Como
ya nos anticipó el Director General de Función Pública y Calidad de los
Servicios, Ignacio Murillo, esta Asociación ha recibido una invitación expresa
del Consejero de Hacienda y Administración Pública para formular aportaciones
al texto del Anteproyecto de Ley de Función Pública de Aragón, del que días atrás
se tomó conocimiento por el Gobierno de Aragón.
Precisamente,
la semana pasada esta Asociación mantuvo su primera sesión de trabajo interno –que
proseguirá la semana próxima-, para analizar los contenidos normativos del
citado Anteproyecto, con una valoración inicial desfavorable a la ordenación
realizada, que se habrá de concretar en relación con los diferentes aspectos
del régimen jurídico de función pública por el que opta en el proyecto
normativo.
Entendemos
que la Ley de
Función Pública de Aragón es de trascendental importancia para asegurar un buen
funcionamiento de la
Administración de la Comunidad Autónoma
–lo que es sinónimo de un buen ejercicio de las competencias autonómicas y de
buena gestión de los servicios públicos de responsabilidad autonómica-, y por
ello haremos el esfuerzo necesario para contribuir a la mejora del texto
elaborado por la Dirección General
de la Función Pública
y Calidad de los Servicios, manifiestamente lastrado por su antecedente
anteproyecto de Ley de Empleo Público de Aragón.
Se
reproduce, a continuación, el texto íntegro del escrito del Consejero de
Hacienda y Administración Pública al Presidente de la Asociación:
“Estimado
Presidente
Conforme
a las previsiones contenidas en la
Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón, el pasado 11 de
junio el Consejo de Gobierno tomó conocimiento del anteproyecto de Ley de la Función Pública de Aragón que
impulsa mi Departamento, comenzando así el proceso de tramitación formal de
elaboración de un nuevo texto legal que lleve a su aprobación como proyecto de
ley y su posterior remisión a las Cortes de Aragón.
Esta
ley pretende modernizar el actual modelo de nuestra función pública,
reivindicar el trabajo y reconocimiento profesional de los empleados públicos
así como garantizar la mejora continua en la prestación de los servicios públicos.
En definitiva, una Administración más moderna, transparente, ágil, eficiente y
volcada en el servicio al ciudadano.
En
el marco de este proceso y con el objetivo de propiciar la aportación de los
implicados en el mismo, el texto del anteproyecto está disponible en el Portal
del Gobierno de Aragón (www.aragon.es), para
tu conocimiento y para que, si lo consideras oportuno, nos hagas llegar
vuestras consideraciones sobre el mismo. Sin duda, cada una de las
aportaciones, sugerencias o propuestas que estiméis conveniente realizar será
valorada para su posible inclusión en el texto del anteproyecto.
Agradeciendo
de antemano tu colaboración en este proyecto, recibe un cordial saludo.
Zaragoza,
24 de junio de 2013.
El
Consejero de Hacienda y Administración Pública, José Luis Saz Casado”.
2 comentarios:
Son las fechas ideales para hacerlo.
Tal vez sea útil este comentario sobre la situación en Asturias del blog de Conceyu por Otra Función Pública:
El Gobierno de Javier Fernández ha hecho público el Anteproyecto de Ley de medidas en materia de Función Pública y de Organización administrativa (ver aquí), presentándolo como el instrumento legal que reducirá al mínimo los nombramiento a dedo – por libre designación – en la Administración asturiana.
Es cierto que el Anteproyecto obliga a cubrir por concurso de méritos a la totalidad de los puestos singularizados o de carrera vertical, incluidos los Jefes de Servicio – con la única excepción, de las secretarías de despacho, conductores de altos cargos y directores de centros – y, en este sentido, supone un avance en la línea de regular la promoción profesional de los empleados públicos con criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad y no en base al enchufismo, el amiguismo o el corporativismo casposo que han venido determinando el sistema de ascensos.
Ahora bien, la contrapartida que pretende colar a cambio el Gobierno de J. Fernández, a saber, la creación de un estamento transversal de “personal directivo profesional” supone una carga de dinamita en la línea de flotación de un sistema de Función Pública profesional, imparcial y objetivo.
Porque ese personal directivo que se regula en el Anteproyecto de Ley, en un número que, ni más ni menos, puede llegar a duplicar al de Directores Generales ( artículo 8.bis, apartado 4), no tiene que tener la condición de empleado público. Dicho de otro modo, el Gobierno del Principado está abriendo la puerta para el desembarco masivo en la Administración de personal externo, fundamentalmente, de empresas privadas con intereses económicos muy concretos y ajenos al interés general de los ciudadanos y ciudadanas de Asturias, que se podrán colocar como “caballos de Troya” al frente de la gestión de asuntos públicos tan sensibles como el urbanismo, la sanidad, la educación, la cultura, la protección de los consumidores o la gestión tributaria.
¿Qué pintan unos gestores profesionales de procedencia externa a la Administración Pública asturiana, ejerciendo funciones directivas en ámbitos públicos de tanta relevancia para los derechos sociales de los asturianos y asturianas, como los señalados y otros muchos más que se podrían indicar a título de ejemplo?
Porque, volvemos a recordar que el Anteproyecto de Ley permite que existan el doble de “directivos profesionales” que de Directores Generales, creando un verdadero entramado trasversal interpuesto entre los cargos políticos y los puestos funcionariales que, de consumarse, legalizará el fenómeno conocido como “puertas giratorias”, es decir, el tráfico de doble sentido de personas e intereses, entre el sector público y las corporaciones privadas: ejecutivos infiltrados en el poder de dirección de la Administración Pública y gestores públicos fichados por el “mercado” para transferir información privilegiada e influir en la toma de decisiones de su centro de procedencia.
Pero, además, en cuanto que la creación de ese “personal directivo profesional” no puede suponer incremento del gasto público (disposición adicional segunda), es obvio que el coste del mismo deberá detraerse del que se destina actualmente al empleo público y, por tanto, conllevará la supresión de puestos de trabajo de empleados públicos. En la práctica, un alarmante proceso de privatización en toda regla de la gestión pública, que se pretende camuflar como una reforma para la profesionalización de la Función Pública asturiana.
Publicar un comentario