EL GOBIERNO DE ARAGÓN DEBERÁ EJECUTAR LAS SENTENCIAS EN MATERIA DE OFERTA.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mediante auto de 11 de julio de 2013, ha resuelto el incidente de ejecución forzosa promovido por esta Asociación en relación con las sentencias firmes del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que anularon las Ofertas de Empleo Público de 2007 y 2011, por entenderlas contrarias al derecho fundamental de acceso a la función pública, reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución Española, al no incluir la totalidad de las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, según exigen el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El auto dictado por el órgano judicial acuerda requerir al Gobierno de Aragón para que adopte todas las medidas necesarias a los efectos de que, en un plazo de seis meses, se apruebe un nuevo Decreto de Oferta de Empleo Público del año 2011 que incluya todas las plazas vacantes a 31 de diciembre de 2010 y cubiertas por funcionarios interinos, salvo aquellas que se prevea su efectiva amortización y las que estén reservadas a funcionarios de carrera con destino definitivo.

La resolución judicial viene, por lo tanto, a velar por la ejecución de las sentencias dictadas contra el Gobierno de Aragón, desestimando los argumentos esgrimidos por la Administración sobre las dificultades de ejecución dado el escenario presupuestario existente, y con ello salvaguarda el respeto a la legalidad y la reparación efectiva del derecho de acceso a la función pública, indebidamente coartado de manera reiterada por el Gobierno de Aragón.

Con esta decisión judicial esta Asociación ve coronados sus esfuerzos a favor del derecho fundamental de acceso a la función pública, y se da un paso trascendental para restablecer la legalidad en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, pues la inaplicación del régimen de ingreso en la función pública ha sido una de las situaciones más escandalosas vividas en los últimos años en el ámbito de la función pública, dejando indebidamente en suspenso los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y distorsionando de manera inaceptable el normal funcionamiento de sus mecanismos de provisión de puestos y promoción profesional.

Los Tribunales de Justicia –con la decisiva intervención del Tribunal Supremo- han tenido que requerir al Gobierno de Aragón el cumplimiento de la Ley, y posteriormente imponerle la ejecución de las sentencias dictadas, pues el Gobierno de Aragón –tanto en la anterior legislatura como en la actual- ha sido no solo incapaz de respetar la ley sino también de asegurar el cumplimiento de las sentencias, obligando a esta Asociación a promover su ejecución forzosa por parte de los Tribunales.

Reforzar el Estado de Derecho, asegurar el respeto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico en el acceso a la función pública y garantizar una función pública profesionalizada han sido las únicas razones que han empujado a esta Asociación en todo este largo proceso que felizmente ha culminado con éxito. Ahora deberemos estar vigilantes para que el Departamento de Hacienda y Administración Pública apruebe, a lo largo del segundo semestre de 2013, el Decreto de Oferta de Empleo Público complementaria de 2011, en el que se incluyan todas las vacantes ocupadas por funcionarios interinos, tanto de Administración General como de los sectores docente y sanitario, poniendo fin al largo periodo de menosprecio de la legalidad que hemos padecido.