LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA PIDE AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE REVISE LA CREACIÓN DE DETERMINADAS OFICINAS PÚBLICAS.
Zaragoza, 18 de abril de 2007.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido por escrito a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo para solicitarles que revisen la creación de la Oficina del Cambio Climático, del Departamento de Medio Ambiente, y la Oficina de Cooperación al Desarrollo, la Oficina para la Inmigración y la Oficina Económica de Seguimiento de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, todas ellas del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, al entender que la creación de las mismas no se ajusta a las normas de organización de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La Asociación señala que las Oficinas correspondientes al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo figuran en la estructura de dicho Departamento como órganos de asistencia directa al Consejero y están dirigidas por personal eventual –personas de confianza política del Consejero-, contradiciendo lo establecido por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo artículo 20 se establece, de forma rigurosa, que los únicos órganos de asistencia directa de los Consejeros son su Gabinete y su Secretaría particular, sin que pueda existir otro personal eventual que el previsto para ambos órganos.
Asimismo, la Asociación pone de manifiesto que la creación de la Oficina del Cambio Climático, impulsada por el Consejero de Medio Ambiente, se ha producido al margen del procedimiento legal establecido, sin norma que habilite su creación y eludiendo las competencias organizativas que legalmente corresponden a los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo.
Las cuatro Oficinas citadas son un ejemplo de la tendencia del actual Gobierno de Aragón de dotarse de estructuras organizativas –entidades de derecho público, empresas públicas, fundaciones, etc- en las que sea posible eludir la presencia de funcionarios públicos y sus estrictos mecanismos de selección.
Like the battle of Waterloo, the battle for Scotland was a damn close-run thing. The effects of Thursday’s no vote are enormous – though not as massive as the consequences of a yes would have been.
The vote against independence means, above all, that the 307-year Union survives. It therefore means that the UK remains a G7 economic power and a member of the UN security council. It means Scotland will get more devolution. It means David Cameron will not be forced out. It means any Ed Miliband-led government elected next May has the chance to serve a full term, not find itself without a majority in 2016, when the Scots would have left. It means the pollsters got it right, Madrid will sleep a little more easily, and it means the banks will open on Friday morning as usual.
But the battlefield is still full of resonant lessons. The win, though close, was decisive. It looks like a 54%-46% or thereabouts. That’s not as good as it looked like being a couple of months ago. But it’s a lot more decisive than the recent polls had hinted. Second, it was women who saved the union. In the polls, men were decisively in favour of yes. The yes campaign was in some sense a guy thing. Men wanted to make a break with the Scotland they inhabit. Women didn’t. Third, this was to a significant degree a class vote too. Richer Scotland stuck with the union — so no did very well in a lot of traditonal SNP areas. Poorer Scotland, Labour Scotland, slipped towards yes, handing Glasgow, Dundee and North Lanarkshire to the independence camp. Gordon Brown stopped the slippage from becoming a rout, perhaps, but the questions for Labour — and for left politics more broadly — are profound.
For Scots, the no vote means relief for some, despair for others, both on the grand scale. For those who dreamed that a yes vote would take Scots on a journey to a land of milk, oil and honey, the mood this morning will be grim. Something that thousands of Scots wanted to be wonderful or merely just to witness has disappeared. The anticlimax will be cruel and crushing. For others, the majority, there will be thankfulness above all but uneasiness too. Thursday’s vote exposed a Scotland divided down the middle and against itself. Healing that hurt will not be easy or quick. It’s time to put away all flags.
The immediate political question now suddenly moves to London. Gordon Brown promised last week that work will start on Friday on drawing up the terms of a new devolution settlement. That may be a promise too far after the red-eyed adrenalin-pumping exhaustion of the past few days. But the deal needs to be on the table by the end of next month. It will not be easy to reconcile all the interests – Scots, English, Welsh, Northern Irish and local. But it is an epochal opportunity. The plan, like the banks, is too big to fail.
Alex Salmond and the SNP are not going anywhere. They will still govern Scotland until 2016. There will be speculation about Salmond’s position, and the SNP will need to decide whether to run in 2016 on a second referendum pledge. More immediately, the SNP will have to decide whether to go all-out win to more Westminster seats in the 2015 general election, in order to hold the next government’s feet to the fire over the promised devo-max settlement. Independence campaigners will feel gutted this morning. But they came within a whisker of ending the United Kingdom on Thursday. One day, perhaps soon, they will surely be back.
(Artículo de Martin Kettle, publicado en "The Guardian" el 19 de septiembre de 2014)
11 comentarios:
Os veo cada día más firmes en vuestras iniciativas. Animo.
Me parece un acierto atacar aquello que es visible, como unas Oficinas aparecidas en el boletín oficial, sin ningún tipo de rubor, contradiciendo lo que establece la ley en cuestión de organización.
Y me parece un acierto, porque creo que todo lo que aparece en el boa no es sino la punta del iceberg de lo que existe sumergido en este proceloso mar de los intereses políticos y económicos.
Quien no ve la punta del iceberg y la afronta con energía, está condenado irremisiblemente al naufragio de todo pensamiento honesto en la función pública.
No sé si procede aquí este comentario, o si se trata siquiera de un comentario, pero me gustaría saber qué hay que hacer para poder participar en la actividad de un grupo de trabajo. a mí en concreto me gustaría estar en relación con el de Etica Pública.
Soy partidario de que estas cartas, o las informaciones que hagan referencia a ellas se remitan a la prensa en forma de notas informativas. E igualmente a los partidos políticos y al Justicia (aunque a este último sólo sea a título informativo sin instar necesariamente su actuación, salvo la que él por propia iniciativa considere oportuna).
También sería conveniente tratar de conocer el coste de esas iniciativas del Gobierno. Cuánto cuestan las dependencias y el personal asignado.
Vi una reseña de esta iniciativa en la prensa gratuita de ayer, pero me sorprende el silencio que sobre ello mantienen otros medios.
¿Es necesario que os conteste el gobierno? ¿Funciona el silencio administrativo?
Si se ha formulado el escrito como ejercicio del derecho de petición, los Consejeros deberán acusar recibo del escrito. Es penoso que eso no lo hagan con cualquier escrito, y mucho más si se trata de una Asociación de funcionarios.
Estoy casi convencido de que ni siquiera cumplirán con el deber u obligación de acusar recibo del escrito de petición, en parte por desconocimiento y en parte por el estilo que les caracteriza.
Dice el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición, que la administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción.
Por el momento, ninguno de los Consejeros a los que se ha dirigido el escrito de petición ha efectuado acuse de recibo.
¿Qué plazo de cortesía corresponde concederles, antes de remitir dicho incumplimiento legal ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón? Y, posteriormente, cuando no informen ni a uno ni a otro, ¿qué ejercicio de paciencia realizar?
Retomaremos la oratoria de Cicerón, adaptada al caso, para preguntarles hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia como ciudadanos de la democracia.
Los responsables políticos que no están dispuestos a rendir cuentas de sus actuaciones a los ciudadanos no deberían ejercer más responsabilidades políticas.
Ese principio democrático lograremos imponerlo tarde o temprano, porque lo otro no es sino pretender gobernar de forma autoritaria y degradar todas las instituciones del Estado de Derecho y de la democracia.
¿Imponerlo? Ese verbo no queda muy bien que digamos.
Totalmente de acuerdo, cuando se dice imponerlo desde fuera del poder quiere uno decir lograr que se respete.
Publicar un comentario