(Se
reproduce cuarta y última parte del borrador del escrito de alegaciones a formular en el periodo de
información pública abierto respecto a la proyectada modificación del Decreto
115/2012, relativo a las cartas de servicios en la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuya aprobación será sometida a la Junta Directiva de la Asociación en su reunión
de 20 de noviembre)
ESCRITO DE ALEGACIONES DE
LA ASOCIACIÓN PARA
LA DEFENSA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA
ARAGONESA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA PARCIALMENTE EL
DECRETO 115/2012, DE 8 DE MAYO, DEL GOBIERNO DE ARAGÓN, POR EL QUE SE REGULAN
LAS CARTAS DE SERVICIOS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ARAGÓN.
7.
Aunque
resulte jurídicamente inviable, dado que la Ley ha de primar necesariamente sobre la norma
reglamentaria, debemos expresar nuestra discrepancia respecto al cambio de la
competencia para la aprobación de las cartas de servicios que se propugna,
inicialmente atribuida a los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos
y órganos equivalentes de los organismos públicos, y ahora, por decisión de la Ley 5/2013, de 20 de junio,
trasladada al Consejero o titular del Departamento del que dependa el órgano,
centro o unidad prestador del servicio.
Dicha
modificación en cuanto a la competencia para la aprobación de las cartas de
servicios conlleva un traslado de competencia a un nivel jerárquico superior y
supone la concentración y centralización de la competencia en el titular de
cada Departamento, lo que resulta contrario a los principios de
desconcentración y descentralización que marca el artículo 103.1 de la Constitución
Española – principios que omite incomprensiblemente el
artículo 62 del Estatuto de Autonomía de Aragón, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril-, y que
reitera el artículo 4 de la Ley
de la Administración
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobada por Decreto Legislativo 2/2001, de
3 de julio, del Gobierno de Aragón.
Conforme
al citado artículo de la Ley
de la Administración
de la Comunidad Autónoma,
ésta ha de organizarse con arreglo, entre otros, a los de desconcentración
funcional de actividades –lo que contradice el traslado de competencias de los
Secretarios Generales Técnicos a los Consejeros- y de descentralización
funcional –vulnerado al retirar competencias de los organismos públicos a favor
del titular del Departamento al que se hallan adscritos-, y debe entenderse
igualmente contrario a las competencias que el artículo 17 de la citada Ley atribuye
a los Secretarios Generales Técnicos.
Creemos,
no obstante el criterio legal establecido, que la aprobación de las Cartas de
Servicios debiera corresponder a los responsables más próximos a los órganos,
unidades y centros a los que se refieran, pues un elemento esencial de la
política de calidad es el compromiso y la implicación directa de los órganos
gestores y, en concreto, de los responsables de cada uno de los órganos y
centros, algo que se debilita si la aprobación de los compromisos de calidad se
traslada al órgano superior del Departamento, desapoderando igualmente de tal
facultad a los organismos públicos, lo que viene a reducir su autonomía
funcional en lo relativo a la mejora de sus servicios.
Por
ello, y aunque no quepa mantener la competencia reglamentariamente establecida,
una vez modificada por Ley, cabría evitar el traslado de su ejercicio,
favoreciendo la delegación de su ejercicio a favor de los responsables de las
Secretarías Generales Técnicas y órganos equivalentes de los organismos
públicos, previendo expresamente tal opción de delegación en el artículo 6.1
del Decreto 115/2012, de 8 de mayo.
8.
En
conclusión, y de acuerdo con lo indicado en los apartados anteriores, se
propone que en el articulado del Decreto 115/2012, se introduzcan las
siguientes previsiones:
-
Previsión
expresa de la delegación de la facultad de aprobación de las Cartas de
Servicios a favor de los Secretarios Generales Técnicos de los Departamentos y
órganos equivalentes de los organismos públicos, de manera que el traslado de
la titularidad de la competencia no impide la continuidad de su ejercicio por
parte de los responsables que la tenían atribuida por el Decreto 115/2012, de 8
de mayo, del Gobierno de Aragón.
-
Incorporación
al articulado del Decreto, en su artículo 3 u otro que se considere adecuado, de
la previsión de las distintas modalidades de cartas de servicios, incluyendo
las relativas a cartas interdepartamentales y cartas interadministrativas, en
similares términos a los establecidos en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el
marco general para la mejora de la calidad en la Administración General
del Estado.
-
Previsión
expresa de la posible inclusión, entre los contenidos propios de las cartas de
servicios, del reconocimiento de medidas compensatorias de carácter económico
en el caso de grave incumplimiento de los compromisos de calidad establecidos
en la carta, en particular en aquellos procedimientos cuya tramitación está
sujeta al abono de tasas administrativas, como es el caso de los derechos de
examen en los procesos selectivos para el ingreso en la función pública.
Zaragoza, 14 de noviembre
de 2013.
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