jueves, 7 de noviembre de 2013
QUEDA MUCHO POR HACER EN EL FOMENTO DE LA ÉTICA PÚBLICA.
España
no cuenta con los instrumentos normativos adecuados para prevenir de manera
efectiva la corrupción pública y privada. Así lo constata la organización Transparencia
Internacional en el informe “Denunciantes
en la Unión Europea”,
hecho público ayer en Berlín, sede central de la organización, en el que se
afirma: “España no tiene una legislación general para proteger a empleados en
los sectores público y privado contra represalias por denunciar malas
prácticas".
Cuando
desde distintas instancias se propugna un programa de regeneración democrática
para el conjunto de las Administraciones españolas, no cabe cifrarlo todo en
reformas legales que afectan a la normativa electoral o a la modificación de
las leyes procesales. Es necesario, como ha venido insistiendo de forma
reiterada esta Asociación, implicar a los servidores públicos en la tarea de
prevenir y combatir la corrupción, mediante la implantación en España de los
mecanismos ya establecidos en los países anglosajones y contemplados en la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción
de 2003, ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.
Ese
mecanismo consiste, esencialmente, en la previsión contenida en el artículo 8.4
de la Convención
contra la Corrupción. Conforme
a ella, cada Estado Parte considerará, de conformidad con los principios
fundamentales de su derecho interno, la posibilidad de establecer medidas y
sistemas para facilitar que los funcionarios públicos denuncien todo acto de
corrupción a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de ellos en
el ejercicio de sus funciones.
Dicha
previsión debe completarse con la protección dispensada a los denunciantes
internos, prevista en el artículo 33 de la Convención: Cada Estado
Parte considerará la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jurídico
interno medidas apropiadas para proporcionar protección contra todo trato injustificado
a las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y
con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos
tipificados con arreglo a la presente Convención.
Existe,
por lo tanto, un compromiso español y europeo, en el ámbito internacional, para
propugnar todo un programa de medidas dirigido a prevenir y combatir la
corrupción, y es sorprendente el grado de desconocimiento general sobre el tipo
de previsiones que contempla el Gobierno en su paquete de medidas de regeneración
para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la citada Convención de
Naciones Unidas contra la Corrupción. Es
más, en los numerosos debates sobre cómo combatir la corrupción en España, que
tanto han proliferado en nuestro país, resulta llamativo e incomprensible que
nadie aluda al contenido de la
Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Hay una
conspiración de silencio o se trata de mero desconocimiento?
El
informe de Transparencia Internacional señala que en España "casi no hay
códigos laborales o administrativos aprobados para proteger a los
denunciantes" y considera que tampoco "hay una cultura palpable para
que empleados y ciudadanos denuncien malas prácticas”. "No hay
aparentemente ningún impulso entre los líderes políticos por proteger
legalmente a los denunciantes", subraya el Informe.
El
informe de Transparencia Internacional evidencia, en suma, una de las más
llamativas carencias de nuestro sistema institucional, necesaria para permitir
que cada agente público sea un elemento activo en la lucha contra la corrupción,
especialmente en su prevención.
Esta
Asociación, que propugna la necesidad de una estrategia que promueva la ética pública
en el seno de las Administraciones, sin la cual difícilmente serán realizables
los objetivos de buen gobierno y buena administración, ha insistido en la
oportunidad de desarrollar, en nuestro ordenamiento jurídico, la figura de las
alertas éticas, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción. Volveremos
a hacerlo en próximos días, con particular intensidad, aprovechando el reciente
informe hecho público por Transparencia Internacional, que, a nuestro juicio,
no debiera ser indiferente ni para nuestro Gobierno ni para los diferentes
Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales ni para el conjunto de la
sociedad española.
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3 comentarios:
Pero no puede dejar de hacerse.
Además de la ausencia de instrumentos normativos, lo que falta en España, como se señala en el informe, es una cultura al respecto. La ausencia de ética pública es un condecoración en nuestro país. A lo que se suma el "vivan las cadenas" proclamado por los ciudadanos cuando Fernando VII derogó la Constitución de Cádiz.
Pero que culto eres Alfonso, pasmado me dejas
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