Esta
semana el Boletín Oficial de Aragón publicaba diez ceses de funcionarios que
ocupaban puestos de libre designación en diferentes ámbitos de la Administración
autonómica, si bien una parte importante de los mismos correspondía a puestos del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, donde cesan la totalidad de los
funcionarios que se hallaban al frente de un servicio o de una dirección
provincial. No serán los únicos, pues a ellos seguirán con toda probabilidad
otros muchos, al margen de aquellos otros cambios que, al afectar a comisiones
de servicios, carecen de visibilidad en el Boletín Oficial, pues se incumple el
deber de publicidad que establece el artículo 41 de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón. Será bueno conocer, en su momento, el total de ceses motivados por
el cambio de gobierno y razonar el modelo de administración a que responde
todo lo sucedido.
Es
un hecho sobre el que es necesario reflexionar. Algo funciona mal cuando un
cambio de gobierno lleva aparejada una renovación tan significativa del nivel
profesional, lo que equivale a cuestionar la propia profesionalidad de dicho
nivel. A juicio de esta Asociación, lo que está sucediendo indica claramente el
pésimo sistema de provisión de puestos de trabajo existente en nuestra Administración
–donde el nivel profesional queda a plena disposición del nivel político, debido
al uso y abuso de la libre designación, olvidando con ello la naturaleza institucional
de la función pública, para reducirla a un mero instrumento al servicio de la dirección
política-, y pone en entredicho la pretendida regeneración y reforma de la Administración anunciada
por el actual Presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán. No hay criterio
que venga a avalar los cambios que se están produciendo. Parece más bien un
ejercicio generalizado de discrecionalidad política y de colonización de las
estructuras administrativas con candidatos afines política o personalmente.
Resulta
particularmente llamativo lo sucedido al producirse con más celeridad el relevo
en el nivel profesional que en el nivel directivo, dado que, en ciertos casos,
se producen cambios en el segundo nivel de la estructura administrativa –el profesional-
con antelación al relevo del nivel directivo, de mayor perfil político. Todo
ello no hace sino distorsionar las estructuras administrativas y quebrar el
principio de jerarquía administrativa, generando disfunciones evidentes en el
funcionamiento de las diferentes áreas de gestión.
El
elevado número de ceses en el nivel profesional de la Administración al
que asistimos es un signo indicativo de las debilidades estructurales de
nuestra organización y del pésimo diseño del sistema de provisión de puestos de
trabajo. Ni el acceso a los puestos de trabajo ni su desempeño está regido por
criterios estrictos de profesionalidad e imparcialidad. Por el contrario, el
cambio de gobierno genera para muchos una oportunidad insospechada de promoción
profesional al margen de los criterios de mérito y capacidad. Bastan las
conexiones personales y razones ajenas a la profesionalidad –como es la afinidad política- para poder acceder a los puestos que dejan
libres los cesados. Estos, a su vez, tratan de buscar acomodo en los puestos
que dejan libres los ahora promovidos, si bien cargan con el estigma de haber
colaborado con el anterior Gobierno, confundiéndose una vez más el principio de
“eficacia indiferente” con el de servicio a las políticas denostadas de la
pasada legislatura. No digamos si los funcionarios a recolocar han sido altos cargos en la anterior etapa, pues frente a la reserva de puesto de trabajo que les corresponde no se dudará en invocar la "incomodidad" que genera su posible reincorporación. En estos casos, el estigma es doble, lo que merece una revisión específica de la pretendida profesionalización del nivel directivo.
En
la actual coyuntura, por encima de la suerte personal de cada uno, ya se vea beneficiado
o perjudicado por los cambios producidos, urge una reflexión colectiva sobre el
sinsentido del sistema de provisión de puestos de trabajo, que permite la
generalización de ceses como los que observamos en el inicio de cada
legislatura, con los que cada Gobierno viene a disponer de la Administración de
forma libérrima, haciendo cada vez más irrealizable cualquier empeño de
verdadera profesionalización. El resultado de todo ello es una quiebra
organizativa que terminan pagando –en el doble sentido de la palabra- los
ciudadanos, con un mayor coste e ineficiencia de los servicios y con una
quiebra de los principios de objetividad e igualdad en la aplicación de las
leyes.
17 comentarios:
Pésimo comienzo para la nueva legislatura.
Qué piensa de todo esto el nuevo Director General de Función Pública?
Qué coste económico conllevan todos estos ceses?
Lo controla Hacienda?
Nadie se cree verdaderamente los principios de mérito y capacidad. Pura retórica.
El problema de las LD es que también son Libre Cese.
Como no hagas el informe en el sentido que yo quiero, como no pongas que 2 y 2 son 5, o bien 7, según convenga, o que este contrato es troceable y así se puede burlar tal normativa o tal control, entonces corres el riesgo de que te cese. Tú verás. Ganarás menos dinero y estarás en un puesto de menos relumbrón. Si es que en esta Adminstración gris puede hablarse de relumbrón.
Creo que los políticos en España tienen muy claro o no quieren tener clara la diferencia entre las libres designaciones y el nombramiento de personal eventual, creen que los dos casos son para nombrar “a quien yo quiera”.
Estoy convencido de la íntima conexión entre la “pertinaz” corrupción que asola este país,fenómeno inexplicable en una democracia consolidada, y la quiebra del sistema de función pública,
No puede haber seguridad jurídica cuando el concurso de provisión directamente no existe en las Administraciones locales y mayoría de las autonómicas, cuando los interinos son “eterninos” y ocupan puestos con responsabilidades directas en contratación o urbanismo por poner un ejemplo, o en definitiva, la igualdad, mérito, y capacidad, son meras ilusiones.
Y sin seguridad jurídica, no hay derecho.
Amigo funcionario, si no eres de los elegidos, que Dios te pille confesado porque a no ser que pases por el aro de los que llevan la batuta de la Administración Española estarás de por vida destinado al más largo de los olvidos y, eso si, siempre tendrás que estar muy agradecido de haber superado la oposición.
¡Pobre de aquél que le pille a su lado a un compañero que presente (oculto siempre) algún grado de parentesco de consanguinidad o afinidad respecto a sus superiores!, o que esté dispuesto a tragar tanto como le echen sin rechistar.
Tengo mis dudas, porque a los políticos al menos podemos echarles cada cuatro años votando en su contra, pero a los funcionarios vagos y corruptos (que los hay) ¿cómo les echamos?
Los que tengan alguna edad se acordarán de las “astillas” en los Juzgados, cuando había que pagar la mordida al funcionario de turno para que el papel se moviera.
Los puestos de libre designación han de servir como un puente entre los cargos políticos y los puestos puramente profesionales de funcionarios. Una de la misiones principales del Gobierno es dirigir la Administración. Si el Gobierno, en cuyo Presidente ha depositado la confianza el Congreso de los Diputados elegido por el voto de los españoles, cree oportuno realizar cambios en la Administración necesita que entre los puestos directivos de funcionarios existan funcionarios de su confianza que estén a favor del cambio que demanden los ciudadanos. Pero esa necesidad cuando traspasa ciertos límites puede hacer quebrar la objetividad en el ejercicio profesional de los funcionarios, y por lo tanto de la Administración, objetividad exigida por el artículo 103.1 de la Constitución española.
Por lo tanto creo que hay que buscar un equilibrio entre la necesaria adaptación de la Administración al cambio político que consideren los españoles oportuno en cada momento y la objetividad en la actuación de la Administración. La mejor garantía para que ese equilibrio se pueda producir es que todos los puestos sin un contenido particularmente necesario para el cambio político sean cubiertos por el procedimiento de concurso.
El sistema actual de cobertura de puestos por el sistema de libre designación está claramente corrompido. Urge cambiarlo y urge controlarlo en primer lugar mediante medidas preventivas exigiendo procedimientos internos transparentes y rigurosos, donde se conozcan bien los méritos de cada uno de los candidatos y se justifique la selección.
“El dilema del techo de cristal del funcionario neutral”: Esto quiere decir pura y simplemente que hoy en España un funcionario neutral tiene un “techo de cristal”, o pocas posibilidades de ascender a un puesto de libre designación, dado que se van a primar méritos no profesionales a la hora de seleccionar a los candidatos, ya se trate de la afinidad ideológica, la confianza, la amistad o el puro y simple intercambio de favores.
Parece que es necesario tomar partido para tener algunas expectativas de promoción, o estar en el entorno de alguien que ha tomado partido.
Y ...qué podemos hacer? En ocasiones es humillante y siempre desmotivador
Estamos en una Administración donde triunfan los de confianza, interino perpetuos (no porque trabajen mucho mejor que un funcionario), temporales a los que les enseñan que si se portan bien seguiran y sino a la calle. La mayoria de los funcionarios estamos estigmatizados, salvo los de confianza. Y la confianza para que la quieren, lo que deberian solicitar es funcionarios que trabajen dando lo mejor, sin ningún color. Las libres designaciones, interinidades, comisiones de servicio, etc. son situaciones a las que se agarran los políticos y algunos funcionarios del Grupo A para...................
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