sábado, 20 de diciembre de 2008

CLAUSULA DE REVISIÓN SALARIAL: NECESIDAD DE RESTABLECER LA LEGALIDAD PRESUPUESTARIA.

Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.

La actual tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2009, ha aconsejado que esta Asociación se haya dirigido a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón para reiterarles, una vez más, su posición respecto a la cláusula de revisión salarial pactada en su día por Administración y Sindicatos. Esta cláusula ha sido aplicada por el Gobierno de Aragón al margen de la legalidad presupuestaria en materia de retribuciones de los empleados públicos, pues a nunca fue incorporada a la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, careciendo por ello del refrendo necesario de las Cortes de Aragón, a las que compete aprobar o autorizar los gastos públicos, como expresamente se señala en el Estatuto de Autonomía de Aragón.

Como ya señalamos días atrás en este blog, el actual Proyecto de Ley de Presupuestos remitido por el Gobierno de Aragón al Parlamento autonómico, de una manera sorprendente, prevé la inaplicación de una cláusula que nunca se ajustó a los requisitos exigidos para adquirir eficacia. Dado el absurdo legal que ello supone, esta Asociación se ha dirigido por escrito a los diferentes Grupos Parlamentarios, para solicitarles la modificación de la previsión de inaplicación contenida en el artículo 20.3 del texto del Proyecto de Ley, con el fin de reconducir de forma definitiva a la legalidad el régimen de incremento retributivo de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma.

A continuación, se reproduce íntegramente el escrito remitido a los Grupos Parlamentarios:

“Grupos Parlamentarios
Cortes de Aragón
Palacio de la Aljafería
50071-Zaragoza

Zaragoza, 19 de diciembre de 2008.

Estimados señores:

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para 2009 incluye, dentro del Título relativo a créditos de personal, la siguiente previsión: "Con cargo a los créditos presupuestarios del año 2009, no se abonará retribución alguna que vaya vinculada a la evolución de índices sujetos a variación del presente o anteriores ejercicios" (artículo 20.3 del Proyecto de Ley).

Llama la atención que la no aplicación durante el ejercicio de 2009 de la cláusula de revisión salarial, pactada en su día por Administración y Sindicatos y aplicada reiteradamente por el Gobierno de Aragón sin necesidad de su inclusión en las Leyes anuales de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, se incorpore por vez primera en las normas presupuestarias de la Comunidad Autónoma de Aragón y que tal incorporación se realice, precisamente, para excluir su abono. Parece que, con ello, se olvida que la función básica de las leyes de presupuestos es la de autorizar gastos públicos y no la de prohibirlos o excluirlos, pues la no autorización de un gasto bastaría para impedir su realización, particularmente en lo que afecta al incremento anual de retribuciones de los empleados públicos, al quedar sujeto legalmente al límite fijado por las leyes de presupuesto de cada ejercicio.

Esta Asociación solicitó en su día a los Consejeros de Presidencia, Javier Velasco, y de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, que el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 incorporase la cláusula de revisión salarial que se decía haber pactado en el marco de la negociación colectiva -acuerdo que vinculaba al Gobierno de Aragón al confeccionar el Proyecto de Ley, pero no a las Cortes de Aragón en su tramitación y aprobación-, petición que no fue atendida ni contestada. Dicha falta de inclusión, sin embargo, no fue óbice para que se abonase una paga compensatoria del 1’2% diferencial entre el incremento autorizado legalmente y la evolución interanual del IPC.

Al haberse abonado tal cláusula durante el ejercicio del 2008, pese a no haberse autorizado por la Ley de Presupuestos, se remitió escrito a los órganos de gobierno de las Cortes de Aragón para que se requiriese al Gobierno de Aragón la anulación del acuerdo de aplicación y abono de tal cláusula de revisión salarial, ya que tal decisión constituía una invasión de la potestad presupuestaria de las Cortes de Aragón, además de un claro incumplimiento de la legalidad presupuestaria aplicable en materia de retribuciones de los empleados públicos. Hasta la fecha, esta Asociación no ha recibido respuesta alguna de los órganos de las Cortes de Aragón a los que dirigió tal petición.

Ahora observamos que el Gobierno de Aragón, con los términos del Proyecto de Ley remitido a las Cortes de Aragón, se desvincula de los compromisos adquiridos con las organizaciones sindicales y, sin que conste un acuerdo de negociación colectiva sobre anulación o inaplicación de dicha cláusula, incluye en dicho Proyecto de Ley un precepto con la exclusiva finalidad de inaplicar dicha cláusula de revisión salarial durante el presente ejercicio.

Consideramos que ni entonces –cuando aplicó una cláusula no autorizada por las Cortes de Aragón en la Ley de Presupuestos aprobada- ni ahora –al pretender la inaplicación de una cláusula pactada en el ámbito de la negociación colectiva, sin renegociación o denuncia de dicho acuerdo- el Gobierno de Aragón se ha ajustado a la legalidad en materia presupuestaria, ni ha respetado la regulación básica sobre las condiciones de negociación colectiva en el ámbito de la función pública, especialmente en lo que afecta al incremento anual de las retribuciones de los empleados públicos.

No parece admisible que se pretenda ahora la inaplicación durante 2009 de un acuerdo alcanzado en el ámbito de la negociación colectiva que no se sometió a ninguno de los requisitos legalmente requeridos para dotarlo de eficacia –depósito en la Oficina pública establecida y aprobación expresa por la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma- y que dicho acuerdo pueda quedar, pese a ello, en estado latente, posibilitándose su aplicación en el futuro, en aquellos ejercicios en que no se contenga una previsión como la introducida en el artículo 20.3 del actual Proyecto de Ley de Presupuestos.

Esta Asociación cuenta con un especial interés en que la gestión de los créditos de personal realizada por el Gobierno de Aragón sea transparente y acorde a la legalidad, por lo cual se dirige a ese Grupo Parlamentario para solicitarle que, mediante las iniciativas parlamentarias que considere oportunas, promueva la supresión en el Proyecto de Ley del artículo 20.3 señalado, por razones técnicas, al constituir una clara vulneración de la legislación básica de función pública, y, en su lugar, se incluya la clara previsión de que el Gobierno de Aragón no aplicará en materia retributiva ningún acuerdo alcanzado en el ámbito de la negociación colectiva que no se recoja expresamente en la Ley y se ajuste a los límites presupuestarios establecidos en ella. Con ello, lograría restablecerse plenamente la legalidad en esta materia.

Agradeciendo su atención nuevamente, les reiteramos nuestro más respetuoso saludo.

Julio Guiral Pelegrín. Presidente de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa”.

12 comentarios:

Anónimo dijo...

Hablemos todo lo que haga falta de esta tema tabú, que nadie quiere ni oir mentar. ¿Por qué será?

Anónimo dijo...

Muy acertado el brevísimo pero enjundioso comentario sobre los gastos de representación, publicado en Heraldo ayer sábado.

Anónimo dijo...

No hay que permitir que el tema se entierre, con el acuerdo general de aquí no ha pasado nada.

Anónimo dijo...

Vamos a ver lo que aprueban finalmente las Cortes de Aragón, pues así sabremos a qué atenernos.

Anónimo dijo...

Veo que la Asociación comienza a trabajar también en fin de semana, lo cual ya es trabajar, así que comiencen a preocuparse los que estén actuando indebidamente desde sus cargos públicos. No hay que dar tregua. ¿Tampoco navideña?

Anónimo dijo...

En este tema no se puede desistir, y si en Aragón no se quiere hacer nada, habrá que ir a otros ámbitos, como el Tribunal de Cuentas, y que decidan, pero que no quede por nosotros.

Anónimo dijo...

¿Quién concede valor a la legalidad cuando la ilegalidad favorece sus intereses económicos? ¿Entonces todos coincidimos en la corrupción, de mayor o menor grado?

Anónimo dijo...

¿Son conscientes los propios diputados de lo que está juego en este asunto?

Anónimo dijo...

¿Y esto mismo no pasa en otras administraciones y sus funcionarios no ponen ningún inconveniente a esa supuesta ilegalidad?

Anónimo dijo...

Uno tiende a ver siempre justificado cualquier incremento retributivo, y además ya están otros encargados de velar por el respeto de la legalidad, como la Intervención General, o ¿es que tenemos que poner en duda su labor?

Anónimo dijo...

Yo creo que la Asociación debe dirigir un escrito denunciando esta situación al Tribunal de Cuentas. Hay instituciones del Estado que deben velar por el cumplimiento de la Ley.

Anónimo dijo...

Tal cual estaba en el proyecto de ley se ha aprobado por las Cortes de Aragón. ¿Y ahora?