Superado
ya largamente el plazo que marcan tanto el Estatuto de Autonomía de Aragón como
la Ley de
Hacienda de la Comunidad Autónoma
para la obligada remisión por parte del Gobierno del Proyecto de Ley de
Presupuesto a las Cortes de Aragón, parecen haber trascendido las desavenencias
de la coalición de gobierno que dificultan o impiden su aprobación.
El
hecho es grave por un doble motivo: en primer lugar, por el incumplimiento del
Estatuto de Autonomía en que incurre el Gobierno, provocando con ello el primer
acto de falta de disciplina presupuestaria frente a la regulación legal en
materia de gasto público; y, en segundo lugar, por el hecho de que, en un
contexto de grave crisis económica, la priorización de la inversión pública es
la principal decisión política que corresponde a un gobierno, y ello solo puede
hacerse a través del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
El
Gobierno de Aragón, y en particular su Presidenta, no pueden escudarse para
incumplir los plazos legales previstos para la aprobación del Proyecto de Ley
del Presupuesto y su posterior remisión a las Cortes de Aragón en la falta de
garantía del respaldo parlamentario suficiente, por la actitud crítica
mantenida por su socio de gobierno.
Una
prórroga del presupuesto de 2013, como opción posible a la Ley que ha insinuado la Presidenta del Gobierno,
Luisa Fernanda Rudi, no solo sería un ejercicio de dejación e irresponsabilidad
política –al hipotecar la gestión de todos los Departamentos de la Administración con
unas dotaciones previstas para las necesidades de un ejercicio distinto-, sino
que cabría considerarlo como un fraude de ley, pues el incumplimiento del deber
de aprobación del Proyecto de Ley respondería únicamente a la finalidad de
impedir que su debate y enmienda en las Cortes de Aragón pueda poner en evidencia
la debilidad política del Gobierno y su incapacidad para sacar adelante sus
presupuestos, es decir, para establecer su acción política durante el próximo
ejercicio.
El
Gobierno de Aragón ha de cumplir sus obligaciones, y una de ellas, entre las más
destacadas, es remitir a las Cortes de Aragón el Proyecto de Ley de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma
de Aragón, algo que debería haber hecho antes del pasado 1 de octubre. No es
razón válida para incumplir tal obligación la falta de garantía de que tales
cuentas sean aprobadas, pues, si lo que se desea es constatar la permanencia de
la mayoría parlamentaria que otorgó su confianza a la actual Presidenta del
Gobierno, debiera plantearse la correspondiente cuestión de confianza que prevé
el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de Aragón. De no hacerlo, el Gobierno
no puede dejar sin presupuesto a la Comunidad, por simple cálculo político para su
permanencia, y debe exponerse a que las Cortes modifiquen su propuesta de
gasto, si la voluntad mayoritaria de la Cámara discrepa con el Proyecto presentado.
2 comentarios:
Las políticas se definen por las opciones de gasto.
Además de por otras cosas.
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