El Justicia de Aragón mantiene abierta la investigación sobre la situación existente en relación con el puesto de trabajo de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente, servicio administrativo adscrito al Departamento de Medio Ambiente.
Admitida a trámite la queja presentada por esta Asociación el pasado mes de mayo, desde el Justicia de Aragón se requirió información sobre el caso al Departamento de Medio Ambiente. La información facilitada se ha considerado insuficiente por la institución del Justicia, razón por la cual -según informa a esta Asociación en un reciente escrito- se ha solicitado una ampliación de información al Departamento responsable.
En consecuencia, nos hallamos a la espera de la decisión final que adopte el Justicia de Aragón sobre un caso que esta Asociación considera particularmente grave y sintomático de la irregular política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, con la clara tolerancia de los responsables de función pública del Gobierno de Aragón.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa formuló la citada queja al Justicia de Aragón, sobre la situación en que se halla el puesto de Director/a del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), al tener conocimiento de que dicho puesto se estaba ejerciendo por persona que no tenía la condición de funcionario de carrera, existiendo la probabilidad de que dicha persona se hallase contratada por la empresa pública Sodemasa para trabajar, mediante cesión ilegal de trabajadores, en los servicios del Departamento.
Según la información difundida por el propio Gabinete de Comunicación del Gobierno de Aragón, las funciones de dicho puesto de trabajo, con categoría de jefe de servicio y reservado a funcionarios de carrera, eran desempeñadas por Carlos Franco, persona que no reune la condición de funcionario, circunstancia que constituye una vulneración de la normativa de función pública y que podría suponer la comisión de un ilícito penal, ya que el desempeño de puestos de funcionarios por personas que no lo son se halla tipificado en el Código Penal como un delito contra la Administración.
La situación irregular de dicho puesto de trabajo, a juicio de esta Asociación, debe enmarcarse en el abuso reiterado en que incurren los responsables del Departamento de Medio Ambiente en materia de gestión de personal, ya que se ha venido haciendo uso frecuente del personal laboral de la empresa pública SODEMASA para la realización de funciones técnicas y administrativas que corresponden al personal funcionario del Departamento.
Dicha estrategia ha llevado a una progresiva suplantación del personal funcionario del Departamento por personal de la empresa SODEMASA, cuya selección se encuentra al margen de procedimientos reglados y cuyo desempeño no reviste las garantías de imparcialidad y objetividad que corresponde a la labor de los funcionarios públicos.
El caso del puesto de Director/a del CIAMA no constituye, a juicio de esta Asociación, un caso aislado o singular, sino un claro ejemplo de la política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, claramente alejada de la legalidad administrativa, con la única finalidad de huir a los controles y garantías del sistema de función pública y de asegurar un mayor control político sobre la actuación del aparato administrativo.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa entendía que tal situación, tolerada por los responsables de función pública del Gobierno de Aragón, quienes no dudaron en desatender los escritos de denuncia de esta Asociación, había de ser objeto de una investigación oficial por parte de los órganos e instituciones de control externo, razón por la cual se dirigió la oportuna queja al Justicia de Aragón en relación con la situación de dicho puesto, al tiempo que se le pedía una investigación sobre la posible utilización irregular del personal laboral de la empresa pública SODEMASA para la realización de funciones propias de la organización administrativa del Departamento de Medio Ambiente.
Nos satisface saber que desde el Justicia de Aragón se está requiriendo del Departamento de Medio Ambiente la información necesaria para resolver sobre la queja formulada.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
37 comentarios:
En la edición digital de El Periódico de Aragón se recoge la siguiente reseña:
El Justicia de Aragón mantiene abierta la investigación sobre la designación de Carlos Franco como director del Centro Internacional del Agua y el Medio Ambiente (CIAMA), quien, según la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, "no reúne las condiciones necesarias para ocupar dicho puesto, adscrito al Departamento de Medio Ambiente".
La Asociación presentó una queja el pasado mes de mayo y el Justicia de Aragón requirió información sobre este caso al Departamento de Medio Ambiente. La información facilitada se ha considerado "insuficiente" por la institución del Justicia, razón por la que, según informa la Asociación en un comunicado, se ha solicitado una ampliación de información al departamento responsable.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa formuló la queja al Justicia de Aragón cuando conoció que dicho puesto estaba ocupado por una persona que no tenía la condición de funcionario de carrera, de manera que existe la probabilidad de que dicha persona se halle contratada por la empresa pública Sodemasa para trabajar, "mediante cesión ilegal de trabajadores, en los servicios del Departamento de Medio Ambiente". Según la información difundida por el Gobierno de Aragón, las funciones de dicho puesto de trabajo, con categoría de jefe de servicio y reservado a funcionarios de carrera, eran desempeñadas por Carlos Franco, persona que "no reúne la condición de funcionario", circunstancia que constituye, según la Asociación, "una vulneración de la normativa de función pública y que podría suponer la comisión de un ilícito penal, ya que el desempeño de puestos de funcionarios por personas que no lo son se halla tipificado en el Código Penal como un delito contra la Administración".
La Asociación espera la decisión final que adopte el Justicia de Aragón sobre un caso que considera "particularmente grave y sintomático de la irregular política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, con la clara tolerancia de los responsables de función pública del Gobierno de Aragón". La situación irregular del puesto de director del CIAMA, a juicio de esta Asociación, debe enmarcarse en el "abuso reiterado en que incurren los responsables del Departamento de Medio Ambiente en materia de gestión de personal", ya que "se hace uso frecuente del personal laboral de la empresa pública Sodemasa para la realización de funciones técnicas y administrativas que corresponden al personal funcionario del Departamento".
Dicha estrategia, consideró la asociación, ha llevado a "una progresiva suplantación del personal funcionario del Departamento por personal de la empresa Sodemasa, cuya selección se encuentra al margen de procedimientos reglados y cuyo desempeño no reviste las garantías de imparcialidad y objetividad que corresponde a la labor de los funcionarios públicos". El caso del puesto de director del CIAMA no constituye, según la Asociación, un caso aislado, sino un "claro ejemplo de la política de personal seguida por el Departamento de Medio Ambiente, claramente alejada de la legalidad administrativa, con la única finalidad de huir a los controles y garantías del sistema de función pública y de asegurar un mayor control político sobre la actuación del aparato administrativo".
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa entiende que tal situación, "tolerada por los responsables de función pública del Gobierno de Aragón, quienes no dudaron en desatender los escritos de denuncia de esta Asociación", debía ser objeto de una investigación oficial por parte de los órganos e instituciones de control externo.
Por esta razón, La Asociación dirigió la oportuna queja al Justicia de Aragón, al tiempo que se le solicitaba una investigación sobre "la posible utilización irregular del personal laboral de la empresa pública Sodemasa para la realización de funciones propias de la organización administrativa del Departamento de Medio Ambiente".
Imprescindible esclarecer este caso del CIAMA.
¿Volvemos a la acción?
Nunca nos habíamos ido.
Simplemente, los asuntos se mueven, aunque se pretenda ignorar todo lo que no interesa.
Comentario:
Así va la Administración Pública en este pais, patrimoniolizada por los políticos de turno.
¿Aún no se ha aclarado el caso? La falta de voluntad de transparencia de nuestros responsables políticos es de preocupar.
¿Banalizar la ilegalidad es la estrategia seguida por los responsables de función pública?
¿CONGELAR SALARIOS DE LOS FUNCIONARIOS?
(Publicado hoy en EL PAIS).
El Gobierno escarba en todos los rincones del Presupuesto en busca de un ahorro que le permita cuadrar las cuentas. La falta de recursos económicos obliga a un recorte inédito del 4,5% en el gasto para 2010, lo que exige revisar todas las partidas. Una de las primeras será el salario de los funcionarios. Con los precios a la baja, el Ejecutivo cree que ha llegado el momento de mantener los sueldos públicos prácticamente congelados, con subidas inferiores al 1%. Si la inflación se recupera el año próximo, como prevé la mayoría de los analistas, ese incremento podría incluso suponer una pérdida de poder adquisitivo.
Los 400 euros detraen más de 4.000 millones anuales del fisco
La medida afectará a los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España, incluidos los de las comunidades y los ayuntamientos. Más allá de esa cuasicongelación, las administraciones regionales y locales pueden acordar subidas adicionales para sus funcionarios, algo arriesgado en tiempos en que los números rojos afectan a todos los estamentos públicos.
El grueso de funcionarios ha visto crecer sus salarios por encima del 3% en los últimos años. Los de la Administración central (casi 700.000) incluso se han aproximado al 4%, sumando la aportación al fondo de pensiones. Con esas alzas, el Gobierno intentaba restituir el poder de compra perdido durante las legislaturas del Partido Popular, cuando subieron por debajo de la inflación real, e incluso se llegaron a congelar un año.
En un momento en que los salarios de la empresa privada tampoco experimentan grandes alegrías, el Ejecutivo cree necesario trasladar una imagen de austeridad en la función pública y arañar los recursos necesarios para las políticas sociales. El gasto de personal es uno de los más voluminosos del Presupuesto -representa un 17%-, por lo que cualquier ahorro en esta partida tiene gran incidencia.
Los comentarios, abundantísimos, no se han hecho esperar.
Un comentario:
He leido 5 comentarios y me quedo sorprendido. Sin ser experto en economía, se deduce que estamos en un periodo de "deflación". Suben los salarios a aquellos trabajadores con mayor suerte del país, y encima Vds. se quejan? ¿Qué pretenden, que les suban el 10%? Tenemos 3.5 millones de parados, muchisimas familias sin un subsidio, y les parece que les roban? Viva la solidaridad. Millones de personas en la calle y ustedes queriendo un aumento. Yo soy autonomo, después de 10 años me quedo en la calle y ¿quien me sube a mi nada? Si ni siquiera tengo derecho al paro. Pero esto no lo hemos tenido NUNCA!!! Tengan un poco de dignidad.
Otro:
Señor autónomo, usted declara lo que le viene en gana, cosa que un funcionario no puede hacer ya que depende de una nómina.
¿Se defiende el fraude fiscal?
Dice un funcionario:
Me parece lógico que en momentos como este no incrementen el sueldo a los que más privilegios tenemos en cuanto a estabilidad salarial.
¿Privilegios?
Una funcionaria solidaria:
Soy funcionaria de carrera y trabajo en educacíon. La crisis no me ha afectado en absoluto en mi economía diaria.Una familiar mío sí ha perdido su empleo sin embargo. Una congelación me parece de lo más normal y lo hago con gusto si así puedo dar mi granito de arena. Tenemos que ser más solidarios los que podemos!!
Un funcionario del Estado que conoce las triquiñuelas de las CCAA:
Soy funcionario y encuentro lógica la medida. Esta crisis es mucho peor que la del 92-93 y lo lógico es que los sueldos públicos se ajusten. Eso si, todas las CCAA deben respetar esa medida, no es de recibo aumentar los complementos para eludir la congelación como ya ocurrió con anterioridad, de forma que finalmente los únicos "congelados" somos los empleados en la Administración Central.
Otro que apunta lo mismo:
Yo tambien soy funcionario, y yo tambien estoy de acuerdo con medidas de ahorro aunque supongan que no tenga subida el año que viene. Pero hay que distinguir, ya que en otras congelaciones anteriores algunos funcionarios tuvimos congelación y otros no. En la Administración Central perdemos hasta 600 euros mensuales con respecto a otras Administraciones Públicas, esto tambien hay que tenerlo en cuenta.
También combatir el fraude fiscal:
Soy funcionario y encuentro bien la medida. Eso no quita que también haya que perseguir los fraudes que se cometen de forma sistmática por parte de autónomos y empresarios. De hecho, si el estado invirtiera en inspectores para estos casos, seguramente no sería necesario ningún tipo de medida de este tipo para hacer frente a la crisis. Hay demasiada gente con Audi/Mercedes/BMW que se declara mileurista ante hacienda. Eso hace muchos años que sucede y nadie hace nada para evitarlo
Otro por la labor:
Considero que quienes tenemos el trabajo asegurado y, aunque nuestros sueldos son muy frecuentemente modestos, debemos ahora colaborar solidariamente con la sociedad y aceptar una congelación o subida mínima de nuestras retribuciones. Guti.
Subidas en tiempo de crisis:
Lo que no dice el artículo es que este año, el de los más de 4 millones de parados, los funcionarios han disfrutado de una subida del 3,5 por cien, lo que sumado a una deflación (inflación negativa, para que lo entiendan los espesos) de casi el 2 por cien, supone un aumento del poder adquisitivo de 5,5 por cien. Y eso, mientras la economía de España se va al carajo. Está claro que el PSOE sabe que su caladero de votos está en el funcionariado, pero no es menos cierto que ya no saben de dónde sacar el dinero para montar su "economía sostenible".
¿Nadie habla de la excelente idea del anticipo de carrera en una coyuntura como la actual?
¿Nada que decir por parte del señor Larraz sobre las cuentas de Aragón?
Sospecha de arbitrariedad:
Es necesario dejar bien claro que la congelación sólo nos afectará a los funcionarios "normales", independientes, que nos limitamos a cumplir con nuestro trabajo. Los enchufados y protegidos de los diferentes partidos seguirán teniendo subidas de sueldo, vía complementos, jefaturas, .....y un largo etc...Por eso, me parece una falacia que siempre paguemos los mismos.
Este conoce el percal:
Que no les van a subir el sueldo?, jejejejej .Esto es propaganda para que los que trabajamos en la privada tomemos ejemplo. Ya se encargaran los sindicatos y políticos de negociar primas y prebendas sin que nos enteremos. Que ya paso en la anterior congelación salarial. Como dice el refrán vive y deja vivir. Que los sindicatos, alcaldes, políticos , son los que viven y los funcionarios con la boca calladita por que son los únicos que les pueden complicar la vida.
La clave partidista:
Muchas gracias a todos los funcionarios que votaron ZP y PSOE......
No hay de qué, cada cual es muy libre de votar a quien le parece.
Más control:
Soy funcionario, he aprobado una oposición, y no soy político. Es razonable que me bajen el sueldo, yo que NUNCA voy a perder mi puesto de trabajo. Pero también es razonable que parte de mi sueldo lo dediquen a contratar a otros dos tipos de funcionarios que aprecio especialmente: Los inspectores de Trabajo, y los inspectores de Hacienda. Para que, una vez salgamos del hoyo económico, y exista otra vez una tábula rasa, TODOS DECLAREMOS LO QUE GANAMOS, y las oportunidades para becas, entrada a colegios, deducciones... sean las mismas.
O más civismo.
Que pongan un teléfono para denunciar el fraude fiscal, que se iban a hinchar a recibir llamadas de funcionarios. Que faciliten las denuncias, ya veréis como recaudan más.
Solidaridad para todos, por las buenas o por las malas:
Soy funcionario y me parece perfecto . Solo espero que mis compañeros de la Inspección de Hacienda estechen el cerco a los empresarios defraudadores y les hagan pagar por todo el dinero B que manejan para que así no puedan gastarlo en marisco y todoterrenos.
Con mirada retrospectiva:
Soy funcionario, durante los años de bonanza he tenido subidas inferiores al IPC. Mientras mi sueldo se congelaba, no paraban de aumentar las contrataciones con consultorías, sin parar de entrar personal de empresas públicas como TRAGSA, que salen mucho más caros que los funcionarios, y ahora...otra vez nos han de congelar el sueldo. ¿No se les ocurre nada mejor? ¡VAYA CAPACIDAD DE GESTIÓN!
De acuerdo, pero más allá:
Yo también soy funcionario, y con gusto acepto la medida de la congelación. Todos tenemos que arrimar el hombro y ser solidarios, y nosotros tenemos un enorme privilegio al contar con un empleo estable para toda la vida. Ahora bien, propongo una medida adicional: ¿Qué tal si empiezan a recortar la infinidad de puestos de eventuales que cobran un pastón en la Administración Pública?.
Algunos cobran y no hacen nada.
¿No les importará mucho que les congelen un sueldo que les regalan?
¿Para cuándo una investigación sobre esta malversación de fondos públicos con los asesores del Gobierno de Aragón?
To be continued.
Esto no ha hecho más que empezar: lo del jaleo de los sueldos, digo.
Mañana, réplica de los sindicatos, si es que no los han pillado de vacaciones.
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