Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
33 comentarios:
Desearía que los nuevos cargos electos sindicales se interesasen por el estado de derecho para todos. Que los sindicatos diesen apoyo a esta iniciativa seria un buen punto de inflexión.A ver si es verdad que ha habido renovación en personas e ideas.
Creo que, durante este trimestre, la Asociación ha de emplearse a fondo para hacer llegar su mensaje a la totalidad de los funcionarios de la DGA, y un elemento esencial de dicho mensaje ha de ser esta reivindicación de ajustar la selección de personal a la legalidad, algo a lo que no parece darse la importancia que requiere.
¿Qué ha sido del acto de presentación en Huesca? ¿Se ha realizado ya o existe alguna previsión de cuándo va a tener lugar? Espero que se le dé la suficiente publicidad. Gracias.
Comparto plenamente la idea final de que las decisiones de los gobiernos no pueden apartarse de los mandatos contenidos en las leyes, pues ese es un indicio de degradación de la democracia, y lo peor es que tal compartamiento -habitual en el Gobierno de Aragón- no tiene la contestación que se merece por parte de los ciudadanos: es sorprendente, sobre todo entre funcionarios, la tendencia que existe a la servidumbre voluntaria, esperando con ello obtener el favor y no el respeto por parte del poder político. No me extraña, por ello, que esta Asociación moleste no sólo a los responsables políticos, sino también a buen número de empleados públicos, reacios al ejercicio responsable de sus obligaciones.
¿Se conoce la reacción de alguno de los responsables de la elaboración de la propuesta de Oferta Anual de Empleo Público al escrito remitido por esa Asociación? A lo mejor hay que alegrarse si no se traslada al Fiscal, como se ha hecho con el escrito dirigido por APUDEPA a la Comisión de Patrimonio, ya que recordar a los responsables lo que dicen las normas ahora se considera coaccionar la libertad de decisión, como si fuese posible decidir en contra de lo que señalan las leyes, esa colección de "párrafos", según opinión del excelso arquitecto responsable del proyectado Espacio Goya.
¿Y qué decir del Premio Aragón concedido por el Gobierno de Aragón a los miembros de la Ponencia para la Reforma del Estatuto de Autonomía? Pues yo creo que el mensaje queda claro: los premios para la clase política y las denuncias para la sociedad civil. Quien quiera que saque sus conclusiones.
Está bien el que los representantes sindicales se preocupen de la ausencia de oferta por tercer año consecutivo -si es que les preocupa, pues no existe ninguna constancia de ello-, pero ello habría que haberlo constatado en la reunión celebrada por la Comisión de Personal para informar el proyecto de Oferta. No se sabe que nadie hiciese el menor comentario respecto al carácter sectorial de la oferta aprobada y a la falta de verdadera oferta por quinta vez desde el año 2000. A esto se le llama convertir los derechos de las personas en un juego de lotería con el bombo trucado (el equipo de gobierno, en ejercicio de prerrogativas que no le corresponden pero que no tiene problema en atribuirse ha decidido que este año queda suspendido nuevamente el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos: ya veremos lo que sucede el próximo año). Nuestro Estado de Derecho está quedando reducido a una caricatura, pero ...(de qué vale preocuparse, ¿verdad?, para qué darnos un mal rato, mucho mejor dejarlo estar, sobre todo habiendo elecciones tan cerca)
Me llama mucho la atención la labor realizada por algunos sindicatos -con la mejor voluntad de servicio, me imagino-, al informar, como hace hoy CSIF, de las resoluciones publicadas en el BOA en relación con determinados procesos selectivos. ¿Han decidido convertirse en tablón de anuncios oficioso o en caja de resonancia del BOA? No me parece mal que hagan llegar la información al conjunto de la gente, no se les vaya a pasar la publicación a los interesados de dentro (potenciales electores), pero me llama poderosamente la atención la ausencia de todo tono crítico respecto a los incumplimientos de plazos por parte de la Administración. ¿Tan normal es publicar en abril de 2007 la relación provisional de admitidos a procesos de la OEP de 2004? Pues, al parecer debe serlo. ¿Y qué decir de la falta de publicación de las convocatorias de los procesos de la OEP 2004 relativos a los Grupos C y D? Pues, al parecer la cuestión no merece el menor comentario. El principio de igualdad ha sido convertido por la Dirección General de la Función Pública en principio de preferencia (unos después de otros, y cuando nosotros lo decidamos) y los sindicatos contentos porque al menos no hay desigualdad de género.
En todo caso, no me resignaba a no poner de manifiesto mi sorpresa por el tono aséptico de determinadas informaciones de las organizaciones sindicales, dando carta de normalidad a lo que son anomalías de la función pública de esta Comunidad. Desmoralizador que esto suceda a pocos días de unas elecciones sindicales. Espero que en futuros programas sean sinceros e incluyan el siguiente slogan: RETROCEDEMOS EN NUESTROS DERECHOS.
Ah, y no debemos olvidar, además, que si no hay oferta tampoco hay promoción interna para el personal. Tampoco pasa nada por ello, porque con la revisión salarial y la recuperación de festivos nos damos por satisfechos.
Me parece muy oportuno lanzar una campaña para reclamar la aprobación de una oferta de empleo acorde a las necesidades reales de personal existentes en la Administración autonómica. Pero me gustaría conocer el tipo de campaña que se está diseñando por la Asociación, y os sugeriría que sea una campaña participativa, al estilo de Greenpeace, con algún tipo de tarjeta que todos los interesados podamos hacer llegar, por ejemplo, al Presidente del Gobierno aragonés, para ver si se entara de una vez de lo que está sucediendo en la Administración que él dirige, ya que su único interés parece ser la marcha de las empresas públicas. Ha debido de ser una enorme sorpresa para todos estos Consejeros descubrir su tardía vocación empresarial, y una desdicha para todos nosotros, los funcionarios de esta Administración, que ese descubrimiento lo hayan hecho en el sector público, y aún peor para los ciudadanos pues el mercado, con sus leyes inexorables, no depurará tanta incompetencia y tanta manipulación partidista de los fondos públicos.
Para el diseño de la campaña sobre oferta de empleo, sugiero que se abra en este blog, si es posible, una espacio de sugerencias, pues la campaña, en su concepción y en sus líneas de desarrollo, debería recoger el máximo de perspectivas posibles, y esa visión completa sólo se obtiene a través de la participación de quienes sufren en sus propias carnes la realidad de esa cercenación del derecho de acceso, condenándoles a una interinidad o peor, a una profesionalización de la condición de opositor, sin horizonte seguro. Por no hablar de la inseguridad que la propia composición de los Tribunales introduce en las escasas convocatorias a las que uno, por fin, puede concurrir. ¿+porvenir? Será para los que están dentro y esperan seguir a toda costa.
Si no os acusan de plagio, os propongo como slogan de la campaña +oferta +legalidad +ciudadanía
y que cada cual añada aquello de lo que quiere más.
¿Qué medidas piensa adoptar la Asociación en el supuesto, más que previsible, de que el Gobierno haga caso omiso a su petición de aprobación de Oferta?
Creo que debería impugnarse el Decreto de Oferta aprobado por el Gobierno de Aragón, por ser contrario al principio de igualdad, aunque ello no lleve a la suspensión de los procesos de selección de personal docente, pero debería condenarse al Gobierno de Aragón por lesionar el derecho de acceso al empleo público de los ciudadanos (algunos ya interinos, pero la mayoría sin incorporación de ningún tipo a los puestos de la Administración).
El nivel de anestesia que padecemos es de tal calibre que ya nada nos hace reaccionar. Basta con repasar la composición de algunos tribunales de selección, en los escasos procesos de oposición en marcha (algunos del año 2004) para comprender el control existente de los mismos por parte de los responsables de función pública, algo que constituye otro elemento de la degradación que sufre todo el sistema de selección. Ese aspecto no puede ser eludido en la campaña que se haga, pues de nada sirve -a, al menos, de poco- si se convocacan oposiciones en las que actúan tribunales que no ofrecen garantías suficientes de objetividad y de solvencia técnica.
Una campaña absolutamente necesaria, ¿pero quién la reclama de verdad?.
Cuando se cede a la inaplicación de las leyes, como ocurre en la DGA, se está involucionando y volviendo al poder de las personas y no al de las normas. La campaña debe reafirmar este principio básico de sometimiento a las normas por estricta higiene democrática, y cada cual juzgará si Consejeros y Directores que se consideran por encima de las normas son dignos de gobernar en democracia.
Creo, como ya indiqué en una conversación privada, que estas iniciativas deben concretarse en Notas de Prensa enviadas a todos los medios de comunicación aragoneses y quizás también nacionales. También a los Grupos Parlamentarios. Entre otras cosas, para dar difusión a estos asuntos, para levantar alguna necesaria ampolla y para dar a conocer la Asociación y demostrar que está viva y coleando.
Ayer se habló en la Sede del Justicia de la inconveniencia de que los Sindicatos participen en la formación de aspirantes a oposiciones, y a su vez tengan representación en los tribunales de selección.
Propondría otra Nota de Prensa. Y a los Grupos Parlamentarios.
Hay que generar debate. Crear tensión (el motor de la vida)
Estoy completamente de acuerdo en que la actividad realizada por la Asociación debe ser del conocimiento público, y no sólo para que se conozca lo que se hace, sino también para que sus actuaciones estén sujetas al juicio público, pues la coherencia de los discursos debe ser capaz de soportar su puesta en escena.
¿Se ha mantenido una reunión con el Justicia de Aragón? Si es así, constituye todo un éxito, dado que la comparecencia en las Cortes de Aragón no tuvo lugar y la actitud del Gobierno parece ajustarse a eso de que "no hay mayor desprecio que no hacer aprecio", actitud que les pesará en un futuro, seguramente. En todo caso, sería bueno que se ofreciese una síntesis del encuentro con el Justicia, dentro de la discreción que impone ese tipo de encuentros, pero una valoración del resultado y de su posible receptividad a la iniciativa de la Asociación sería de interés para todos los que seguimos la trayectoria de esta Asociación.
En consonancia con la indignación que produce la existencia de Oferta sólo para personal docente no universitario, y por si había dudas sobre la clara desiguladad de trato entre unos y otros -algo inaceptable en una sociedad democrática como la nuestra-, no hay más que ver hoy en el BOA la publicación de las convocatorias de maestros, en cosa de dos semanas desde la publicación del Decreto de Oferta. Ofende comparar esos datos con lo sufrido por los funcionarios de escalas de administración general, algunos de los cuales aún siguen esperando que la Administración se digne algún día a convocar procesos de la Oferta de 2004. ¿Qué pretende el Gobierno? ¿Reducir a los ciudadanos a súbditos? ¿Ese es MI Compromiso? Prefiero el de Caspe.
No tiene nombre lo que sucede en materia de selección de personal, y uno no puede evitar el pensar si es posible que tanta celeridad para unos y tanta demora para otros se dé en la misma Administración, con los mismos sindicatos, por ejemplo. Parece claro que vivimos en un Estado de Arbitrariedad, donde el poder decide cómo ha de ejercer cada cual sus derechos. No hay otra conclusión posible.
Yo también considero que, aunque no se publique, los medios de comunicación deben conocer que se ha producido un importante encuentro entre la Asociación y el Justicia de Aragón. Conviene, y no es una ironía, mantener informados a las medios de información.
De acuerdo con uno de los objetivos de la Asociación para este primer periodo de andadura, hasta las vacaciones de verano, como era el introducir la problemática de la Administración en la agenda política de la Comunidad Autónoma -cuestión que se le expuso ayer al Justicia, en el encuentro mantenido con diferentes miembros de la Junta Directiva de la Asociación-, sería deseable programar con el tiempo adecuado la realización de un acto con representantes de las candidaturas que en la actualidad cuentan con representación en las Cortes de Aragón, a modo de mesa redonda y posterior debate y coloquio para que se pueda conocer la propuesta que cada partido tiene para la Administración, teniendo en cuenta el momento decisivo para establecer un nuevo modelo de función pública aragonesa, ante la necesidad de desarrollar el Estatuto Básico aprobado por las Cortes Generales.
Los funcionarios debemos reforzar nuestra independencia y neutralidad, esforzarnos por despolitizar la función pública, pero no debemos renunciar a contar, a nivel colectivo, con una capacidad de interlocución con los diferentes partidos políticos o, en su caso, los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón para poder trasladar ideas y propuestas sobre el modo de ordenar la función pública. Hay que abandonar la actual posición de "invisibilidad", a la que muchos nos quieren ver reducidos.
Se lleva razón en eso de informar a los medios de información, pues existe mucho gabinete de prensa dedicado a fabricar la "noticia" y a dirigir la "información" y hay muy poca comunicación que fluya al margen de los conductos oficiales.
Me seduce la idea de organizar como Asociación una mesa redonda con candidatos de todos los partidos y presencia de la prensa si fuera posible, o grabación del acto, para su transcripción y difusión. Que se mojen. Enfrentarlos con todo lo hecho, aprobado u obviado a lo largo de la legislatura: falta de convocatorias de ingreso, incremento de la discreccionalidad, empresas públicas, comisiones de servicio eternas, incumplimiento generalizado de la legislación... Sería interesante.
Deberíamos ser capaces de elaborar un escueto pero claro decálogo relativo a las empresas públicas: para qué se crean, cómo se gestionan y qué debe estarles absolutamente prohibido.
Os propongo que abráis en este blog tan dinámico que habéis sabido generar un rincón de lecturas administrativas recomendadas: para ello, os recomiendo un libro de reciente aparición titulado "Transparencia pública", en el que se aborda un modelo de gestión pública orientado a la evaluación de resultados, con especial hincapié en el responsabilidad política, la transparencia en la gestión y la rendición de cuentas al contribuyente.
Comparto la sugerencia anterior.
¿Cuál de las dos?
Me refería a la de lecturas recomendadas, aunque sería deseable que alguien, y pienso en esos grupos de trabajo constituidos o previstos, no sé en qué estado se encuentran, prepare una síntesis del libro, o de un artículo, etc. Pero tampoco me parece mal la relativa a un posible decálogo para las empresas públicas. Como cualquiera puede comprobar, tenemos una labor ingente por delante.
Pasan los días y cada vez estoy más convencido en la necesidad de ejercer acciones legales contra el Gobierno de Aragón por su absoluta desidia en materia de oferta de empleo público. Los derechos valen lo que vale su protección y si, ante un desconocimiento evidente de los derechos, nadie reacciona o hace valer los mecanismos de protección, los derechos pasan a ser meramente nominalistas, pues su respeto o no es sólo voluntad de quien ejerce el poder.
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