ACTIVIDAD JUDICIAL REGENERADORA.

El balance de las acciones judiciales promovidas por parte de esta Asociación –en la que los resultados han sido claramente desiguales- es globalmente muy positivo, sobre todo en el amparo obtenido a los derechos fundamentales de acceso a la función pública y de petición, con sendas sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, que creemos han modificado la jurisprudencia existente en ambas materias. Ello demuestra la gran capacidad regeneradora de la acción pública que tiene la actividad de los Tribunales. La actualidad del país –con los procesos judiciales en marcha- es el más claro ejemplo de ello.

La regeneración de las instituciones públicas pasa por algo tan sencillo como la restauración del principio de legalidad, primera premisa de cualquier Estado de Derecho. Cuando la voluntad de respetar las leyes de los responsables políticos no existe o se trunca –haciendo uso de la desafortunada expresión utilizada por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Aragón-, resulta necesario que los Tribunales impongan con sus sentencias el respeto a la ley y que no permitan maniobras posteriores tendentes a inaplicar las resoluciones judiciales.

En tal sentido, debemos felicitarnos con lo sucedido en materia de Oferta de Empleo Público, pues el restablecimiento del derecho de acceso a la función pública será sin duda uno de los hechos más destacados de esta legislatura en materia de política de personal, y ello no será resultado de la voluntad política del Gobierno de Aragón sino de las decisiones de los Tribunales para restaurar el respeto a dicho derecho. El Gobierno de Aragón ha desaprovechado una gran oportunidad para dejar claro su compromiso con el respeto de la legalidad, pero las voluntades que se truncan ponen de manifiesto su poca consistencia y escasa convicción.

Esta Asociación ha defendido y confiado siempre en la capacidad del Estado de Derecho para corregir los defectos de funcionamiento de nuestras instituciones, y en particular la falta de sometimiento a la legalidad de tantas decisiones públicas. Los resultados han venido a confirmar nuestro planteamiento, que muchos consideraban infundado cuando no ridículo. El primer paso regenerador consiste en recuperar o reafirmar la confianza en las instituciones de control y pedirles, de forma reiterada y razonada, que cumplan con su función de forma adecuada, garantizando el respeto de la legalidad.