UNA PRIMERA VALORACIÓN NEGATIVA.

En la tarde de ayer, esta Asociación mantuvo su primera sesión de trabajo interno para el análisis del Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón, con el fin de poder formular, en su momento, las oportunas observaciones en el proceso de participación que se establezca en el procedimiento de aprobación de la norma.

Sin perjuicio de próximas reuniones, en las que se irá entrando en el detalle de sus diferentes aspectos, una primera valoración por parte de los asistentes coincidió en la insuficiencia y baja calidad del proyecto normativo para proceder a una correcta ordenación de la función pública de todas las Administraciones Públicas a las que pretende extender su ámbito de eficacia, detectándose un grave desconocimiento de la vigente regulación de la Administración Local aragonesa.

La norma carece de una estructura consistente y de unos objetivos reconocibles, por lo que resulta muy difícil descubrir el modelo de función pública que se propugna, pues aunque se afirme que se opta por un modelo funcionarial –se supone que frente a un modelo laboral, cosa inevitable, a la vista de los claros pronunciamientos del Tribunal Constitucional-, ello no es en modo alguno sinónimo de función pública profesionalizada. La desdibujada introducción del personal directivo y el amplio campo que parece abrirse para el contrato laboral de alta dirección, así como el indeterminado ámbito de aplicación del procedimiento de libre designación en la provisión de puestos de trabajo, obligan a pensar en una Administración más sometida todavía al poder político, y por lo tanto más incapaz de ejercer su función de garantía del Estado de Derecho frente al riesgo del abuso de poder.

El texto de la exposición de motivos del proyecto es el más claro ejemplo de la inanidad de la norma, pues el mismo no es más que una colección de lugares comunes y de afirmaciones grandilocuentes sin hilo conductor alguno entre ellas, lo que evidencia la carencia real no sólo de un modelo de función pública, sino de una idea de cuál es el papel de la función pública dentro de un Estado social y democrático de Derecho, destacando ideas de eficiencia y competitividad, y olvidando la gran necesidad del aseguramiento de legalidad. Pareciera que los redactores del proyecto desconocen el contexto de las instituciones públicas, que viene determinado por la enorme preocupación ciudadana por la corrupción pública –tanto política como administrativa- y la consiguiente desconfianza hacia las instituciones públicas. Nada de eso aparece en un preámbulo incapaz de poner en valor el significado de una función pública profesionalizada y comprometida con el interés general, y de su decisivo papel para asegurar el buen funcionamiento institucional y la calidad democrática, concepto que no parece interesar tampoco a los redactores de la norma.

Ninguno de los graves problemas que hoy afronta una función pública desmotivada y en un proceso imparable de desprofesionalización se aborda con medidas adecuadas de corrección. Más bien se dan pasos para una creciente politización, de la que puede ser claro ejemplo el hecho de que el desempeño de puestos de contenido profesional en la estructura administrativa no produce efectos de consolidación en la carrera profesional y, sin embargo, sí se reconoce tales efectos al desempeño de funciones políticas, manteniendo y ampliando la consolidación del complemento de alto cargo.

El que a un funcionario superior de la Administración autonómica se le premie más el ser diputado en las Cortes de Aragón que jefe de servicio en un Departamento da una idea perfecta de la disparatada propuesta que contiene, en materia de carrera profesional, el Anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón.

Por supuesto que el Proyecto contiene también medidas razonables y algunos avances respecto a la normativa vigente, pero el diseño general de la función pública y su más que evidente desconexión con la legislación en materia de Administración Pública obliga a realizar un primer balance global claramente desfavorable.