vuestra atención, recibid nuestro más cordial saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”
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