UN GOBIERNO QUE NO RESPONDE.

El actual Gobierno de Aragón, presidido por Javier Lambán, no ha sido capaz hasta el momento de dar respuesta a ninguna de las peticiones realizadas por parte de esta Asociación, en ejercicio del derecho de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución Española, desde la inicial petición dirigida a la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, el pasado mes de agosto de 2015, al poco de constituirse el nuevo Gobierno, en la que solicitábamos que impartiera las instrucciones oportunas para que se diese cumplimiento al requerimiento realizada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón para incluir 150 plazas del Cuerpo de Maestros en una oferta complementaria  a la de 2011, al entender el Tribunal que la ejecución de la sentencia de 10 de febrero de 2012, relativa a la Oferta de Empleo Público de 2011, en la forma en que había sido efectuada por el Ejecutivo autonómico, no había justificado de manera suficiente la inclusión de todas las plazas ocupadas por funcionarios interinos, concluyendo la necesidad de incorporar 150 plazas más del Cuerpo de Maestros.

Recientemente, en la prensa aragonesa se informaba de la preparación de una oferta de empleo público de personal docente no universitario, en la que se incluirían, entre otras, las citadas 150 plazas del Cuerpo de Maestros. La ejecución de la sentencia exigía la aprobación de una oferta adicional a la Oferta de 2011 y no su inclusión en la Oferta de 2016, pero no vamos a discutir a estas alturas este incumplimiento formal en que se incurre por parte del Gobierno de Aragón. Lo que no estamos dispuestos a admitir, sin embargo, es que los miembros del Gobierno de Aragón desconozcan el derecho de petición ejercido por esta Asociación, y consideren que están exentos de la obligación de contestar dentro del plazo que marca la Ley reguladora del Derecho de Petición.

El discurso sobre transparencia, participación y regeneración, del que tanto se viene abusando por los responsables políticos en los últimos años, en una operación que más tiene que ver con el marketing que con la superación de los hábitos de opacidad y oscurantismo que han caracterizado en muchas ocasiones la acción pública -creando con ello el contexto propicio para abusos e irregularidades-, ese discurso pierde toda su credibilidad si un derecho fundamental amparado por la Constitución ejercido por los ciudadanos, como es el derecho de petición, es lisa y llanamente despreciado por las autoridades públicas.

El Gobierno de Aragón no deja de actuar sobre la cuestión planteada –dando satisfacción o no al contenido de la petición formulada-, pero hasta ahora en ninguno de los supuestos planteados –de momento, ante el Presidente del Gobierno de Aragón y ante tres Consejeros- se ha dado respuesta alguna, ni se ha notificado el preceptivo acuse de recibo que establece la Ley. Cuesta creer que tal forma de actuar sea casual y únicamente fruto de la desidia de los diferentes responsables administrativos. Parece más bien una deliberada actitud de ninguneo, cuyas motivaciones no acertamos a sospechar siquiera, pues una conducta tan contraria a las reglas del Estado de Derecho resulta inconcebible, y carece de justificación válida.

Pero frente a tal actitud no cabe más que reclamar el respeto al ordenamiento jurídico, algo que lamentablemente no es la primera vez que nos vemos obligados a exigir del Gobierno de Aragón. Más bien parece una constante, a la que nos vemos obligados durante los ya nueve años de actividad que acumula esta Asociación. Los derechos fundamentales son facultades de los ciudadanos que los poderes públicos han de garantizar, y hacer lo contrario es un comportamiento de particular gravedad en un Estado de Derecho como el establecido por nuestra Constitución. 

Comportamientos como los de los miembros del Gobierno de Aragón no debieran, por lo tanto, quedar sin sanción, jurídica y política. Algo que esta Asociación deberá procurar a través de las instancias establecidas para ello, aunque los mecanismos de control se muestren remisos a corregir las violaciones de derechos fundamentales en que incurre el poder político, agravando con ello aún más las deficiencias de funcionamiento de nuestro sistema institucional. Pero lo que nunca nos podrá achacar nadie es que, por falta de confianza en los órganos de control, dejemos de ejercer nuestros derechos fundamentales y de reclamar su respeto. El día que lo hiciéramos habríamos contribuido al desistimiento moral ciudadano, incumpliendo el deber cívico de reaccionar contra todo abuso de poder.