lunes, 29 de septiembre de 2008

APELACIÓN A LAS CORTES GENERALES PARA QUE EL GOBIERNO DE ARAGÓN NO NOS PRIVE DE DERECHOS DE CIUDADANÍA.

Zaragoza, 29 de septiembre de 2008.

Mientras en las Cortes de Aragón se desarrollaba el debate sobre el estado de la Comunidad, esta Asociación dirigía sendos escritos de petición al Congreso de los Diputados y al Senado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77 de la Constitución española (derecho de petición a las Cámaras), con el fin de solicitar de las Cortes Generales, como institución de control e impulso de la labor del Gobierno nacional, que insten al Ministerio de Administraciones Públicas la realización de una labor de coordinación y vigilancia para asegurar el respeto al Estatuto Básico del Empleado Público por parte de todas las Administraciones Públicas, y en particular por las Comunidades Autónomas.

La configuración del Estado autonómico se asienta sobre el principio de autonomía, concediendo amplia capacidad de autogobierno a las Comunidades Autónomas, pero también sobre el principio de unidad, cuya manifestación más evidente es la igualdad de todos los españoles en el disfrute de los derechos fundamentales establecidos en el Título I de la Constitución.

Si por autogobierno ha de entenderse la capacidad de decisión de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal objetivo parece haber quedado postergado en la agenda política aragonesa, y basta para ejemplificar tal situación lo sucedido con el derecho de acceso de los ciudadanos a las funciones públicas: el Gobierno de Aragón ha sido incapaz de asegurar dicho derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos, incumpliendo con ello la Constitución, la legislación básica estatal y la propia normativa aragonesa, y reduciendo a la mínima expresión la noción de “autogobierno”, que exige la sujeción a las normas que los ciudadanos se dan a sí mismos a través de los Parlamentos que los representan.

Por dicho motivo, y sirva ello como contrapunto al autocomplaciente discurso de quienes gobiernan, algunos ciudadanos nos vemos en la necesidad de apelar a las Cortes Generales para que el Gobierno autonómico no nos prive de determinados derechos de ciudadanía, como es el de acceso a las funciones públicas. Es decir, para que no nos prive de nuestra capacidad de autogobierno, de nuestra capacidad de dotarnos de normas a las que también queden sujetos los poderes públicos, y no sólo los ciudadanos.

No deja de resultar irónico que haya que invocar ante las Cortes Generales el autogobierno, por motivo de actuaciones de las instituciones de la Comunidad Autónoma que lo debilitan: irónico y decepcionante.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

¿Mala salud democrática en nuestras instituciones autonómicas?

Anónimo dijo...

A ver si Congreso y Senado no hacen lo mismo con los escritos de petición que las Cortes de Aragón: archivarlos y punto.

Anónimo dijo...

¿se han analizado los increíbles acuerdos entre función pública y sindicatos del pasado mes de agosto? no debiera dejarse pasar sin comentar y sin una posición clara y pública