jueves, 19 de abril de 2007

LA ASOCIACIÓN PIDE AL GOBIERNO QUE REVISE LA CREACIÓN DE DETERMINADAS OFICINAS PÚBLICAS

LA ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ARAGONESA PIDE AL GOBIERNO DE ARAGÓN QUE REVISE LA CREACIÓN DE DETERMINADAS OFICINAS PÚBLICAS.


Zaragoza, 18 de abril de 2007.
La Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa se ha dirigido por escrito a los Consejeros de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo para solicitarles que revisen la creación de la Oficina del Cambio Climático, del Departamento de Medio Ambiente, y la Oficina de Cooperación al Desarrollo, la Oficina para la Inmigración y la Oficina Económica de Seguimiento de la Exposición Internacional Zaragoza 2008, todas ellas del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, al entender que la creación de las mismas no se ajusta a las normas de organización de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La Asociación señala que las Oficinas correspondientes al Departamento de Economía, Hacienda y Empleo figuran en la estructura de dicho Departamento como órganos de asistencia directa al Consejero y están dirigidas por personal eventual –personas de confianza política del Consejero-, contradiciendo lo establecido por la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en cuyo artículo 20 se establece, de forma rigurosa, que los únicos órganos de asistencia directa de los Consejeros son su Gabinete y su Secretaría particular, sin que pueda existir otro personal eventual que el previsto para ambos órganos.

Asimismo, la Asociación pone de manifiesto que la creación de la Oficina del Cambio Climático, impulsada por el Consejero de Medio Ambiente, se ha producido al margen del procedimiento legal establecido, sin norma que habilite su creación y eludiendo las competencias organizativas que legalmente corresponden a los Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales y de Economía, Hacienda y Empleo.

Las cuatro Oficinas citadas son un ejemplo de la tendencia del actual Gobierno de Aragón de dotarse de estructuras organizativas –entidades de derecho público, empresas públicas, fundaciones, etc- en las que sea posible eludir la presencia de funcionarios públicos y sus estrictos mecanismos de selección.

11 comentarios:

Anónimo dijo...

Os veo cada día más firmes en vuestras iniciativas. Animo.

Anónimo dijo...

Me parece un acierto atacar aquello que es visible, como unas Oficinas aparecidas en el boletín oficial, sin ningún tipo de rubor, contradiciendo lo que establece la ley en cuestión de organización.

Y me parece un acierto, porque creo que todo lo que aparece en el boa no es sino la punta del iceberg de lo que existe sumergido en este proceloso mar de los intereses políticos y económicos.

Quien no ve la punta del iceberg y la afronta con energía, está condenado irremisiblemente al naufragio de todo pensamiento honesto en la función pública.

Anónimo dijo...

No sé si procede aquí este comentario, o si se trata siquiera de un comentario, pero me gustaría saber qué hay que hacer para poder participar en la actividad de un grupo de trabajo. a mí en concreto me gustaría estar en relación con el de Etica Pública.

Anónimo dijo...

Soy partidario de que estas cartas, o las informaciones que hagan referencia a ellas se remitan a la prensa en forma de notas informativas. E igualmente a los partidos políticos y al Justicia (aunque a este último sólo sea a título informativo sin instar necesariamente su actuación, salvo la que él por propia iniciativa considere oportuna).

También sería conveniente tratar de conocer el coste de esas iniciativas del Gobierno. Cuánto cuestan las dependencias y el personal asignado.

Anónimo dijo...

Vi una reseña de esta iniciativa en la prensa gratuita de ayer, pero me sorprende el silencio que sobre ello mantienen otros medios.

Anónimo dijo...

¿Es necesario que os conteste el gobierno? ¿Funciona el silencio administrativo?

Anónimo dijo...

Si se ha formulado el escrito como ejercicio del derecho de petición, los Consejeros deberán acusar recibo del escrito. Es penoso que eso no lo hagan con cualquier escrito, y mucho más si se trata de una Asociación de funcionarios.

Anónimo dijo...

Estoy casi convencido de que ni siquiera cumplirán con el deber u obligación de acusar recibo del escrito de petición, en parte por desconocimiento y en parte por el estilo que les caracteriza.

Anónimo dijo...

Dice el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 4/2001, reguladora del derecho de petición, que la administración, institución pública o autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de los diez días siguientes a su recepción.

Por el momento, ninguno de los Consejeros a los que se ha dirigido el escrito de petición ha efectuado acuse de recibo.

¿Qué plazo de cortesía corresponde concederles, antes de remitir dicho incumplimiento legal ante el Defensor del Pueblo y el Justicia de Aragón? Y, posteriormente, cuando no informen ni a uno ni a otro, ¿qué ejercicio de paciencia realizar?

Retomaremos la oratoria de Cicerón, adaptada al caso, para preguntarles hasta cuándo abusarán de nuestra paciencia como ciudadanos de la democracia.

Los responsables políticos que no están dispuestos a rendir cuentas de sus actuaciones a los ciudadanos no deberían ejercer más responsabilidades políticas.

Ese principio democrático lograremos imponerlo tarde o temprano, porque lo otro no es sino pretender gobernar de forma autoritaria y degradar todas las instituciones del Estado de Derecho y de la democracia.

Anónimo dijo...

¿Imponerlo? Ese verbo no queda muy bien que digamos.

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo, cuando se dice imponerlo desde fuera del poder quiere uno decir lograr que se respete.