Ayer tuvo lugar la primera sesión del Ciclo sobre el Futuro de la Función Pública organizado nuestra Asociación con una charla impartida por el Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, don José Luis Bermejo Latre, sobre el Estatuto Básico del Estatuto del Empleado Público que resultó del mayor interés de los asistentes habida cuenta de las importantes novedades que se introducen en él, y que el Profesor Bermejo fue desgranando certeramente poniendo de manifiesto las luces y sombras de la nueva norma.
El próximo día 16 de mayo tendrá lugar la segunda sesión del ciclo, con la intervención de don Pablo García Mexía, Letrado de las Cortes Generales, que nos hablará de "Ética de la gestión pública y gobierno democrático".
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
8 comentarios:
Para los que no estuvimos por fuerza mayor, pediría una explicación de los puntos básicos tratados.¿alguien se anima a redactarla?.
Una de las ideas que más me gustó, por su claridad, se expuso en el coloquio posterior. El ponente vino a decir que conjeturando con unos colegas por la razón de ser de esta explosión de empresas públicas y organismos autónomos que estamos viendo, descartaban la facilidad en la contratación (la Administración puede contratar con el sector privado la adquisición de bienes, obras y servicios) y el que se pudiera eludir la fiscalización (aunque en este caso no será previa, sino posterior -y a veces con notable retraso-). Quedaba como único argumento plausible entonces el de la facilidad para la contratación y colocación de personal al margen de los procedimientos reglados para la Función Pública y sin aplicar los criterios de mérito y capacidad. Y efectivamente, ¿no demuestra la experiencia que esta es la verdadera razón? ¿No se han convertido las empresas públicas y los organismos autónomos en una poderosa agencia de colocación administrada sin ningún tipo de control, con absoluta discrecionalidad por el poder público?
Lo que quedó claro es que el Estatuto Básico tiene muy pocas normas de aplicación directa en lo que afecta al régimen jurídico de los funcionarios públicos, y que la mayor parte de sus preceptos son orientaciones que requieren un posterior desarrollo por parte del legislador de cada ámbito, estatal o autonómico.
Ello genera, por lo tanto, un periodo transitorio de cambio normativo que puede ser bastante largo, y en el que van a coexistir un conjunto normativo de lo más variopinto.
Me dio la sensación de que este Estatuto es absolutamente desregulador, permitiendo hacer, cuando se desarrolle por parte de las CCAA, una cosa o la contraria.
Recomiendo leer la información que da hoy el Heraldo sobre las empresas públicas aragonesas.
Excesivas ya en el 2002 y orientadas al ladrillo. Y a pesar de ello la vivienda subiendo más que en el resto de España.
Curioso
El tema de las empresas públicas, ya que se cita, creo que debiera preocupar a la sociedad civil más que a los funcionarios, pues es un fenómeno de intrusismo en la actividad económica privada siempre que no se halle suficientemente justificada la necesidad de su creación.
En nuestro caso, como funcionarios, lo realmente preocupante o escandaloso es que las empresas públicas puedan utilizarse como alternativa fraudulenta al ejercicio de funciones públicas, mediante la contratación al margen de los procedimientos reglados y el posterior préstamo irregular de trabajadores a los Departamentos.
Eso es lo que nos corresponde denunciar y que sean los empresarios los que denuncien la intromisión de las empresas públicas en el tejido empresarial.
Una de las cosas más sangrantes que estamos viviendo últimamente es el progresivo desmantelamiento de la Función Pública en múltiples vertientes: 1.- La creciente desregulación. Todo vale. Ya no hay límites a la discrecionalidad. 2.- El paso de funciones administrativas a las empresas y organismos públicos. 3.- La sustitución de funcionarios por trabajadores de estas empresas. La DGA está llenándose de estos trabajadores que ocupan, incluso físicamente, los puestos de trabajo de los funcionarios, con sueldos menores y sin la garantía de permanencia de que disfrutan los éstos y que son una garantía de su independencia.
Es difícil de constatar, pero si fuera real, sería un signo de degradación difícilmente igualable: no me gusta hacerme eco de rumores, pero la misma existencia de algunos rumores es indicio del grado de descomposición al que se está llegando por parte de algunos responsables, confundiendo en un totum revolutum lo que es un Departamento, un Partido Político y una Empresa Pública.
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