ES MOMENTO DE ACTUAR.

Cuando los datos de las encuestas de opinión ponen de manifiesto una creciente desafección de los ciudadanos hacia la vida política -identificada casi en exclusiva con los partidos políticos- y la realidad muestra evidencias cada vez mayores del deterioro que sufre el funcionamiento de nuestras instituciones públicas -no tanto por los fenómenos de corrupción que aparecen de forma constante, como por la falta de reacción de los responsables políticos para corregir la dinámica en la que parece haberse instalado la vida pública-, queda poco margen de decisión para quienes tenemos el servicio público como actividad profesional y como compromiso personal.

Podemos pensar que la situación no nos incumbe, porque el rumbo de las instituciones lo marcan otros y porque no nos corresponde suplir la labor de control que han de ejercer la oposición, los medios de comunicación y los propios ciudadanos, pero con ello estaríamos vaciando de todo contenido el papel de los servidores públicos en el aseguramiento de los valores constitucionales y en la garantía de funcionamiento del Estado de Derecho. ¿Por qué tienen que velar otros por el buen gobierno de los asuntos públicos, cuando la ley ha encomendado en buena medida esa responsabilidad a quienes trabajan -trabajamos- en las administraciones públicas, con la garantía de la inamovilidad, establecida precisamente para que podamos asegurar el respeto de la legalidad, sin que ello pueda conllevarnos el riesgo de ser despedidos?

La coyuntura actual de crisis económica -a la que se viene a sumar el preocupante descrédito de la actividad política- requiere una revitalización del sentido de ciudadanía, del compromiso de todos con el régimen de libertades y de solidaridad, entre personas y entre territorios, que representa nuestra Constitución. Sólo renovando la confianza en los valores compartidos y en un horizonte común como sociedad, dentro del proyecto europeo, es posible encauzar y resolver los problemas a los que hoy nos enfrentamos, problemas que ya revisten la suficiente entidad como para que puedan verse agravados por el deficiente funcionamiento de nuestras instituciones y la desconfianza generalizada de los ciudadanos.

En ese contexto, los servidores públicos deben -debemos- actuar con la responsabilidad que les es exigible, como ciudadanos al servicio de las instituciones democráticas y como profesionales al servicio de los demás ciudadanos, para hacer del interés general la prioridad absoluta de su actividad diaria. Ello no supone renunciar a la actitud crítica y exigente hacia quienes dirigen políticamente las instituciones, al mismo tiempo que se actúe con la máxima dedicación y responsabilidad para que los servicios públicos funcionen de la forma más eficiente posible y cumplan mejor que nunca el papel que les corresponde en asegurar la cohesión social.

Esta Asociación es sensible tanto a la necesidad de ejercer una creciente actividad de control en cuanto al respeto a los valores y principios de la función pública por parte del Gobierno de Aragón y de los altos cargos de la Administración autonómica -también ahora, desde la reforma de nuestros estatutos, en el resto de las Administraciones Públicas presentes en el territorio aragonés- como a la necesidad de fomentar un espíritu de servicio y de compromiso social en el conjunto de la función pública aragonesa, para que los servidores públicos no sean percibidos como una carga o gravamen de la sociedad, sino como uno de sus principales activos.

Cumplir ambos objetivos exige actuar sin demora, convencidos de que sólo una acción dedicida para devolver a los valores constitucionales plena vigencia en el conjunto de las instituciones puede hacer recuperar su credibilidad y la imprescindible confianza de los ciudadanos en la función pública aragonesa.

Esta Asociación invita a todos a actuar desde la posición que cada cual ocupe en la organización administrativa, todas ellas igualmente valiosas para el objetivo pretendido.