LA VULNERACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA COMO DISCRIMINACIÓN Y QUIEBRA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

El reconocimiento constitucional del derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, establecido en el artículo 23.2 CE, cabe considerarlo como una manifestación más del principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 14 CE. Nos encontramos, por lo tanto, ante la necesidad de que la ordenación del derecho de acceso a la función pública evite cualquier resultado discriminatorio respecto a las personas que desean acceder a la función pública, pero también respecto al personal incorporado a las Administraciones Públicas.

Se desconocen las razones objetivas que imponen restricciones en el acceso al empleo público, cuando las necesidades de personal  de las Administraciones Públicas abonan el criterio contrario, pues la existencia de los actuales niveles de interinidad son un dato incontestable de las razones de extraordinaria y urgente necesidad que han motivado su incorporación a la función pública. Las Leyes de Presupuestos nunca han justificado la razón de ser de los límites establecidos ni de sus variaciones, pero el resultado de todo ello es fácil de constatar en los boletines estadísticos de personal de las Administraciones Públicas.

Hay personas a las que se les impide acceder a la condición de funcionario de carrera, a través de la limitación o exclusión de oferta de empleo público, mientras otras personas desempeñan puestos públicos durante largos periodos sin haber superado ningún proceso selectivo conforme a los principios constitucionales requeridos. Ello rompe las condiciones de igualdad en el acceso a la función pública, devaluando al mismo tiempo la dedicación al servicio público como labor profesional y desincentivando la vocación de quienes desearían obtener la condición de servidores públicos, ingresando en los diferentes cuerpos de funcionarios de las Administraciones Públicas. El bloqueo de puestos ocupados por interinos supone una manifiesta quiebra del principio de acceso a la función pública, al sustraerlos de las correspondientes ofertas de empleo público y de los procesos selectivos públicos correspondientes. Con ello se impide el ejercicio del derecho de acceso en condiciones de igualdad, y se posibilita el desempeño de puestos por personal que no ha acreditado mejor derecho en las obligadas pruebas selectivas.

Pero la quiebra del principio de igualdad que resulta del incumplimiento del régimen de acceso a la función pública se manifiesta igualmente en la realidad interna de las Administraciones Públicas, al convivir colectivos de empleados públicos, como son los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos, con derechos y garantías claramente diferentes. Los funcionarios de carrera, a través de los procesos de movilidad y de promoción interna, pueden acceder a los puestos ocupados por funcionarios interinos, provocando su cese. Sin embargo, la insuficiente oferta de empleo público impide a dicho personal interino contar con posibilidades de acceder a la condición de funcionario de carrera, situación que los coloca progresivamente en una clara desventaja profesional y también vital, cuyos costes son los propios de toda situación de discriminación.

El restablecimiento de la plena efectividad del derecho de acceso a la función pública debiera corregir esta doble discriminación, permitiendo ocupar los puestos a quienes acrediten mejor derecho en los procesos selectivos realizados y evitando que en el seno de las Administraciones convivan colectivos tan disímiles como los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos en proporciones tales que evidencian la disfuncionalidad resultante de la inaplicación del régimen legal de acceso a la función pública.

No solo hay que acceder a la función pública en condiciones de igualdad, sino que el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley obliga a ser escrupulosos en el respeto al derecho de acceso a la función pública, pues la inaplicación del mismo es origen de manifiestas discriminaciones entre los ciudadanos y entre los propios empleados públicos.