Frente a las declaraciones públicas realizadas en el día de ayer por el actual responsable máximo del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, negando no sólo que el Justicia de Aragón esté investigando la posible vulneración del derecho de petición de esta Asociación por parte del Alcalde de Zaragoza -como si pudiera negarse la tramitación de un expediente de queja por tales hechos, que consta a esta Asociación por ser la autora de la queja-, sino rechazando el hecho mismo de que el Ayuntamiento haya llegado a recibir escrito alguno de petición de esta Asociación, consideramos oportuno realizar las siguientes puntualizaciones:
Primera.- El pasado mes de noviembre, esta Asociación optó por dirigirse a los alcaldes de las tres capitales de provincia de la Comunidad Autónoma –Huesca, Teruel y Zaragoza- y a los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales, para solicitar de todos ellos la aprobación de códigos de buen gobierno en sus respectivas instituciones, de acuerdo con los principios que marcan la estrategia de ética pública en el ámbito europeo y que se ha recogido igualmente en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006.
Entendíamos con ello que el impulso de tales códigos de buen gobierno, con contenido similar al aprobado por el Gobierno de España en 2005, incumbe a todas las instituciones públicas, y es un modo de asumir el liderazgo en la lucha contra la corrupción y a favor de la ejemplaridad en la gestión pública.
Segunda.- La petición dirigida al Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, en ejercicio del derecho fundamental de petición, se presentó por escrito, el día 11 de noviembre de 2008, mediante correo certificado en oficina de Correos, conforme a lo previsto en el artículo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Esta Asociación tiene en su poder copia sellada del citado escrito, que acredita su presentación, y al escrito de queja formulado el 30 de marzo de 2009 ante el Justicia de Aragón, por la falta de respuesta por parte del Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, se aportó fotocopia de la copia sellada que acreditaba la presentación en debida forma de la petición realizada.
Similar escrito de petición se dirigió, por igual procedimiento, a los Alcaldes de las ciudades de Huesca y Teruel y a los Presidentes de las tres Diputaciones Provinciales aragonesas, obteniendo la respuesta favorable a tal petición por parte del Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Javier Lambán.
Tercera.- No queremos poner en duda la veracidad de las palabras del responsable del Ayuntamiento de Zaragoza, en cuanto a la posibilidad de que el escrito de petición formulado por esta Asociación, haya podido no llegar nunca a su destinatario, que no es otro que el Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, pero debiera aclararse por parte de la Institución municipal, al menos, si el citado escrito tuvo entrada en el Registro General de dicha Institución, para lo cual bastaría la remisión al Justicia de Aragón de una simple certificación de la persona responsable de dicho Registro.
Sería de lamentar que al hábito de nuestros responsables políticos de no acusar recibo ni contestar a los escritos de petición de esta Asociación se sumase ahora, ante las eventuales investigaciones realizadas por el Justicia de Aragón por la posible vulneración del derecho fundamental de petición, la negación de la recepción de dichos escritos, negación que sólo cabe aceptar si viene avalada por el correspondiente certificado del Registro General de la Institución correspondiente.
Cuarta.- Por último, y en el caso de que efectivamente el escrito de petición no hubiese llegado nunca a su destinatario, esta Asociación volvería a formular nuevamente su petición al Alcalde de la Ciudad, en la total confianza de que la misma sería objeto de acuse de recibo y respuesta motivada en los plazos marcados por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
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