viernes, 8 de noviembre de 2013
INICIATIVAS FALLIDAS.
Gran
parte de las iniciativas puestas en marcha desde la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, que van desde el Anteproyecto de Ley de la Función Pública al programa de
cartas de servicios o al boletín estadístico del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma,
podemos calificarlas de iniciativas fallidas, por su falta de verdadera
consistencia, o por la ausencia de un marco adecuado que las dote de sentido y
les otorgue credibilidad.
Criticamos
en su momento, en la anterior legislatura, la elaboración de un Anteproyecto de
Ley de Empleo Público de Aragón, que fue precedido de un diagnóstico que carecía
de los más elementales datos sobre la realidad de la función pública autonómica,
como si un médico pudiese diagnosticar la salud de un paciente sin realizar ni
un solo análisis clínico.
Esta
vez, la Dirección General
se supera al elaborar un Anteproyecto de Ley de Función Pública sin ningún
estudio previo o informe que avale la idoneidad u oportunidad de las escasas
opciones que se contienen en la
Ley, la cual no aborda ningún objetivo real de
profesionalización y despolitización de la Administración
autonómica, y evidencia que tras ella no existe ningún modelo real de función pública
que responda a las exigencias propias de un Estado de Derecho y de una sociedad
que demanda eficacia y calidad en los servicios públicos.
Es
criticable que el conocimiento de la realidad de la función pública haya de
obtenerse por informes del Justicia de Aragón en lugar de por documentos del
propio Departamento de Hacienda y Administración Pública. Ello es indicador de
que los responsables públicos no cuentan con voluntad de transparencia ni de
rendición de cuentas, algo que resulta exigible a cualquier gestor público, y
solo a esa falta de voluntad cabe achacar la ínfima calidad del Boletín estadístico
presentado días atrás por el titular del Departamento de Hacienda y
Administración Pública, cuyo contenido no se ajusta a ningún estándar mínimo de exigencia. Y similar juicio cabría realizar sobre la encuesta de clima laboral.
Seguimos
sin que se haya regulado ni constituido la Comisión
Interdepartamental de la Función Pública, tras casi un
año desde su creación, lo que supone otro signo de la falta de voluntad y
compromiso tanto del Departamento de Hacienda y Administración Pública como del
resto de los Departamentos con un proyecto colectivo, si lo hubiere, que
permita acometer la coordinación y mejora de la función pública desde una
perspectiva global del conjunto de la organización administrativa.
La
falta de diseño sólido y de logros reales en la ordenación de una función pública
profesional hace temer por una nueva legislatura perdida en esta materia, lo
que constituiría uno de las más llamativos fracasos del Gobierno de Luisa
Fernanda Rudi.
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1 comentario:
Cuatro años para resolver unos concursos. Eso es todo?
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