La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa ha dirigido, en el día de ayer, un escrito al conjunto de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para informarles del rechazo por parte del Departamento de Presidencia de la sugerencia realizada por el Justicia de Aragón sobre la conveniencia de la aprobación de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Dicho rechazo viene a sumarse al efectuado, recientemente, a otra sugerencia de dicha Institución sobre la conveniencia de aprobar una normativa específica sobre el ejercicio del derecho de petición ante la Administración de la Comunidad Autónoma, lo que evidencia la falta de voluntad del Gobierno de Aragón –y en particular, del Departamento de Presidencia- para profundizar en el régimen de garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tanto el derecho de petición como el acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas son derechos fundamentales de los ciudadanos reconocidos en el Título I de la Constitución española.
Resulta preocupante que un Gobierno no atienda las sugerencias de una Institución como el Justicia de Aragón, destinada a la protección de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, razón por la cual esta Asociación ha deseado expresar su inquietud a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, animándoles a la adopción de iniciativas tendentes a hacer efectiva la sugerencia rechazada por el Departamento de Presidencia.
Se reproduce a continuación el contenido íntegro del escrito remitido en el día de ayer a los Grupos Parlamentarios:
“Zaragoza, 25 de agosto de 2009.
Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
Estimados señores:
El Justicia de Aragón ha informado a esta Asociación del rechazo por el Departamento de Presidencia a la sugerencia formulada, el pasado mes de diciembre de 2008, por dicha Institucion sobre la conveniencia de la aprobación de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Esta Asociación se va a dirigir a los responsables del Departamento de Presidencia para expresarles nuestra decepción ante tal decisión, al entender que no puede ser obstáculo para su aceptación la alegada elaboración de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, en la que habrá de enmarcarse el título correspondiente a los órganos de selección, sin que proceda la elaboración de una regulación específica al margen de dicha norma.
Como ya les expusimos en el pasado mes de diciembre, al remitirles el texto de la citada Sugerencia del Justicia de Aragón, la importante labor que corresponde a los órganos de selección en la realización del derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas, con plena garantía de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, requiere que su composición se ajuste igualmente a criterios de idoneidad, profesionalidad e imparcialidad, estableciéndose para ello criterios objetivos en la designación de sus componentes, lo cual, además, contribuirá a dotar de agilidad la realización de los procesos selectivos.
Por ello, deseamos igualmente dar traslado a ese Grupo Parlamentario de la nueva comunicación del Justicia de Aragón, en la que se informa sobre el rechazo por parte del Departamento de Presidencia a la citada sugerencia, al objeto de que, si lo consideran oportuno, puedan adoptar las iniciativas de impulso y control oportunas para evitar la inaplicación de los criterios expresados por el Justicia de Aragón en su sugerencia.
Les adjuntamos, por ello, una copia de la citada comunicación del Justicia de Aragón.
Agradeciéndoles de antemano la atención dispensada a nuestro escrito, reciban nuestro más atento y respetuoso saludo.
Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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