Zaragoza, 9 de septiembre de 2008.
El grave estado de deterioro del sistema de selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma no ha experimentado ningún signo positivo que permita otorgar algún grado de confianza a los actuales responsables de función pública.
Ni la ejecución de la Oferta de 2007 se ha ajustado a los plazos de convocatoria establecidos por la Ley de Ordenación de la Función Pública –todavía quedan por realizar procesos selectivos procedentes de la Oferta de 2004-, ni en la Oferta de 2007 se incluyeron los puestos de trabajo que exige la Ley, como son todos los cubiertos por funcionarios interinos, ni hay indicios de que el Gobierno de Aragón vaya a aprobar la Oferta correspondiente a 2008, a pesar del carácter anual que para la misma impone el Estatuto Básico del Empleado Público.
Es comprensible –aunque no admisible- que ante tal crisis de legalidad en materia de selección de personal, los responsables del Departamento de Presidencia sean incapaces de disciplinar la selección de personal de entidades de derecho público y de empresas públicas, cosa que se ha solicitado reiteradamente por esta Asociación, sin obtener ningún resultado.
La situación se ha visto agravada por el reciente acuerdo alcanzado entre el Director General de la Función Pública y determinados sindicatos, en el que se marcan objetivos de temporalidad en el empleo público totalmente contrarios a la legislación básica estatal. No parece aceptable que puedan establecerse pactos, en el ámbito de la negociación colectiva, para inaplicar las exigencias legales, derogando con ello la legalidad que viene precisamente a garantizar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de acceso a las funciones públicas.
Esta Asociación, que ya se vio obligada a impugnar ante los Tribunales el Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público de 2007, va a dirigirse a los responsables de la Administración autonómica para reiterarles la obligación de ajustar la selección de personal a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, se va a solicitar de las instituciones del Estado, tanto del Ministerio de Administraciones Públicas como del Congreso de los Diputados, una labor de control sobre el grado de cumplimiento de la legislación básica en materia de selección por el conjunto de las Administraciones Públicas y, en particular, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El grave estado de deterioro del sistema de selección de personal en la Administración de la Comunidad Autónoma no ha experimentado ningún signo positivo que permita otorgar algún grado de confianza a los actuales responsables de función pública.
Ni la ejecución de la Oferta de 2007 se ha ajustado a los plazos de convocatoria establecidos por la Ley de Ordenación de la Función Pública –todavía quedan por realizar procesos selectivos procedentes de la Oferta de 2004-, ni en la Oferta de 2007 se incluyeron los puestos de trabajo que exige la Ley, como son todos los cubiertos por funcionarios interinos, ni hay indicios de que el Gobierno de Aragón vaya a aprobar la Oferta correspondiente a 2008, a pesar del carácter anual que para la misma impone el Estatuto Básico del Empleado Público.
Es comprensible –aunque no admisible- que ante tal crisis de legalidad en materia de selección de personal, los responsables del Departamento de Presidencia sean incapaces de disciplinar la selección de personal de entidades de derecho público y de empresas públicas, cosa que se ha solicitado reiteradamente por esta Asociación, sin obtener ningún resultado.
La situación se ha visto agravada por el reciente acuerdo alcanzado entre el Director General de la Función Pública y determinados sindicatos, en el que se marcan objetivos de temporalidad en el empleo público totalmente contrarios a la legislación básica estatal. No parece aceptable que puedan establecerse pactos, en el ámbito de la negociación colectiva, para inaplicar las exigencias legales, derogando con ello la legalidad que viene precisamente a garantizar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de acceso a las funciones públicas.
Esta Asociación, que ya se vio obligada a impugnar ante los Tribunales el Decreto que aprobó la Oferta de Empleo Público de 2007, va a dirigirse a los responsables de la Administración autonómica para reiterarles la obligación de ajustar la selección de personal a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Además, se va a solicitar de las instituciones del Estado, tanto del Ministerio de Administraciones Públicas como del Congreso de los Diputados, una labor de control sobre el grado de cumplimiento de la legislación básica en materia de selección por el conjunto de las Administraciones Públicas y, en particular, por la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2 comentarios:
El MAP debería conocer lo que sucede en el conjunto de las administraciones públicas y realizar una labor de control sobre el respeto a la legislación básica.
¿Cuántos millones se han gastado en aplicaciones informáticas para que todo SIRHGA igual?
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