El Departamento de Presidencia ha comunicado al Justicia de Aragón la no aceptación de la sugerencia realizada por esta Institución para llevar a cabo la aprobación de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes Cuerpos y Escalas de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La razón esgrimida para dicho rechazo es que, en estos momentos, se está trabajando por la Dirección General de la Función Pública en el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Autónoma de Aragón, con la que se pretende desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público, entendiéndose que “será en dicho texto donde se recogerá la regulación de los tribunales calificadores, por lo que no procede la elaboración de una regulación específica al margen”.
Dicha razón para rechazar la sugerencia del Justicia de Aragón resulta falaz y totalmente infundada, a juicio de esta Asociación, pues la elaboración de una futura Ley que regule la función pública aragonesa en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público en nada impide adoptar las medidas oportunas para reforzar las garantías de competencia y objetividad en la selección del personal de nuevo ingreso mediante una adecuada ordenación de los tribunales de selección.
De hecho, en otras materias que han interesado a la Dirección General de la Función Pública –anticipo de carrera profesional o promoción interna temporal-, la elaboración de la futura ley no sólo no ha sido obstáculo para su aprobación, sino que dicha futura regulación se invoca como fundamento de tales medidas, para anticipar aspectos de la misma.
Es decir, la Administración rechaza medidas que garantizan la objetividad del acceso al empleo público, mientras que, al mismo tiempo, no tiene inconveniente en promover otras medidas –como el anticipo de carrera profesional, declarado ilegal en otras Comunidades Autónomas-, pese a carecer de toda base legal y contradecir la normativa vigente. Con ello no hace sino evidenciarse la absoluta arbitrariedad con que se dirige la función pública aragonesa por parte del actual Consejero de Presidencia, Javier Velasco, y su Director General de la Función Pública, Antonio Brun.
Esta Asociación va a dirigirse a los citados responsables, para deplorar su decisión de rechazo de la sugerencia del Justicia de Aragón, así como a los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, para manifestarles la preocupación por este nuevo signo de arbitrariedad por parte del Gobierno de Aragón y solicitarles la adopción de iniciativas parlamentarias para corregir la decisión comunicada al Justicia de Aragón.
Sugerencia del Justicia de Aragón.
El Justicia de Aragón dirigió, el pasado mes de diciembre, dicha sugerencia al Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón, adoptada a partir de un escrito de queja formulado por esta Asociación, pretende asegurar que los componentes de los órganos de selección de personal de nuevo ingreso de la Administración autonómica reúnan las condiciones debidas de idoneidad e imparcialidad, lo cual no se halla asegurado en la actualidad al no existir criterio alguno al que deba ajustarse el Consejero de Presidencia para determinar su composición.
Afirmaba el Justicia de Aragón en dicha sugerencia que, en la medida en que los tribunales ejercitan facultades dotadas de un considerable margen de discrecionalidad técnica, parece primordial asegurar su objetividad e imparcialidad, de ahí que parezca especialmente positivo asegurar su carácter esencialmente técnico. Entendía el Justicia de Aragón que a la hora de designar a los miembros de los tribunales de selección deben prevalecer los criterios que aseguren el carácter técnico, objetivo e imparcial de sus miembros, por encima de criterios meramente representativos, en referencia a vocales designados por sindicatos.
El Justicia de Aragón proponía la rotación en la composición de los tribunales de selección, para que no se repitiese injustificadamente la presencia de los mismos funcionarios, así como el establecimiento de garantías de imparcialidad objetiva. Para ello, sugería la exclusión expresa de los funcionarios que hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes en un tiempo prudencial anterior, como de funcionarios vinculados con cualquier entidad social que cuente con medios personales y materiales para la preparación de aspirantes a ingresar en la función pública en el cuerpo para el que se convoca el proceso. También proponía la exclusión de los funcionarios de reciente ingreso en cada cuerpo, dado su previsible contacto directo con otros opositores.
La Asociación celebró la sugerencia formulada por el Justicia de Aragón, al tratarse con ella de poner remedio a la actual discrecionalidad con que cuenta el Consejero de Presidencia para decidir la composición de los órganos de selección, sin garantía suficiente de idoneidad y objetividad de los mismos, y se dirigió, con fecha 22 de diciembre de 2008, al titular del Departamento de Presidencia, así como a los responsables de la Dirección General de la Función Pública y del Instituto Aragonés de Administración Pública, para solicitarles la aceptación de tal sugerencia y el impulso de las medidas y criterios de gestión adecuados para su aplicación, procediendo a la observancia de los criterios sugeridos en ella para la designación de aquellos tribunales pendientes de designar correspondientes a procesos selectivos pendientes de ejecución.
Esta Asociación, con esa misma fecha, se dirigió a los diferentes Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, al objeto de que pudiesen adoptar las iniciativas de impulso y control oportunas para asegurar la aplicación del criterio expresado por el Justicia de Aragón en la citada sugerencia.
Ni unos ni otros dieron respuesta alguna a los escritos de esta Asociación.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
17 comentarios:
¡vaya mecha que ha cogido esto!
¿Será la laxitud de los días de agosto?
¿Más ruedas de molino para el Justicia?
ESTO SE DICE EN EL PERIÓDICO HOY:
Francisco Catalá aseguró ayer que el ayuntamiento no ha recibido "ningún escrito" procedente de la asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa y que está siendo investigado por el Justicia por una supuesta vulneración del derecho de petición de esta organización. Según Catalá, el consistorio no ha podido acusar de recibio el Código de Buen Gobierno redactado por la asociación porque ese documento no se recibió, y que esta circunstancia ya fue comunicada en su momento al Justicia.
no me creo nada, la verdad.
Esto se dice en un comunicado de CSIF:
La historia se repite: los políticos pretenden recurrir a congelarnos el sueldo a los trabajadores públicos como la manera más fácil de contener el gasto público ante las crisis.
El sindicato CSI·F se ha posicionado en contra de la congelación salarial que pretende aplicar la Administración ya que desde 1997 los trabajadores públicos han perdido el 13% de su poder adquisitivo. Además esta pérdida, es decir la diferencia entre la subida del IPC y de los salarios, supera el -42% en el periodo 1982-2007.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) opina, con estos datos en la mano, que si la época de bonanza económica no repercutió en beneficio del salario de los funcionarios, en estos momentos de crisis "no puede ser que los primeros en ver congelada su nómina, y pagar los platos rotos, como siempre, son los empleados públicos".
Comentario traido de un foro de opositores:
Bendito el día que en la DGA saquen a convocatoria libre las cientos de plazas que actualmente ocupan interinos!
El objetivo de una oposición es sacar plaza, no quedar bien en las listas para que te sigan llamando de interino (que debería ser secundario) y es que con las pocas plazas que ofertan libres no me extraña que uno piense más bien en lo segundo. Las interinidades "eternas" no son buenas para el empleo público.
Viva la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa!
Creo que está haciendo un buen trabajo.
Me gustaría contactar con ellos, al menos, para felicitarles. Si alguno tiene los datos de esta asociación agradecería que me los pasase.
Parece que existe alguien que valora positivamente lo que se hace.
¿Sorprendidos?
Sí, y mucho.
PUBLICADA HOY EN EL PERIODICO DE ARAGON:
La elaboración de un procedimiento reglado para la designación de los miembros de los tribunales calificadores de las pruebas de acceso a los diferentes cuerpos de la Administración de Aragón tendrá que esperar. Según denunció ayer la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, el departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón ha comunicado al Justicia de Aragón que no acepta su sugerencia de agilizar este trámite.
La Dirección General de la Función Pública está trabajando en el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de Aragón, en el que se incluirá esa regulación.
Existe una especie de disco rayado, que aflora cada tanto en los foros, juzgando a la asociación por lo que hicieron o dejaron de hacer algunos de sus miembros y por la insinuación de que se están buscando cargos o promociones...
Aquí os lo dejo para vuestra lectura un comentario del foro de comentarios del Periódico de Aragón:
No se cómo estará compuesta ahora, pero la asociación de marras está copada por personajes que en su día tuvieron responsabilidades administrativas a nivel de jefes de servicio, y en su día no hicieron NADA. Así que el goteo de acciones (no pasan dos semanas sin que manden una nota a la prensa)es más que sospechoso... ¿Querrán volver a tener sus carquitos?
ELLA CONSIDERA QUE ELLOS NO HICIERON NADA. ¿NO RECUERDA ESTO A CARMEN LAFORET?
Interesante observación de Sevach:
El Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/2007, de 12 de Abril, es la norma burocrática por excelencia. Nunca se aprobó en el Estado español una norma tan ambiciosa, que afecta a casi tres millones de empleados públicos, con la aspiración de conseguir la cuadratura del círculo de armonizar la legislación estatal con las legislaciones autonómicas, de acompasar funcionarios y laborales, y de fijar el régimen del empleado público del siglo XXI.
Y sin embargo han transcurrido más de dos años (¡¡Sí, ya han pasado dos años!!) y el Estatuto en vez de “madurar” parece que se “pudre” puesto que no ha sido desarrollado legal y reglamentariamente, optándose por la judicialización de los puntos de tensión. El Estado no ha aprobado su ley de la función pública estatal pese a su importantísimo papel de espejo para las Comunidades Autónomas, y de su vocación de norma supletoria. Y las Comunidades Autónomas tampoco han aprobado leyes de su función pública propia, desarrollando la legislación estatal e incorporando modelos originales de carrera profesional y retributiva (entre otros), limitándose a parcheos puntuales para salir del paso. Nadie quiere bailar con el Estatuto Básico porque no quieren ( temor a negociar), no pueden ( la crisis económica altera sus prioridades), no deben ( saben que les cuesta dinero) o no saben ( ni el punto de partida ni la meta).
Pero no está mal hablar del futuro desarrollo para dilatar cualquier solución a los problemas de la situación actual, como la discrecionalidad en los nombramientos de los miembros de los tribunales.
Queda aplazado ad calendas grecas.
Ad calendas grecas: Para las calendas griegas, un plazo que nunca ha de cumplirse.
el plazo puede cumplirse, lo que no se cumple es lo dicho, pues no existe voluntad de hacerlo, era simple excusa ...
Publicar un comentario