LOS INCUMPLIMIENTOS ACUMULADOS REQUIEREN UN COMPROMISO EXPRESO DE CAMBIO DE LOS NUEVOS RESPONSABLES.

Esta Asociación, en diferentes escritos dirigidos a responsables de la Administración de la Comunidad Autónoma, ha puesto de manifiesto el incumplimiento de diferentes obligaciones legales, como pueden ser el Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, que prevé la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón (cuya aprobación debía producirse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley), o el Informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón (cuya elaboración corresponde al Consejo Aragonés de Servicios Sociales, según lo señalado en la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón), y que sigue sin confeccionarse después de seis años de vigencia de la Ley.

Son muchos los desarrollos reglamentarios de las leyes que siguen pendientes del obligado impulso normativo del Gobierno de Aragón, y muchas las obligaciones legales de otra naturaleza que carecen de realización o cumplimiento, algo que debiera motivar una seria reflexión por parte de los nuevos responsables del Gobierno de Aragón, pues no debemos olvidar que, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, entre las funciones propias del Presidente se encuentra la de dirigir la elaboración de disposiciones de carácter general, cuya aprobación en muchos casos constituye un requisito necesario para el ejercicio efectivo de derechos legales reconocidos a los ciudadanos. Nada justifica la inactividad de la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones legales, y la voluntad de corregir dicha inactividad debiera estar entre las prioridades del nuevo equipo de Gobierno.

Desde esta Asociación vamos a repasar los diferentes escritos de petición dirigidos a responsables administrativos y que, hasta la fecha, no han recibido respuesta, al objeto de reiterarlos ante los nuevos responsables departamentales, y al mismo tiempo nos dirigiremos al Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para sugerirle la oportunidad de repasar el conjunto de desarrollos reglamentarios pendientes para asegurar tanto los derechos de los ciudadanos ocomo el ejercicio eficaz de las potestades administrativas, así como aquellos supuestos de incumplimiento reiterado de obligaciones legales, que parecen reducir las leyes a mandatos sin valor.

Todo este conjunto de incumplimientos debiera haber sido una preocupación del Justicia de Aragón, pues los mismos suponen una quiebra del ordenamiento jurídico aragonés y, en muchos casos, una lesión a los derechos de los ciudadanos, pero pese a nuestra reiterada insistencia en aspectos como la obligada aprobación anual de la Oferta de Empleo Público, jamás hemos conseguido que dicha institución ejerciese un control de oficio en dicho campo, viéndonos obligados a formular año tras año nuestras quejas por ello, al tiempo que optábamos por acudir a los Tribunales, dado que el Gobierno no se considera vinculado por las resoluciones del Justicia de Aragón, ni siquiera cuando, de manera inevitable, se limita a recordar algo tan obvio como la obligación de cumplir las leyes.

Solo las resoluciones judiciales parecen capaces de corregir este estado de cosas. Pero, si existiese un Gobierno verdaderamente comprometido con la legalidad y el Estado de Derecho –cosa elemental en un sistema constitucional como el nuestro-, el cumplimiento de las leyes y el aseguramiento de los derechos de los ciudadanos debiera ser la prioridad en su actuación. Asegurar el cumplimiento de las leyes y someter la propia actuación al principio de legalidad es un rasgo propio de un gobierno democrático, de un gobierno cuyo poder no puede ser omnímodo ni arbitrario sino limitado por el Derecho.

Esperamos cambios significativos en la actuación del Ejecutivo autonómico en materia del respeto a la legalidad –empezando por el ámbito de la función pública, pero también en el conjunto de la acción administrativa-, pero no vamos a dejar de reclamarlos desde el primer momento de la actual legislatura, como ya hemos hecho recordando al Presidente del Gobierno de Aragón las obligaciones que le impone la Ley de Transparencia para aprobar, en los primeros seis meses de la legislatura, un Plan de Gobierno que refuerce el control de la acción del Ejecutivo tanto por las Cortes de Aragón como por el conjunto de la sociedad. La credibilidad del cambio exige hacer realidad las previsiones y mandatos de la Leyes.