Las peticiones que dirijan los ciudadanos ante los poderes públicos pueden versar sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general.
De acuerdo con esta definición del posible contenido de las peticiones, efectuada por la Ley Orgánica 4/2001, ley a la que remite el propio artículo 29 de la Constitución, cabe sostener que los ciudadanos, como titulares del derecho fundamental de petición, pueden formular a los poderes públicos cualquier petición que consideren oportuna, siempre que lo solicitado quede comprendido en el ámbito de competencia de la autoridad o institución a la que se dirige la petición.
De acuerdo con ello, tiene perfecta cabida en la esfera de protección del derecho de petición la formulación de sugerencias o iniciativas a un Parlamento para la constitución de una Comisión de estudio sobre un determinado tema o de una Comisión de investigación sobre un asunto de interés público.
Dicha petición constituye el legítimo ejercicio de un derecho fundamental garantizado constitucionalmente y previsto también en el propio Reglamento de las Cortes de Aragón, aprobado por el Pleno de las Cortes de Aragón en sesión celebrada el día 26 de junio de 1997. En la estructura interna del Parlamento autonómico se prevé, además, una Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, regulada en el artículo 62 de dicho Reglamento.
La constitución de las comisiones no permanentes o especiales se regula en el Reglamento de las Cortes de Aragón, en sus artículos 63 a 66, y constituye una decisión discrecional del Pleno de la Cámara a propuesta de los órganos o actores parlamentarios competentes, razón por la cual una petición dirigida a impulsar la creación de una comisión de tal naturaleza tiene perfecto amparo en el derecho fundamental de petición.
Con ello no se pretende, ni mucho menos, suplantar la facultad de decisión o de iniciativa de los órganos parlamentarios, sino simplemente instarles a ejercer dicha facultad, sin otra obligación que la de contestar sobre la aceptación o rechazo de la petición.
Por ello, esta Asociación consideró contraria al derecho fundamental de petición la decisión de la Mesa de las Cortes de Aragón por la que se inadmitían peticiones sobre constitución de una Comisión de estudio o una Comisión de investigación, al calificarlas de injerencia o intromisión en la actividad parlamentaria.
Analizadas las peticiones desde dicha óptica, toda petición podría calificarse como una “injerencia” en la actividad de los poderes públicos a los que se dirijan, lo cual no resulta admisible y contradice la misma esencia –el contenido esencial- del derecho fundamental de petición.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
5 comentarios:
¿Se pretende hacer una tesis sobre el tema?
DESAPARECE UN CIUDADANO INSIGNE:
El que fuera primer Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, ha fallecido este jueves en su domicilio de Madrid de un infarto cerebral, según han informado fuentes familiares.
Ruiz-Giménez, que tenía 96 años, ha muerto a las diez menos cinco minutos. Por expreso deseo del fallecido, el velatorio y el entierro serán en la más estricta intimidad, según ha explicado uno de sus hijos.
Fue nombrado ministro de Educación en 1951, iniciando un proceso de reformas de las instituciones docentes, pero dimitió en 1956. En 1982 fue elegido por el grupo parlamentario del PSOE para ser el primer Defensor del Pueblo de España, cargo de nueva implantación en la democracia española. Concluyó su mandato el 30 de diciembre de 1987.
Sin duda parte de la Historia de la Democracia en España, el que fue primer Defensor del Pueblo ha fallecido esta mañana a los 96 años.
Siento un profundo respeto por Don Joaquín Ruiz Giménez.
Creo que de este penoso asunto se debería dar conocimiento a la prensa.
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