lunes, 25 de enero de 2016

¿DÓNDE ESTÁ LA REGENERACIÓN PROMETIDA?



Después del primer semestre de recorrido del nuevo Gobierno de Aragón, presidido por el socialista Javier Lambán, cabe constatar la absoluta falta de medidas para impulsar una real regeneración de la función pública y del conjunto de las instituciones.

Prosigue la utilización de los puestos públicos para conceder favores políticos –mediante la fraudulenta utilización del contrato de alta dirección-, prosigue el uso y abuso de la libre designación para la provisión de puestos de responsabilidad administrativa –ni siquiera en el ámbito de la Intervención General se ha querido dar una señal para corregir dicha fórmula discrecional de provisión de puestos-, prosigue el abusivo empleo del préstamo de trabajadores para el desempeño de funciones administrativas mediante personal de empresas públicas –fundamentalmente en el área de agricultura y medio ambiente-, se constata la incapacidad para eliminar el complemento de alto cargo que se reconoce a funcionarios por desempeñar funciones fuera de su ámbito profesional, y lo que es el peor signo de todos, se sigue sin dar señales inequívocas del debido respeto a la legalidad, ya sea en el tratamiento del derecho de petición ejercido ante los miembros del Gobierno de Aragón, ya sea en la garantía del derecho de acceso a la función pública.

Se nos podrá alegar que las medidas están previstas y que aún es pronto para valorar la acción del actual Gobierno, pero a ello hay que responder que el respeto a la legalidad y el restablecimiento de los derechos fundamentales reiteradamente conculcados –como ha ocurrido en materia de oferta de empleo público- debe adoptarse desde el primer día de la legislatura. No cabe admitir prórroga alguna a las numerosas irregularidades existentes.

Desde esta Asociación hemos concedido un margen más que suficiente para observar las posibles señales emitidas por el nuevo Gobierno, y esas señales no pueden ser más decepcionantes, una vez visto lo sucedido con el complemento de alto cargo y la falta de voluntad de restablecer el pleno respeto al derecho de acceso a la función pública, como se evidencia con la actitud ante la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón sobre la Oferta de Empleo Público de 2015.

En lugar de aceptar una sentencia modélica, que prima la garantía del derecho de acceso sobre la pretendida contención del gasto público que establecen las tasas de reposición de efectivos, cuyo resultado no supone ahorro ninguno sino deterioro creciente de la función pública por los cada vez más elevados niveles de temporalidad, el Gobierno de Aragón, a través de sus servicios jurídicos, ha impugnado ante el Tribunal Supremo dicha sentencia, para procurar su anulación, lo cual significa procurar la negación del derecho de acceso de los ciudadanos a la función pública que establece la Constitución. No cabe imaginar un mensaje peor por parte de un Gobierno, que el de emplear recursos públicos no para asegurar y ampliar derechos sino para cercenarlos y, con ello, proseguir con el deterioro de la función pública. Tal decisión resulta particularmente reveladora al coincidir con el mantenimiento del régimen de consolidación del complemento de alto cargo de los funcionarios que ejercen altos cargos –de designación política- en la Administración. Se mantienen los privilegios injustificados y se combaten los derechos fundamentales. Esto se encuentra, sencillamente, en las antípodas de un programa regenerador, y nos revela y muestra el verdadero perfil del programa de este Gobierno en materia de función pública.

Con ello, esta Asociación vuelve a encontrarse claramente en posición crítica frente al programa del Gobierno de Aragón –al igual que en anteriores legislaturas, con independencia del signo político del Ejecutivo-, al carecer el nuevo equipo de gobierno de verdadera voluntad regeneradora y de compromiso real con la legalidad constitucional y administrativa. Consecuentemente, promoveremos todas aquellas medidas a nuestro alcance para denunciar el actual estado de cosas y la deriva provocada por las decisiones y omisiones del Ejecutivo de Javier Lambán.

4 comentarios:

Anónimo dijo...


Hola,


Trabajo en la administración local valenciana. Sigo desde hace tiempo la actividad llevada a cabo por esta asociación en defensa de la función pública y en contra de que mediante leyes españolas y acciones de las instituciones, se vulneren los derechos fundamentales así como las Directivas europeas.

Creo que estáis haciendo una labor estupenda y os doy la enhorabuena por ello. Ojalá en la Comunidad Valenciana existiese una asociación así!


He estado leyendo los estatutos de la asociación, y como es lógico, parece que los funcionarios de otras Comunidades Autónomas no podríamos ser socios de la misma. Mi pregunta es si hay alguna manera de formar parte de la asociación, y si en caso de no poder pagar la cuota anual al no ser socio, pudiera pagarla como donación para apoyar las acciones judiciales que promovéis, ya que los resultados nos benefician a todos, y no sólo a los funcionarios aragoneses.

Anónimo dijo...


Este mensaje es un verdadero toque de atención a los funcionarios de la administración aragonesa, que miran con lejanía o desdén el trabajo de esa asociación. Curiosa paradoja!

Anónimo dijo...

Volvamos al ámbito de la Corona de Aragón ...al menos.

Anónimo dijo...

Los funcionarios aragoneses aguantamos como podemos. Sintiendo verguenza, muchas veces, de pertener a una Administración como ésta. Donde el clientelismo está instalado. En empresas que pagamos todos los aragoneses, donde cada vez son menos los funcionarios y nos arrinconan. Mientras tanto el personal de la "empresa" (incluidos interinos), si es dócil, está a cuerpo de rey. Donde el trabajo bien hecho no importa nada. Lo único que importa es que alabes la gestión de la "empresa", entonces tienes reconocimiento.