jueves, 24 de septiembre de 2015

INCUMPLIMIENTOS POR INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: UNA INERCIA QUE ES NECESARIO CORREGIR.



El pasado mes de junio, nos dirigimos a diferentes miembros del Gobierno autonómico en funciones –como eran el Consejero de Hacienda y Administración Pública o el de Sanidad, Bienestar Social y Familiar-, para expresarles nuestro reproche por el incumplimiento de determinadas obligaciones legales, como pudieran ser la aprobación del Plan general de mejora de la calidad de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, o del Informe anual sobre el estado de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Aragón. El término de una legislatura debiera comportar un balance en el que cada responsable público expusiera sus actuaciones y reconociese sus incumplimientos, aportando los motivos de estos últimos.

Es difícil que un responsable político reconozca incumplimientos de la Ley, y menos aún que exprese los motivos que no le han permitido cumplir los mandatos de las normas, lo que sin duda es un fracaso claro en su gestión. Ocurre incluso, por sorprendente que pueda parecer, que dichos responsables desconocen buena parte de las obligaciones que establecen las leyes, o anteponen sus propias iniciativas a los mandatos expresos de la ley, como si el cumplimiento de éstos quedase sujeta a la voluntad de cada responsable político. Este modo arbitrario de gobernar, donde se niega a las leyes cualquier valor cuando imponen obligaciones de hacer, debiera ser objeto del más enérgico reproche institucional y ciudadano. También debiera analizarse si dicho incumplimiento se debe a una manifiesta dejación de los profesionales de la Administración, al interiorizar como algo habitual el incumplimiento de las normas.

Nuestros diferentes escritos, como era de esperar, no obtuvieron respuesta alguna que razonase los motivos de tales incumplimientos, ni hubo siquiera acuse de recibo al recordatorio de las obligaciones desatendidas. Creemos, sin embargo, que las entidades de la sociedad civil –condición que corresponde a esta Asociación- tienen la obligación de ejercer una labor de control de la acción pública, y deben señalar las deficiencias en que incurre dicha acción, pues dicha actividad de control es una actuación que viene a reforzar objetivos de buen gobierno y buena administración.

Lo verdaderamente anómalo es que un Gobierno incumpla las leyes y  que ello no sea detectado ni señalado por nadie, empezando por las Cortes de Aragón o el Justicia de Aragón, instituciones a las que viene encomendada una función expresa de control de la acción de gobierno y de respeto del ordenamiento jurídico aragonés, respectivamente, por el propio Estatuto de Autonomía de Aragón. No tiene mucho sentido que la labor de control que ha de ejercerse institucionalmente deban asumirla las entidades ciudadanas, pues ello es signo de que el aparato institucional del que nos hemos dotado no está funcionando adecuadamente.

Ningún cambio de gobierno, como el producido en la nueva legislatura, es causa de excepción en el deber de cumplimiento de las leyes, y el actual Gobierno de Aragón de Javier Lambán ha de ser consciente que, desde el primer momento, ha de respetar el ordenamiento jurídico y someterse a sus exigencias, y que sus incumplimientos serán puestos de manifiesto por quienes consideran que el respeto al principio de legalidad es condición indispensable para legitimar una acción de gobierno. Por ello, esta Asociación seguirá en su empeño de reclamar a los nuevos responsables lo mismo que exigía a los anteriores, empezando por la necesidad de que el envío del Proyecto de Ley de Presupuestos a las Cortes de Aragón se produzca con anterioridad al 1 de octubre del ejercicio en curso, tal y como establece el artículo 111.4 del Estatuto de Autonomía de Aragón.