EL MINISTERIO FISCAL, VERDADERO DEFENSOR DEL PUEBLO.

“El verdadero defensor del pueblo es el Ministerio Fiscal”. Esta frase de Emilio Gastón, primer titular de la institución del Justicia de Aragón en la actual etapa autonómica aragonesa, destaca el enorme potencial que corresponde al Ministerio Fiscal en la defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos. No en vano, el artículo 124 de la Constitución Española señala que el Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Recalca esta labor de defensa de los derechos fundamentales, la legitimación del Ministerio Fiscal para promover recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional, así como su necesaria intervención en todos los procesos de amparo “en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley”, como señala el artículo 47.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

El Ministerio Fiscal, según hemos señalado en diferentes notas de este blog, ha sido un aliado fundamental en la defensa de los derechos fundamentales llevada a cabo por esta Asociación. Lo fue en el recurso de casación promovido ante el Tribunal Supremo, contra la Oferta de Empleo Público de 2007, al reivindicar la protección del derecho fundamental de acceso a la función pública, y también en el recurso de amparo interpuesto ante el Tribunal Constitucional, contra acuerdo de la Mesa de las Cortes de Aragón, por el que se vulneraba el derecho fundamental de petición ejercido por esta Asociación ante el Parlamento aragonés.

Una vez más, el Ministerio Fiscal vuelve a ser un importante aliado de esta Asociación –pues a diferencia de los Letrados de la Administración autonómica, no defiende la actuación de la Administración sino la legalidad objetiva y el respeto a los derechos de los ciudadanos, es decir, lo mismo que persigue esta Asociación en todas sus actuaciones-, ya que en su escrito de alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, dentro del incidente de ejecución forzosa de las sentencias en materia de oferta de empleo público, señala que “es evidente que las sentencias firmes deben cumplirse en su integridad para garantizar la tutela judicial efectiva en la fase de ejecución y no convertir a las sentencias firmes en mera especulación”.

Añade el Ministerio Fiscal que, si bien la Letrada de la Administración habla de la necesidad de una ejecución paulatina y progresiva, no se determina ningún plazo para dicha ejecución, lo cual somete el proceso de ejecución de las sentencias a una enorme incertidumbre, afectando a la seguridad jurídica. Por ello, el representante del Ministerio Fiscal precisa la necesidad de que entre 2013 y, en todo caso, 2014 se ejecuten las sentencias firmes en toda su integridad, convocando todas las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos.

Una vez más, por lo tanto, hemos de felicitarnos por el respaldo del Ministerio Fiscal a las pretensiones de esta Asociación, y difícilmente podría ser de otro modo en el presente caso, pues, como muy bien señala en su escrito la Fiscalía, la Administración ha pretendido reducir una sentencia del Tribunal Supremo, condenatoria por vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos, a una “mera especulación”. Algo incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye en su contenido esencial la ejecución efectiva de los fallos judiciales.