martes, 19 de noviembre de 2013

CAMPAÑA CONTRA LAS TASAS DE REPOSICIÓN: RESPUESTA DEL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA.



Con motivo de la campaña desarrollada desde esta Asociación frente a las tasas de reposición de efectivos incorporadas cada año a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, convirtiéndose en un límite al ejercicio del derecho de acceso a la función pública que contraviene frontalmente el Estatuto Básico del Empleado Público y, por extensión, el artículo 23.2 de la Constitución Española, nos dirigimos a los Subsecretarios de todos los Ministerios de la Administración General del Estado para reclamar una modificación de dicha técnica, de manera que las medidas de contención del gasto de personal resulten compatibles con la garantía del régimen de acceso al empleo público.

A nuestro escrito, viene a contestar el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, en los términos siguientes:

“D. Julio Guiral Pelegrín
Presidente
Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa

Estimado Sr:

Acuso recibo de su escrito del 28 de octubre pasado, en el que plantea una serie de reflexiones sobre el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos, sobre la tasa de interinidad en el empleo del sector público, etc., y todo ello en relación con las limitaciones a la incorporación de nuevo personal que prevé el artículo 21 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

En tal sentido, el derecho de acceso a la función pública de los ciudadanos que Vd. menciona no puede ser, a mi modo de ver, un derecho absoluto en virtud del cual el Gobierno tenga la obligación de convocar anualmente un volumen determinado de oferta de nuevo empleo público. Hay otras consideraciones de peso como podrían ser analizar las necesidades reales de personal de las Administraciones Públicas o la eficiencia en la gestión de los Recursos Humanos disponibles, por no hablar de la situación económica del país o de las cuentas del sector público. No hace falta que le recuerde que España se encuentra en un proceso de consolidación fiscal, fruto de su pertenencia y de sus compromisos con la UE y consecuencia de una intensa crisis económica, que dura ya más de cinco años y que el Gobierno está comprometido en superar con todas las herramientas a su alcance.

Por otra parte, aunque las excepciones a la tasa de reposición cero, son cuantitativamente modestas (10%), una lectura atenta del artículo 21 de la Ley de Presupuestos para 2014, nos muestra que abarcan una gran diversidad de sectores de las Administraciones Públicas, desde la educación y la sanidad, hasta las FF y CC de Seguridad o la Justicia, pasando por el personal investigador, de extinción de incendios, etc., y todo ello sin perder de vista que estas bajas tasas de reposición tienen vocación de provisionalidad, en función de la situación económica.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Madrid, 6 de noviembre de 2013.

Jaime Pérez Renovales, Subsecretario de la Presidencia”


Con independencia de los argumentos formulados en la respuesta, frente a la exigencia de respeto a un derecho fundamental de los ciudadanos garantizado constitucionalmente, debemos valorar positivamente la respuesta remitida, considerando que toda iniciativa que aspire a modificar el actual estado de cosas ha de pasar por un diálogo en el que sea posible formular y analizar las razones que avalan o cuestionan las medidas objeto de debate. Esta Asociación nunca ha defendido el carácter absoluto de ningún derecho, pues por definición todos los derechos son limitados, de manera que el debate consiste precisamente en precisar los límites válidos para cada derecho, y en dicho debate la posición de esta Asociación sostiene el carácter inválido de las tasas de reposición de efectivos como límite al derecho de acceso a la función pública, pues los funcionarios de carrera no pueden verse reducidos, por su aplicación, a la condición de funcionarios interinos, contraviniendo con ello el régimen constitucional de acceso a la función pública y reduciendo progresivamente la nota de inamovilidad que el Estatuto Básico del Empleado Público formula como garantía del deber de imparcialidad de los servidores públicos.

Discrepamos con las razones aportadas por el Subsecretario del Ministerio de la Presidencia –su error de partida está en creer que defendemos lo contrario de lo que sostenemos, pues el respeto de un derecho fundamental no puede asimilarse a la idea de un derecho absoluto carente de límites-, pero valoramos muy positivamente el hecho de que responda y de que lo haga razonadamente.

7 comentarios:

Anónimo dijo...


No es poco cartearse con los Subsecretarios del Estado.

Anónimo dijo...



Esto es un importante cambio de registro.

Anónimo dijo...



De todos modos, no deja de sorprender que haya más reacciones en los altos cargos de la Administración que en los Grupos Parlamentarios, de los que hasta ahora no parece haber habido ninguna reacción.

Anónimo dijo...

Es así?

Anónimo dijo...


Este es el nivel de nuestro Gobierno autonómico:

Zaragoza.- La consejera de Educación, Dolores Serrat, ha resaltado que ve difícil que haya convocatoria de oposiciones de docentes el próximo año “si no se cambia la tasa de reposición”.

Serrat ha señalado que la única oferta pública de empleo que se podría poner en marcha es de 30 plazas de Secundaria en diferentes especialidades. Una opción que se encuentra en situación de debate, debido, sobre todo, a que si las comunidades vecinas no convocasen “habría efecto llamada”, lo que generaría “insatisfacción” de los opositores y un mayor coste para la Administración.

La consejera también ha recordado que su Departamento modificará el sistema de elección del personal interino. La intención es equilibrar la puntuación por experiencia y la de calificación de la oposición. Todo ello para “seleccionar los mejores candidatos”.

Serrat ha asegurado que en este curso se ha contratado “un 13% más de interinos” que el pasado y que en los ocho primeros llamamientos de sustituciones, en las primeras cuatro semanas de curso, se han hecho 556, cubriéndose “rápido” las plazas.

La consejera ha hecho estas declaraciones durante una comparecencia parlamentaria, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para explicar la política de su Departamento en materia de gestión de personal docente hasta la actualidad y las previsiones futuras.

La diputada del PSOE Mayte Pérez ha criticado que haya “desde que gobierna el PP hay 2.000 profesores menos” y ha asegurado que existe “una ausencia de convocatorias de oposiciones”. Ha recordado que el actual baremo “era desequilibrado”, pero ha criticado que con el nuevo procedimiento “se han ido al lado contrario”.

El diputado de CHA Gregorio Briz ha apostado por tener “a los mejores profesionales” y ha criticado que el Plan Impulso “no recoge ni un euro para el profesorado”. La formación ha remarcado que el Gobierno de Aragón “tiene una política catastrófica” para el profesorado.

El diputado de IU Adolfo Barrena cree que el Gobierno de Aragón “no puede tener ninguna política de personal cuando se la imponen desde Madrid”, diciéndole “cuál es la oferta pública de empleo, las jubilaciones a cubrir y cuánto hay que racionalizar el gasto para cumplir los objetivos de déficit”.

La diputada del PAR María Herrero ha abogado por revisar las oposiciones para conseguir que se pueda valorar, “de la forma más objetiva posible” la capacidad, competencia y profesionalidad de las personas que optan a las plazas.

Por último, el diputado del PP le ha pedido a la consejera que “siga defendiendo la realidad de las cosas”, tal y como ha señalado el diputado Miguel Ángel Lafuente. Ha subrayado que “la gente con sencillas respuestas entienden lo que hacen los populares desde los gobiernos”.

Anónimo dijo...

Bueno, bueno. Igual hay que explicarle la diferencia entre ordenar, racionalizar e incluso reducir el tamaño de la función pública y condenar a ésta a la interinidad. Las tasas de reposición no son instrumento de planificación adecuado sino una arbitrariedad carente de justificación.

Alfonso dijo...

Ha razonado pero lo ha hecho mal, puesto que ha puesto los intereses económicos por encima del derecho constitucional de acceso a la función pública.

Saludos.