lunes, 7 de octubre de 2013
EL DEFENSOR DEL PUEBLO ADMITE A TRÁMITE QUEJA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA POR VULNERAR EL RÉGIMEN DE OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO.
La Adjunta Segunda del Defensor del Pueblo, Concepció
Ferrer i Casals, ha comunicado a esta Asociación la admisión a trámite de la
queja planteada contra el Ayuntamiento de Zaragoza, por vulneración del derecho
fundamental de acceso a la función pública al incumplir el régimen de oferta de
empleo público previsto para las Administraciones Públicas.
El
contenido del escrito señala lo siguiente:
“Una
vez estudiada su queja, SE DA POR ADMITIDA, por considerar que reúne los
requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución y en la
Ley Orgánica de 6 de abril de 1981,
reguladora del Defensor del Pueblo.
Se
inician las actuaciones oportunas ante el Ayuntamiento de Zaragoza y la Consejería de Hacienda
y Administración Pública del Gobierno de Aragón. Tan pronto como sea recibida
la información solicitada, esta Institución se pondrá de nuevo en contacto con
usted.
Le
saluda muy atentamente,
Concepció
Ferrer i Casals
Adjunta
Segunda del Defensor del Pueblo”
Celebramos
la noticia de que el Defensor del Pueblo, como órgano constitucionalmente
previsto para la protección de los derechos fundamentales, haya considerado
procedente supervisar la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza en relación al
régimen de oferta de empleo público, pues los incumplimientos que se produzcan
en dicha materia inciden en el ejercicio efectivo del derecho fundamental de
acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución
Española. Nos parece especialmente destacable el dato de que el ámbito de supervisión no se limite, en exclusiva al propio Ayuntamiento de Zaragoza, sino que se extienda a los órganos de la Administración autonómica competentes en materia de función pública.
Su
actuación se suma a la emprendida tiempo atrás por el Justicia de Aragón, que
se ha visto en la necesidad de reiterar su petición de información al
Ayuntamiento de Zaragoza por la falta de respuesta de éste.
Confiamos
en que ambas instituciones puedan persuadir al Ayuntamiento de Zaragoza para
que ajuste su política de personal al respeto de la legalidad y, con ella, a la
garantía del derecho fundamental de acceso a la función pública de los
ciudadanos.
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2 comentarios:
Esto parece serio.
Lo de persuadir no suena muy jurídico, pero a lo mejor es la capacidad propia de esas instituciones.
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