Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
El Estatuto Básico nos va a modificar el escenario, no sé todavía con qué alcance, pero desde luego entramos en una nueva etapa de la función pública.
Es un poco penoso que esa nueva etapa coincida con un momento tan nefasto en la gestión de personal en la DGA, carente de ideas y carente de cultura democrática.
Tal coincidencia hace especialmente necesaria una decidida actuación por parte de la Asociación para evitar que el desistimiento generalizado, tanto de Administración como sindicatos, en el respeto a la legalidad permita fraguar un mal modelo de función pública aragonesa, del que hoy por hoy se desconoce todo, aunque las propuestas de los sindicatos en las pasadas elecciones sindicales no resultaban muy alentadoras.
Hay que abordar con deternimiento, estudio y profundidad muchos aspectos del Estatuto recién aprobado, en especial porque deja un amplísimo margen de desarrollo a cada Comunidad Autónoma.
¿Qué círculos de reflexión o de pensamiento tenemos en nuestra Administración sobre estos temas? ¿el Instituto Aragonés de Administración Pública?¿la Inspección General de Servicios? ¿la Dirección General de la Función Pública? Dudo que haya Administraciones Públicas tan huérfanas como la nuestra en órganos de planificación y diseño.
En esto, como en tantos otros terrenos, el resultado de empobrecimiento de la organización es directamente proporcional a los encargos de planes y proyectos al exterior, en una deliberada política de debilitamiento del tejido profesional interior.
Los políticos gustan del dinero de los presupuestos, pero no de que, para su manejo, tengan que contar con el incordio de los funcionarios.
La solución ídílica -para algunos, pues me resisto a pensar que todos los políticos son del mismo estilo-sería la eliminación de la función pública y el encargo de todos los trabajos al exterior, a los equipos y gabinetes afines, tejiendo así una red de influencias y de control poderosa, silenciando progresivamente a la sociedad.
Hay Departamentos que son arquetipo de esta forma de gestión, como ocurre en Medio Ambiente, y determinadas sucesos del panorama política quizás sólo puedan entenderse por esa mentalidad corrupta de utilizar los fondos públicos para ganar voluntades, comprar lealtades y degradar hasta la misma entraña todo atisbo de dignidad democrática en nuestra sociedad.
Nueva oligarquía y caciquismo en nuestra tierra, nueva corrupción institucionalizada, que demanda de todos los que aún creemos en algo y estamos dispuestos a luchar por otra realidad más digna una verdadera revolución democrática, rearmando a las instituciones del Estado de Derecho.
Esta Asociación debería ser sólo el germen de ese punto de inflexión social.
Sin duda, habrá que analizar un largo número de aspectos de la nueva Ley, pero creo que como Asociación no deberíamos dejar de expresar nuestra opinión sobre los procesos de consolidación de empleo para el personal interino que se autorizan por la disposición transitoria cuarta de la ley.
No olvidemos los ecos de las recientes elecciones sindicales, en las que el sindicato OSTA quiso hacer de los procesos de consolidación su bandera electoral, pero también UGT puso dicha propuesta en su programa, lo cual no debe sorprendernos, pues es coherente con su trayectoria de abaratar todo lo que suponga esfuerzo y profesionalidad.
La Asociación debe tener un mensaje claro en el tema de los funcionarios interinos y en la opción de la consolidación de empleo, y debe formular su posición con rigor, sin demagogia y sin trazar una línea divisoria entre unos y otros.
Los futuros funcionarios de carrera han de atenerse a los mismos criterios de selección que los actuales funcionarios, sin alterar o falsear los procesos selectivos.
Consolidar es una expresión enormemente falaz y debemos analizarla, diseccionarla, repudiarla.
¿Oración fúnebre por la función pública?
Acuerdo reverente con las opiniones anteriores
Prosequamur meditando.
Bueno, veo que hay pasajes que asemejan una letanía.
Hace unos años, Martínez de Pisón publicó un libro bajo el título "El ocaso de la Función Pública española" -muy recomendable-. Ahora ya podemos hablar del su fallecimiento.
Con el nuevo Estatuto la única direfencia relevante con respecto al Estatuto de los Trabajadores es la ausencia de despido. Todas las garantías que deben existir para el desarrollo imparcial del trabajo han desaparecido.
R.I.P. FUNCIÓN PÚBLICA.
Los viejos servidores públicos nunca mueren, o para evocar la gesta de los sitios de zaragoza en los episodios nacionales de galdós, digamos que siempre habrá una lengua viva para decir que los funcionarios públicos no nos rendimos ante el cerco a que nos someten los responsables políticos.
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